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Exteriores ultima una ley que veta a las autonomías la firma de tratados

El Gobierno revisará los convenios internacionales de las comunidades

José Manuel García-Margallo, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
José Manuel García-Margallo, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior (LAESE), un texto que pretende “poner orden” en el despliegue de las administraciones públicas en el extranjero, en palabras del ministro José Manuel García-Margallo.

Aunque el jefe de la diplomacia española lleva ocho meses y casi 40 borradores peleando por sus compañeros de Gabinete para sacar adelante una reforma que se atragantó a todos sus antecesores, a la ley le queda aún un largo camino por recorrer. El texto se someterá ahora a un “trámite de audiencia” en el que se consultará su contenido, y se recogerán las sugerencias, de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos, las asociaciones profesionales, el Consejo General del Poder Judicial y un largo etcétera, además del preceptivo informe del Consejo de Estado. Si no hay contratiempos, el proyecto de ley debe llegar a las Cortes antes del verano y publicarse en el BOE antes de que acabe el año.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja ya en una ley cuya aprobación está prevista en una de las disposiciones de la LAESE: la Ley de Tratados. El objetivo de esta norma, que desarrollará el Capítulo III de la Constitución, es adaptar la legislación española a los cambios en el derecho internacional y delimitar el campo de competencias del Estado tanto hacia arriba (Unión Europea) como hacia abajo (comunidades autónomas).

La propia LAESE ya deja claro que es competencia exclusiva del Gobierno “la negociación, firma y aplicación provisional de los tratados internacionales”, antes de su remisión a las Cortes. Y agrega que las autonomías no pueden “celebrar tratados internacionales con otros Estados u organismos internacionales”, ni tampoco “generar obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado”.

Ahora bien, entre 1990 y 2010, según datos de Exteriores, las comunidades autónomas suscribieron 277 memorandos de entendimiento sobre las más variadas materias con Estados, regiones u organismos internacionales. Más del 90% de estos (254) se suscribieron en los últimos seis años de dicho periodo, lo que refleja la creciente actividad exterior de las comunidades autónomas; en especial de Andalucía, Cataluña y Galicia.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.

A ello hay que sumar los convenios de cooperación transfronteriza entre regiones vecinas de España con Francia y Portugal, que suman 24 entre 2008 y 2011. Estos últimos convenios están sujetos a un decreto de 1997 que exige la autorización previa por parte del Estado, su registro en Administraciones Públicas y su publicación en el BOE antes de que puedan entrar en vigor.

La LAESE pretende, hasta cierto punto, generalizar esta fórmula al exigir que el Ministerio de Exteriores informe, con carácter previo, todos “los acuerdos, cualquiera que sea su denominación y contenido, que las comunidades autónomas y las entidades locales pretendan celebrar con autoridades y organismos extranjeros e internacionales, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo previsto en esta ley”. Es decir, que se ciñen a su ámbito de competencias y no invade las del Estado.

En sentido contrario, la futura Ley de Tratados deberá tener en cuenta que algunas competencias han sido transferidas por España a la UE; que, por ejemplo, negocia en nombre de sus 27 socios todos los acuerdos en materia de comercio con terceros países. En ocasiones, ambos planos, se mezclan. Fuentes diplomáticas recuerdan cómo se tuvo que abortar el intento de dos Gobiernos autonómicos de negociar sendos acuerdos de inmigración con Marruecos y pesca con Mauritania, ante las protestas de la propia Comisión Europea.

Para evitar estos problemas, y otros, la LAESE prevé la posibilidad de que personal diplomático preste servicio en las comunidades autónomas, aunque no aclara quién le pagará. Como dice el refrán: quien paga manda.