Una ballena para una charca

10 de marzo de 2005. La policía entra en el bufete Del Valle Abogados de Marbella. Una veintena de empleados permanecen incomunicados y observan el registro que practican los agentes. Minutos antes era detenido el letrado Fernando del Valle cuando salía de su casa camino al despacho. El día acabó con 18 detenidos, entre ellos tres notarios y cinco abogados.

48 horas después se conocieron algunos detalles de la investigación, desarrollada durante casi un año por la Fiscalía Anticorrupción: una red había blanqueado en la Costa del Sol, supuestamente, más de 250 millones de euros. Era dinero negro obtenido de manera ilegal y presuntamente lavado a través de adquisiciones inmobiliarias. La policía acabó bloqueando numerosas cuentas bancarias e intervino 250 fincas y 40 vehículos de alta gama.

El caso Ballena Blanca se saldó con más de medio centenar de detenidos, entre marzo y octubre de 2005. Anticorrupción describió una compleja red internacional casi de película. Empresas con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos. El Ministerio Público acusó al principal imputado de tener participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas ubicadas en Delaware (EE UU), y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. La Ballena Blanca siguió creciendo con nuevos detalles como las conexiones con la petrolera rusa Yukos.

Ocho años más tarde, la mayor operación policial contra el blanqueo que ha tenido lugar en España concluye, de momento, con una sentencia del Tribunal Supremo (hecha pública el pasado 14 de enero) que condena solo a cinco personas. De los condenados, solo Fernando Del Valle tiene una pena mayor de dos años que le podría llevar a prisión. La sentencia supone el segundo golpe a la Fiscalía y desinfla, aún más, su tesis inicial sobre el supuesto entramado societario. El propio Del Valle, supuesto cabecilla de la organización, anuncia que en unos días presentará un recurso de amparo ante el Constitucional.

El caso fue instruido por el juez Miguel Ángel Torres. Desde su plaza provisional como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella su nombre saltó a los medios por primera vez. Poco después se hizo cargo del caso Malaya, que le otorgó aún mayor notoriedad. Torres decretó el ingreso en prisión de Del Valle, que estuvo siete meses encarcelado. A finales de septiembre de ese año, el magistrado le impuso una de las mayores fianzas de la justicia en España: 600.000 euros.

Dos años y cinco meses después de estallar la operación, el juez procesó a 22 personas por los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Anticorrupción pidió un total de 65 años de prisión para 21 de los procesados. Para Del Valle reclamó 15 años de cárcel y 37 millones de euros de multa. La Fiscalía se vio obligada a modificar sus argumentos: de 250 millones de euros supuestamente blanqueados se rebajó la cifra a 12. La presunta trama de empresas se quedó en un solo cliente. El juicio se inició, ya bastante descafeinado, el 15 de marzo de 2010.

La defensa del principal imputado, el abogado Horacio Oliva, consiguió que se anularan las escuchas telefónicas que señalaban que Del Valle conocía las actividades delictivas de algunos de sus clientes. Se utilizó el mismo argumento que en los pinchazos telefónicos del caso Gürtel: las comunicaciones entre los abogados y sus clientes forman parte del secreto profesional y del derecho de defensa. La sentencia del tribunal malagueño (marzo 2011) siguió adelgazando Ballena Blanca: penas de escasa relevancia y la condena de solo cinco de la veintena de procesados.

Del Valle fue condenado a seis años y tres meses de prisión por un delito de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública. Horacio Oliva aseguró entonces que el caso “ya no se puede llamar Ballena Blanca, sino chanquete blanco”.

Ahora el Tribunal Supremo ha vuelto a reducir las penas. Las ha dejado reducida a su mínima expresión. Finalmente, Del Valle se queda con una condena de cinco años y seis meses. Los otros cuatro condenados cuentan con penas inferiores a los dos años.