Política golfa

El supuesto borrador policial sobre el cobro por parte de Convergència Democrática de comisiones de constructoras a través del Palau, y en el que se insinuaba que una parte de ese dinero era desviado a cuentas del presidente Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales, no ha sido elaborado por ningún miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Así lo afirmaba su comisario jefe en declaración enviada al juez que investiga el caso Palau. Por más que pueda contener elementos veraces procedentes de la investigación, se trata, por tanto, de una falsificación, dado que el documento llevaba el membrete de esa unidad. Y si lo es, el Ministerio está obligado a identificar quién y por qué lo hizo.

Cualquier observador no cegado por la pasión tendría que haber sospechado de un escrito que incluía supuestas anotaciones como esta: “Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau a JP [Jordi Pujol] hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado, como siempre”. Demasiado redondo y como de diseño (ese “como siempre”, a fin de implicar al padre) para resultar verosímil.

No es fácil calcular el efecto de esa manipulación en el resultado electoral; es posible que al sector del electorado de CiU menos convencido por el giro de Mas le empujara a no votarle; pero que esa tendencia se equilibrase con la de votantes potenciales de otras formaciones que decidieran apoyarle frente a lo que consideraban un sucio ataque personal. En todo caso, un efecto ya verificado es que el episodio ha desviado la atención del asunto de fondo: los indicios de financiación ilegal de Convergència que han llevado al embargo judicial de la sede del partido en Barcelona, y que ha permanecido latente desde que Maragall aludió al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas (el famoso 3%).

El clientelismo político crea condiciones que favorecen el desarrollo de la corrupción

Resulta por ello algo excesivo el tono con que Jordi Pujol advirtió tras la publicación del escrito que, si bien CiU “necesitará mucha gente” tras las elecciones, “será de la que se haya comportado dignamente en un momento como este”. El transparente mensaje era que quien dudase ahora, no esperara cargo público mañana, tras la esperada mayoría absoluta. Una expresión manifiesta de la lógica propia del clientelismo político.

La relación entre clientelismo y corrupción es uno de los asuntos más sugerentes analizados por Roberto Velasco en Las cloacas de la economía, libro que acaba de publicar la editorial Catarata. Lo esencial del clientelismo es para ese autor la relación establecida por quien controla recursos de poder y garantiza el acceso a ellos de otras personas a cambio de lealtad y apoyo político. La conclusión de Velasco es que si bien son fenómenos distintos, el clientelismo político crea condiciones que favorecen el desarrollo de la corrupción. Pues los empleos y otras ventajas dispensados a esas personas mediante decisiones administrativas implican la utilización de medios públicos al servicio de intereses privados (frecuentemente contra los de otros particulares, perjudicados por la decisión).

Transparency International (TI) acaba de publicar su informe anual sobre la corrupción en el mundo. España figura en el lugar 30 sobre 176 países ordenados de menos a más corrupción. En otro estudio presentado en junio bajo el enunciado Dinero, política y poder, TI establecía una vinculación entre percepción de corrupción y crisis económica. El paro y los recortes en el acceso a las prestaciones sociales determinan una mayor sensibilidad ante prácticas que antes se pasaban por alto.

Según una encuesta del CIS, en 2011 el 86% de los españoles consideraba que la corrupción está “bastante o muy extendida”. Es llamativo que la percepción del propio país como el más corrupto de Europa sea compartida por los habitantes de Italia, España y Grecia, tres de los más afectados por la crisis. La corrupción dificulta a su vez la salida de la depresión en la medida en que provoca efectos como la distorsión en la asignación de recursos y en la redistribución de la renta, la reducción de la competencia y la erosión de la confianza en el cumplimiento de los compromisos.

La compra de votos fue la manifestación más característica del clientelismo en la España caciquil. Según el historiador Tuñón de Lara, a comienzos del siglo XX se dio el caso de que en localidades como Zamora o Coria “el pueblo se amotinase en protesta porque, al no haber más que un candidato, se frustraban sus esperanzas de vender su voto”. Lo que llevó a Manuel Azaña a decir a sus paisanos de Alcalá en una conferencia pronunciada en 1911 que “no es a los corruptores a quien hay que dirigirse, sino a los infelices corrompidos (...), víctimas de su ignorancia porque al enemigo más cruel le entregan la única arma que tienen para defenderse”. Ejemplo conmovedor de confianza en el poder del voto que contrasta con el cinismo político evidenciado en el apoyo prestado en las últimas elecciones locales a algunos de los candidatos más corruptos de España.