El Gobierno da otro golpe a Mas al recurrir el impuesto catalán de depósitos

El Ejecutivo confirma su estrategia frente a la Generalitat siguiendo la línea de los recursos políticos

Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa
Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensaUly Martín

El Gobierno ha dado otro golpe a Artur Mas en menos de dos semanas. El Consejo de Ministros ha decidido hoy recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios aprobado el martes por la Generalitat, al entender que un Ejecutivo en funciones no puede crear nuevos impuestos, que no se pueden establecer además por decreto ley. El Gobierno argumenta que solo el Estado tiene reservada la regulación de este tributo puesto que hay que preservar la "unidad de mercado" en todo el territorio nacional.

Así ha explicado vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado tiene ahora tres días hábiles para realizar el preceptivo informe sobre este recurso. Santamaría ha advertido también que este recurso es un mensaje hacia "alguna otra comunidad que está pensando incluir una medida así en sus presupuestos". "El procedimiento será el mismo que en este supuesto", ha agregado. El anuncio de la número dos del Gobierno ha llegado precisamente horas después de que la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, haya avanzado que el Ejecutivo presentará recursos de inconstitucionalidad contra los acuerdos adoptados por el Parlamento Foral de pagar o adelantar la paga extraordinaria a los funcionarios, incluidos los de la Cámara.

En mismo día de la investidura de Artur Mas, el Gobierno insiste así en imponer su autoridad ante Cataluña, lo que confirma el giro de la estrategia en el intento de frenar los planes soberanistas del presidente catalán. Antes de que CiU y ERC sellaran su acuerdo con compromiso de elaborar una consulta en 2014, Rajoy se había movido en un escenario eminentemente político. La línea la marcó el miércoles la propia Santamaría: “La consulta no es legal, y el ordenamiento jurídico da muchos mecanismos para poder frenar cualquier ilegalidad” sentenció en los pasillos del Congreso.

El Gobierno tiene ya muy trabajado el mecanismo jurídico para frenar esa referéndum, y no dudará en utilizarlo. Si se llegara a producir una convocatoria soberanista, el Gobierno cree que sería relativamente simple pararla con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Primero se recurriría la ley que CiU y ERC prometen aprobar, con la seguridad de que el Constitucional la frenaría, y si no se recurriría la propia consulta

El Gobierno ya recurrió la semana pasada el euro por receta catalán. Pero, además, Montoro va a estudiar con lupa otros impuestos que ya se están anunciando en el pacto CiU-ERC, como el de las nucleares. El Gobierno asegura que con su reforma energética ya instauró uno, y como no se puede gravar dos veces la misma base imponible, podría ser también inconstitucional ese impuesto y habría un nuevo recurso.

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