El euro de la discordia

Ha sido una de las medidas más controvertidas desde que las autonomías lo anunciaron, y pese a que la necesidad de ingresos es una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo, Mariano Rajoy no se ha planteado implantar el euro por receta. Es más, lo ha recurrido —hasta el momento con éxito— en Cataluña y Madrid, las dos comunidades autónomas donde se ha aplicado. El Ejecutivo, que sí introdujo el copago sanitario tras haberlo rechazado en numerosas intervenciones, cree que el euro por receta vulnera las competencias exclusivas del Estado y quiebra la igualdad entre los españoles. La medida sería, pues, contraria a la Constitución a ojos del Gobierno. El Tribunal Constitucional lo sospecha también y ha admitido a trámite los recursos del Gobierno. Esta admisión lleva aparejada la suspensión cautelar de la medida hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo, en un máximo de cinco meses.

Cataluña

Cataluña comenzó a cobrar el euro por receta en junio del año pasado. La tasa gravó con un euro todo medicamento expedido con receta y con un coste superior a 1,67 euros (con un límite de 62 euros anuales por ciudadano y no aplicable a los que perciben una pensión no contributiva o la Renta Mínima de Inserción). La Generalitat (CiU) pretendía ingresar 100 millones de euros en las maltrechas arcas catalanas.

Usuarios y farmacéuticos no tardaron en cargar contra la decisión. Estos últimos acusaron al Gobierno de Mas de convertirlos en "recaudadores" y protestaron contra las incidencias técnicas que acompañaron las primeras semanas de vida de la medida. A la nueva tasa se le añadiría en pocos días el copago sanitario, que el Gobierno de Rajoy sí toleró.

El 14 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo recurriría la tasa aprobada por la Generalitat. De acuerdo con lo expresado por el Consejo de Estado, Santamaría estimó que el euro por receta "vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles". Y añadió: "Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos".

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y suspendió cautelarmente su aplicación hasta que dirima la constitucionalidad, en un máximo de cinco meses. El alto tribunal aún no ha decretado que el euro por receta vulnere la Ley Fundamental, pero ha aceptado pronunciarse sobre el eventual conflicto. Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta a las 11 de la noche del jueves 17 de enero.

Comunidad de Madrid

La tasa ha tenido un recorrido similar en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ignacio González anunció la implantación de la polémica medida el día de la presentación de los presupuestos para 2013, los primeros desde que el hasta entonces escudero de Esperanza Aguirre llegara a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La decisión de González contravenía la opinión del Gobierno central, pues Madrid ya conocía la intención de Rajoy de recurrir la medida en Cataluña. González no se echó para atrás y abrió un enfrentamiento político entre los dos Ejecutivos populares.

El 1 de enero los usuarios comenzaron a pagar en las farmacias madrileñas la nueva tasa. Quienes debían abonar la cantidad calificaban la tasa como "vergüenza" y "repago", mientras que en las boticas se sentían como "meros recaudadores". El sistema se estrenó, como en Cataluña, sin el sistema informático que permitirá detectar si se ha llegado al máximo de 72 euros de pago anual que fijó el Gobierno regional.

El 11 de enero, Sáenz de Santamaría fue la encargada de nuevo de comunicar que el Gobierno recurría en Madrid la misma tasa que había impugnado en Cataluña. Las razones, idénticas: "Se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos y se grava un acto médico". Madrid, que esperaba recaudar alrededor de 80 millones de euros, mantuvo la tasa incluso después de conocer que el Constitucional había detenido su aplicación en Cataluña.

Hoy el Constitucional ha admitido a trámite el recurso, lo que supone un varapalo para el Ejecutivo de González (PP), que deberá suspender la aplicación de la tasa hasta que el tribunal se pronuncie, en un máximo de cinco meses, sobre su adecuación o no al texto referencia del marco normativo español.