Una tasa sentenciada desde el primer día

Los madrileños empezaron a pagar el euro por receta el 1 de enero entre quejas de los farmacéuticos, que rechazan haberse convertido en “recaudadores” de una tasa que no comparten, y de los ciudadanos, que han visto cómo en apenas unos meses —el copago farmacéutico empezó a aplicarse en julio— vuelve a encarecerse la factura de los medicamentos. El presidente regional, Ignacio González, decidió implantar el polémico euro por receta pese a conocer la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que lo permite en Cataluña, donde se cobra desde junio. La precipitación de la medida se evidenció también en el hecho de que la aplicación informática diseñada para aplicar la tasa ni siquiera está lista.

Las farmacias aún no disponen del sistema que permite saber si el paciente ha alcanzado el tope de aportación de 72 euros anuales que ha fijado Madrid (en Cataluña son 61). Por tanto, los ciudadanos seguirán pagando más de lo que les corresponde, y después deberán reclamar el exceso. Madrid es de las pocas comunidades que aún no dispone de receta electrónica, por lo que ya tuvo este mismo problema con el copago. Solo en julio y agosto pasados los pensionistas abonaron 2,3 millones más de lo que les correspondía. El Ejecutivo regional no se lo devolvió hasta diciembre. Madrid insiste en que la medida no tiene fin recaudatorio sino disuasorio. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, esperaba el recurso del Gobierno: “Lo aceptaremos y lo lamentaremos”, afirmó a finales de diciembre.

Los usuarios exentos de pagar el euro por receta son los mismos que en el caso del copago: los perceptores de pensiones no contributivas o de rentas de integración social, los afectados por el síndrome tóxico, personas con discapacidad y parados que han agotado el subsidio de desempleo. Asimismo, los fármacos de precio igual o inferior a 1,67 euros, IVA incluido, tampoco están sujetos a la tasa.

El movimiento de insumisión al pago del euro por receta que vivió Cataluña puso sobre aviso a Madrid: la propia Administración elaboró un documento —un formulario con tres copias— para los objetores y ella misma lo distribuyó por las farmacias de la región. Cataluña aún no ha empezado a reclamar el pago de la tasa a los insumisos.