El PSOE apuesta por evitar el choque con CiU y abre sus vías de diálogo

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba no han hablado en los últimos días, tampoco después de que CiU y ERC anunciaran el miércoles su acuerdo de legislatura. Ni el presidente ha pedido expresamente al PSOE su apoyo para modular una respuesta común de los dos grandes partidos nacionales al desafío catalán ni el secretario general del primer partido de la oposición se lo ha ofrecido. Los socialistas miden al milímetro sus palabras, entre otras cosas porque quieren consensuarlas con el PSC, su partido hermano en Cataluña, que ayer anunció que, aunque se opone a cualquier acto ilegal, no pondrá “palos en las ruedas” al plan soberanista.

“Desde el primer día dijimos que las leyes hay que cumplirlas y que el Gobierno catalán no puede hacer nada ilegal. Vamos a insistir en esa idea con firmeza. Pero no vamos a entrar en el debate de ‘¿Cómo habría que responder en caso de que...?’ Simplemente, habrá que aplicar la ley en cada caso. No se trata de ver quién dice la bravuconada más grande”, cuentan fuentes próximas a Rubalcaba. La dirección del PSOE defiende que “se aplique la ley en cada caso”, pero considera que sugerir que se pueda llegar a inhabilitar al presidente catalán o a intervenir la autonomía —aplicando la Constitución— si CiU no ceja en su hoja de ruta secesionista es “echar fuego a la caldera”.

El secretario general de los socialistas telefoneó ayer al líder de Unió, Josep Antoni Duran, portavoz de CiU en el Congreso. Ambos se confesaron “mutuamente preocupados”, según fuentes del PSOE. Rubalcaba le dijo que el acuerdo entre CiU y ERC coloca a Cataluña “en una vía sin salida” y que solo logrará “acumular agravios”, porque antes o después los catalanes se darán cuenta de que lo que Artur Mas está prometiendo “no se puede cumplir”. Quedaron en verse en los próximos días. Rubalcaba se había reunido la víspera con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (tal y como adelantó Abc), pero para abordar otros asuntos —fueron citados los dos por el presidente del Supremo para tratar la reforma judicial— y, aunque la situación de Cataluña salió en la conversación, tampoco allí llegó a plantearse ninguna respuesta común.

Los socialistas apuestan, por tanto, por dialogar y dialogar, en todos los foros posibles, para tratar de recomponer los lazos políticos entre Cataluña y el resto de España. El Gobierno está en una estrategia más a la ofensiva, aunque no se plantea para nada recurrir a medidas extremas como la persecución penal del presidente catalán, Artur Mas, o la suspensión de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución. Preguntada ayer en los pasillos del Congreso por esta posibilidad, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo un gesto de desaprobación que descartaba esa opción, según recogieron diversas televisiones.

El Gobierno apuesta por una estrategia de choque jurídico centrada en frenar a toda costa el posible referéndum, y por aprovechar el poder que le da que la Generalitat necesite la inyección de dinero del Estado para debilitar poco a poco el pacto CiU-ERC.

En el Ejecutivo hay división de opiniones sobre lo que va a pasar a partir de ahora. Algunos creen que Mas está totalmente en manos de ERC y dispuesto incluso a convocar un referéndum aunque el Constitucional lo declare ilegal. Otros opinan que, una vez que el Constitucional suspenda la consulta, Mas acatará y esperará a la sentencia definitiva. En cualquier caso, queda mucho tiempo y muchos miembros del Ejecutivo ven posible que esa consulta no llegue nunca y antes caiga el Gobierno catalán, presa de su inestabilidad.