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Hacienda envía a los jueces expedientes de la amnistía fiscal

La Agencia Tributaria amenaza a los inspectores por criticar la Declaración Tributaria Especial

Jesús Sérvulo González
Beatriz Viana, directora general de la Agencia Tributaria
Beatriz Viana, directora general de la Agencia TributariaEFE

El Ministerio de Hacienda ha presionado con dureza a los inspectores fiscales por mostrar su oposición a la amnistía fiscal y afirmar que esta puede servir para blanquear capitales obtenidos ilícitamente, según varios inspectores consultados. Hacienda llegó a sugerir en un comunicado que llevaría a los tribunales al presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, por censurar los agujeros de la amnistía fiscal.

Los inspectores alertaron de que la regularización fiscal extraordinaria podría tapar delitos a raíz de conocerse que el extesorero del PP Luis Bárcenas, imputado por su supuesta participación en el caso Gürtel, había utilizado la amnistía fiscal para blanquear 11 millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza a través de la sociedad de la que era titular, Tesedul.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, había proclamado unos días antes en el Congreso que “la regularización no encubre el delito”. Por lo que la posición de los inspectores defendiendo lo contrario le dejaba en mal lugar. El ministro, además, añadió que “ninguna persona que tenga abierto un procedimiento de regularización en vía administrativa o en vía judicial podría evitar la consecuencia de estos procesos con la presentación de la Declaración Tributaria Especial”.

Los inspectores aseguran que en toda la legislación que regula la amnistía tributaria no hay ninguna limitación para contribuyentes que se encuentren en un proceso judicial, aunque sí para casos de inspección fiscal.

Por eso, la Agencia Tributaria emitió un severo comunicado contra la Organización de Inspectores de Hacienda, mayoritaria en el sector, exigiendo una rectificación a las declaraciones de su presidente, en El Periódico de Cataluña, donde aseguraba que la regularización permite encubrir delitos. El pasado miércoles se celebró una tensa reunión entre la dirección de la Agencia Tributaria y los inspectores. Los responsables del fisco presionaron a los técnicos para que recondujeran sus opiniones.

Jueces de la Audiencia Nacional piden más medios contra la corrupción

Tras el encuentro, los inspectores redactaron un comunicado bajando el tono de sus críticas y precisando su postura: “La Declaración Tributaria Especial (DTE) no permite legalmente regularizar rentas procedentes de actividades ilícitas. Lo que IHE ha querido poner de manifiesto de forma insistente es su preocupación por la posibilidad de que alguien no tenga derecho a acogerse a dicho proceso, pretenda utilizarlo de forma indebida”. A cambio, arrancaron el compromiso de Hacienda para poder investigar a los contribuyentes que presentaron la declaración especial.

Los inspectores se quejan de que no pueden acceder a los expedientes de la amnistía para comprobar la veracidad de los datos sin tener que solicitar permiso a instancias superiores. Además, existe un intenso debate en el sector sobre los efectos jurídicos de la regularización fiscal extraordinaria, ya que mientras estuvo en vigor el Gobierno se esforzó en dictar normas para proteger a los que se acogieran a ella.

Para despejar dudas, la directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Beatriz Viana, aseguró ayer que ha remitido en los últimos días información sobre algunas de las Declaraciones Tributarias Especial (DTE) a las autoridades judiciales. “Hay alguna situación de colaboración con los órganos de blanqueo de capitales y jueces y tribunales”, aseguró la responsable de la Agencia Tributaria tras participar en unas jornadas sobre las novedades tributarias de 2013, organizado por PwC. “Con toda la información que disponemos se realizan todos los análisis oportunos cuando se detectan perfiles de riesgo y siempre que se tiene conocimiento de una actuación irregular se remite a los jueces y tribunales, además de colaborar en vía previa con las autoridades de blanqueo de capitales”.

Preguntada sobre si entre los expedientes remitidos a los jueces están los del extesorero del PP, Luis Bárcenas, Viana rechazó precisarlo, aduciendo que “la Agencia nunca da información de las actuaciones que sigue sobre los obligados tributarios”.

Por otra parte, los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han reclamado por escrito más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción. En un comunicado emitido ayer solicitan más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y los vinculados con la corrupción. Los magistrados explican que realizan esta demanda para hacer frente a las causas de gran relevancia y complejidad en las que está presente la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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