Ideología fiscal y ahorro ‘ficticio’
La imposición de nuevos impuestos divide a las autonomías del PP
No es lo mismo exigir el pago de un euro por receta que aplicar el impuesto de patrimonio a rentas superiores a los 700.000 euros. Madrid ha impuesto lo primero y sigue eludiendo implantar lo segundo. Andalucía impuso la segunda (una medida del Gobierno central en 2011 pero que no todas las comunidades utilizan) y no contempla la aplicación de la primera.
La aprobación de impuestos y tasas también tiene su ideología, igual que la tiene la política de deducciones del tramo autonómico del IRPF sobre la que tiene competencias cada comunidad. No es lo mismo subir el canon de saneamiento que se paga en el recibo del agua, que afecta a todos los hogares, que subir una tasa sobre la caza.
El Gobierno andaluz no ha previsto más tributos para el año que viene después de que el pasado gravara el tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros y de 120.000 en adelante y aumentara el impuesto de patrimonio.
El PP en Baleares ha optado por imponer, para el próximo año, una mayor presión fiscal en varios ámbitos pese a que según su vicepresidente, Josep Ignasi Aguiló, “introducir impuestos es contrario a la ideología del PP”. Sus presupuestos recogen gravámenes a grandes áreas comerciales, a autos de alquiler y los impuestos de transmisiones y actos jurídicos, pero también sobre la tasa de saneamiento del agua. Sin embargo, su presidente, José Ramón Bauzá, ha decidido no retomar la tasa turística de Cataluña (CiU), pionera en el euro por receta.
Los montantes que se ingresarán por algunos de los nuevos tributos pueden resultar simbólicos y el ahorro, incluso ficticio. El Gobierno de la comunidad de Madrid (PP) no sabe cuánto ahorrará en la aplicación del euro por receta pero sí prevé recaudar unos 83 millones de euros, en un presupuesto que rebasa los 17.000. En Cataluña, la recaudación en los tres primeros meses de aplicación del euro por receta ha sido de algo más de 33 millones de euros (en un presupuesto de cerca de 37.000 millones) y la reducción del número de recetas expedidas se sitúa en torno al 20%, aunque no se ha cuantificado a cuánto asciende el ahorro.
Cospedal ha creado 320 tasas por las que solo prevé ingresar 10 millones
La medida ha provocado la contradicción en el propio PP, ya que mientras la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, “respeta” que Madrid cobre por receta, exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), que suprima ese impuesto en Cataluña. Tampoco el Gobierno de Mariano Rajoy la considera apropiada. “No es nuestro modelo”, señaló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que anunció que el Ejecutivo incluso podría recurrirla al Tribunal Constitucional.
Algunos de los responsables de la aplicación de estos nuevos tributos hablan de medidas “disuasorias”, como en el caso de Castilla-La Mancha, que empezará a cobrar por realizar algunos trámites sobre el sistema de dependencia. El Gobierno de Dolores de Cospedal ha creado hasta 320 nuevas tasas aunque la previsión es que solo ingrese 10 millones de euros por su pago.
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