El fiscal dice que el 'caso Ballena Blanca' requería "medios especiales" de investigación

Al juez Miguel Ángel Torres, que instruyó el caso Ballena Blanca, considerado la mayor trama de blanqueo de capitales de la historia de España, han debido pitarle los oídos esta mañana. En la segunda jornada del juicio sobre este caso, que se sigue en la Audiencia Provincial de Málaga, los abogados de varios de los 19 imputados han criticado con dureza la investigación, iniciada en mayo de 2004, y han acusado a Torres de parcialidad, de guiarse por enemistad manifiesta hacia sus clientes, e incluso de ordenar "detenciones ilegales". El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha salido en defensa del anterior titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y de la pulcritud del sumario: "No ha habido ni una sola resolución de forma o de fondo [del juez Torres] que no haya sido recurrida en reforma o en apelación, y la inmensa mayoría de las resoluciones han sido confirmadas por la Audiencia Provincial", recordó el fiscal. Respecto a las detenciones, los pinchazos telefónicos y las órdenes de entrada y registro de los despachos y los domicilios de los acusados, muy criticadas por los letrados, López Caballero las justificó diciendo que "en asuntos de delincuencia económica de cierta complejidad se imponen medidas especiales de investigación, que implican una limitación de los derechos fundamentales".

La segunda sesión ha estado dedicada a la exposición de cuestiones previas a la vista oral de aquellos abogados que no pudieron plantearlas el lunes. Abrió la jornada José Antonio Choclán, letrado del ciudadano finlandés Aki Kujala, acusado de blanquear 1,2 millones de euros a través de sociedades constituidas en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle, principal imputado en la trama. Choclán afirmó que sobre el juez Torres existen "sospechas de imparcialidad" por haber aceptado en junio de 2007 la medalla de la Policía Local de Marbella, otorgada por la comisión gestora que gobernó esa ciudad tras la disolución del Ayuntamiento como consecuencia del caso Malaya de corrupción, también instruido por Torres.

Sin embargo, el ataque más duro contra el juez Torres, actualmente destinado en un juzgado penal de Granada, vino por parte de José Carlos Aguilera, abogado del notario granadino Álvaro Eugenio Rodríguez Espinosa. Según Aguilera, Torres "se convirtió en el mayor peligro para la libertad individual", después de que su cliente pasara 58 horas detenido. "Fue una detención ilegal con consecuencias irreparables para quien la padeció (...) un proceso cuasi inquisitorial", dijo Aguilera. Según el fiscal, estas palabras "exceden con mucho el derecho de defensa y son una descalificación subjetiva".

En el mismo tono que Aguilera se expresó el abogado de Amelia Bergillos, la segunda notaria acusada en la trama. Bosco García de Biedma afirmó que Torres ordenó la detención de los fedatarios porque, según él, "luce mucho detener notarios", y acusó al magistrado instructor de "falta de mesura, enconamiento y animosidad" contra su cliente.

El fiscal López Caballero contestó a estos abogados y los que intervinieron en la jornada del lunes. En primer lugar negó que la investigación se levantara a partir de meras hipótesis de trabajo: "La instrucción está basada en hechos objetivos acreditados en bases de datos policiales y en registros públicos, además de en datos de comisiones rogatorias a terceros países. Como en cualquier investigación criminal se piden diligencias de prueba para verificar si los indicios se consolidan o no".