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Los expertos ven insuficiente que los políticos muestren su declaración de renta

Los expertos reclaman que un órgano independiente audite las cuentas de los políticas

El PP recela de incluir plenamente a los partidos en la Ley de Transparencia

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la impulsora de la Ley de Transparencia.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la impulsora de la Ley de Transparencia.

El “y tú más” va camino de convertirse en “y yo más” con la carrera que, a través de gestos, están protagonizando los partidos políticos en pro de la transparencia y contra la corrupción, temas que saldrán a la palestra en el debate sobre el estado de la nación. Empezando por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidentes autonómicos, diputados y numerosos cargos de todos los ámbitos se han apresurado a hacer públicas sus declaraciones de la renta y del patrimonio como exhibición de su apuesta firme contra las corruptelas.

Sin embargo, los expertos coinciden en moderar el valor de estos gestos y aseguran que lo realmente importante es la decisión de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia. “Esa sí sería la buena noticia”, asegura el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano. “En otros países, la publicación de las declaraciones afecta hasta a los funcionarios”, señala el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria. “La corrupción no se evita con la publicación de las declaraciones de renta”, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info, dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información.

Todos coinciden en destacar la ambigüedad de las palabras de Mariano Rajoy, cuando anunció que promoverá que “los criterios” de la Ley de Transparencia se apliquen a los partidos. Con ellas demostró que el PP recela de someter completamente a los partidos a la nueva norma ya que, de ser así, las formaciones políticas no solo estarían afectadas por la transparencia (publicación de cuentas, contratos, retribuciones, etcétera), sino también por el apartado de acceso a la información, con lo que cualquier ciudadano podría solicitar documentación, igual que en el caso de la Administración. Sin embargo, existe un símil, el de las sociedades mercantiles que, cuando cuentan con más de un 50% de capital público, están afectadas por esta norma. En el caso de los partidos, las subvenciones rondan el 80% de sus fondos.

Pero lo más probable, ya que el PSOE también estudia un régimen especial, es que los partidos no sean incluidos de pleno sino parcialmente, con lo que el destape no será integral y, posiblemente, se quede fuera tanto el acceso a la información como la publicación de los nombres de quienes realizan las donaciones que, desde 2007, no pueden ser anónimas.

Respecto al desnudo de las cuentas de los políticos, los expertos coinciden en que debería hacerse con un patrón, de una forma homogénea y sin dejarlo a merced del voluntarismo de cada uno. Y destacan la necesidad de crear órganos independientes que verifiquen la información. “Nos daría igual saber cuánto gana un cargo si tuviéramos la certeza de que existe un órgano revisor independiente que va a certificar que sus declaraciones son correctas”, afirma Anderica.

Actualmente, los diputados presentan sus declaraciones de bienes y actividades al inicio de la legislatura. Hasta 2011 estas declaraciones se entregaban a la cámara, pero no eran públicas. Si hay variaciones a lo largo del mandato, se han de comunicar los cambios. Pero el Congreso hace de mero “registrador de documentos”. Ni certifica que son veraces ni hace comparativas de, por ejemplo, el patrimonio de los diputados para determinar si ha habido algún tipo de enriquecimiento inusual o no acorde a los bienes declarados.

Rajoy se guarda las medidas contra la corrupción como un ‘as’ para el debate

El debate sobre el estado de la nación tratará la propuesta socialista de que cada Administración o institución señale “el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, así como de verificar la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de bienes patrimoniales y los contenidos en la declaración anual de IRPF”. Rajoy, como respuesta, se guarda las conclusiones del informe del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales encargado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también impulsora de la ley de Transparencia.

El encargo especificaba un conjunto de medidas contra la corrupción que podrían ser incluidas en la propia ley o derivar en una nueva reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, incluso, de la Ley de Financiación de partidos, pese a que fue modificada hace apenas dos meses tras el consenso alcanzado entre el PP y el PSOE. Los cambios introdujeron más limitaciones y control sobre las formaciones políticas, pero la fiscalización y el conocimiento de sus contabilidades siguen recayendo exclusivamente en el Tribunal de Cuentas, sobre el que el Supremo ha advertido de su politización.

“En países en los que están incluidos los partidos, se han creado agencias que los auditan”, señala el presidente de Transparencia Internacional que destaca que, al menos, “existe un avance”. “Es triste que esté costando tantas tensiones, pero algo vamos adelantado”, sostiene también Manuel Villoria.

La coordinadora de campañas de Access Info recuerda que el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ya advirtió en 2009 de que “los partidos políticos en España no están sometidos a las normas que regulan el acceso libre a la información. Por lo tanto, la información económica detallada no es pública (a excepción de la incluida en el informe anual sobre la financiación del partido, que publica el Tribunal de Cuentas)”. Dos años después, otro informe del mismo órgano constató que España solo había seguido cinco de las quince recomendaciones hechas en 2009 y que los partidos no daban muestras de someterse a una vigilancia exhaustiva de sus cuentas.

Los ‘lobbies’ quieren ser transparentes

Los lobbiesson grupos de interés que hacen de mediadores entre las organizaciones que representan y los representantes de las instituciones. Ocupan parte de las agendas de los políticos, “y tanto que funcionan en España”, asegura el catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria. Sin embargo, apenas se sabe nada de ellos porque no están regulados, ni inscritos en registro alguno, ni sometidos a control o publicidad.

La presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, que aglutina al colectivo lobista, ha reclamado la inclusión de estos grupos en la ley de Transparencia. Considera “urgente” que se regule su funcionamiento para prevenir la corrupción y dar seguridad a los cargos públicos que mantienen contactos con estos colectivos.

Rontodo, en la comisión en la que se debate la ley, argumentó que la regulación “proporciona garantías y seguridad a los parlamentarios y cargos públicos, que sabiendo que están hablando con un lobista profesional obligado a un Código de Conducta, conocen las reglas a las que el diálogo está sometido, saben a quién reciben y conocen los instrumentos de control a su alcance en caso de vulneración de dichas normas”.

Este sometimiento implicaría que los cargos públicos que tuvieran reuniones con estos grupos tuvieran que hacer públicas sus agendas, algo que las formaciones mayoritarias miran con recelo.

Sin embargo, Rotondo expuso como ejemplo el modelo europeo, que incluye un registro de lobistas, y que “ha hecho más difícil las puertas traseras, ha introducido normas claras aplicables a los eurodiputados, así como un código de conducta y reglas concretas de acceso a la información”.