El instructor del ‘caso ERE’ abandona el juzgado tras siete años de pesquisas
La juez de familia María Elena Pérez sustituirá a José Ignacio Vilaplana, con la mayoría de piezas de la macrocausa ya elevadas a la Audiencia para su juicio
El juez instructor José Ignacio Vilaplana abandonará en breve el juzgado del caso de los ERE fraudulentos tras siete años de investigación en los que ha pisado el acelerador de la macrocausa, hasta elevar la mayoría de sus piezas a la Audiencia de Sevilla. Vilaplana se puso al frente de las 133 piezas de los ERE en 2019 y ahora deja 76 procedimientos elevados a la Audiencia y 57 aún con las pesquisas abiertas y otros en fase intermedia. El magistrado se marcha al Juzgado de lo Penal 2 de Córdoba y será sustituido por la juez de familia María Elena Pérez, que a partir de ahora estará al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
La comisión permanente del Poder Judicial ha ratificado para el próximo 4 de mayo el traslado de Vilaplana al juzgado cordobés, donde ahora celebrará juicios penales, y la llegada de María Elena Pérez Caro como titular del juzgado de los ERE, donde sustituirá a María Núñez, que ascendió a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Tanto Vilaplana como Pérez han solicitado una prórroga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder hacer el proceloso traspaso de la macrocausa, iniciada hace 15 años por la magistrada Mercedes Alaya, según informan fuentes jurídicas.
Ahora Pérez, que proviene del Juzgado 2 de Familia, Infancia y Capacidad de Sevilla, deberá decidir si solicita un magistrado de refuerzo para tramitar el caso ERE tras la salida de Vilaplana, o si asume esta investigación además de los asuntos que por reparto correspondan al juzgado. Vilaplana lleva una década en comisión de servicio y si finalmente Pérez considera que la carga de trabajo es excesiva, solicitará al Poder Judicial que le conceda un refuerzo para este juzgado con cientos de causas de diversa índole en instrucción.
Todo lo que rodea al Juzgado 6 de Instrucción sevillano se mira con lupa, ya que el destino procesal de algunos ex altos cargos de la Junta andaluza y relevantes empresarios de la comunidad está en sus manos. Sin embargo, cada vez menos, porque el tamaño descomunal de la macrocausa ha menguado al dilucidarse las piezas poco a poco, tras 29 juicios celebrados. Con las pesquisas de la Guardia Civil muy avanzadas en numerosos casos, Vilaplana ha continuado la línea más estricta de Alaya respecto a los delitos achacados a los investigados, tanto los concedentes ―políticos y técnicos― como los empresarios, organismos y ayuntamientos beneficiados con el fondo de subvenciones sociolaborales por 680 millones dotado por el Gobierno andaluz entre 2001 y 2009.
La nueva magistrada Pérez se encuentra un panorama mucho más despejado que cuando Vilaplana aterrizó en el juzgado en 2016 y cuando asumió los ERE en 2019, debido a los problemas de salud de Núñez. De las 133 piezas separadas que acumula la macrocausa, en el juzgado restan 57 procedimientos, de los que 36 están en fase de instrucción de diligencias previas y 21 están ya en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Mientras, 76 procedimientos han sido elevados a la Audiencia de Sevilla para enjuiciarse, de los que 29 ya cuentan con sentencias condenatorias y absolutorias, entre ellos la pieza política, las empresas Acyco y Siemens, o el Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla), informa el Tribunal Superior de Justicia andaluz.
En la más reciente de ellas, hace un mes, el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera resultó absuelto en la pieza de la empresa Instaladora Moderna de Electricidad, al no quedar acreditado que conociera las irregularidades en la concesión de las ayudas públicas en 2005. Mientras, cuatro piezas están pendientes de fallo tras celebrarse la vista oral: el que afecta al tándem de empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, Consyproan, Fabricantes de Encimeras y Tioxide Europe.
Todas estas piezas separadas forman parte del conjunto en que se dividió la macrocausa para poder hacerla manejable, dada la diversa casuística que tenían las 133 ayudas sociolaborales investigadas por la justicia. Entre todas sobresale la pieza política, que conllevó la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos socialistas por prevaricación y malversación en 2019 en la Audiencia de Sevilla y tres años más tarde en el Tribunal Supremo. Los jueces de ambas instancias consideraron que la antigua cúpula de la Junta intervino para que se aprobaran subvenciones millonarias eludiendo el control previo de la Intervención General. Sin embargo, hace dos años el Tribunal Constitucional dio un vuelco mayúsculo al tumbar la tesis del Supremo y conceder amparo a 10 exdirigentes de la Junta.
La pieza política, cuya interpretación afecta al resto de decenas de piezas porque en ella se enjuicia el sistema diseñado para otorgarlas desde la Junta, está pendiente de su resolución final pese al pronunciamiento tajante del órgano de garantías. Después de la notoria rebaja de condenas del Constitucional, los jueces de la Audiencia se saltaron el guion y, tras pedirlo el PP como acusación particular, rechazaron su orden y elevaron el proceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que se pronuncie al respecto.
Mientras que los jueces de Luxemburgo estudian el fondo del complejo asunto, esta semana la Comisión Europea se ha alineado con las tesis de las defensas, al considerar que el TJUE es “manifiestamente incompetente” para pronunciarse sobre la anulación de las condenas por parte del Constitucional. Bruselas considera que no existe vínculo directo del caso con el presupuesto comunitario y que, por tanto, el asunto escapa a la aplicación de los tratados europeos, al contrario que la tesis que defiende el PP y que asumieron los magistrados de la Audiencia sevillana para rechazar redactar de nuevo su sentencia original del caso.
