Madrid privatiza aún más la sanidad

La Comunidad de Madrid, bastión ideológico y de votos del Partido Popular, dio ayer un paso de gigante en su apuesta por un modelo privatizado de Sanidad. La intención del nuevo presidente regional, Ignacio González, es que seis de los hospitales abiertos en 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además se abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los más de 400 centros de salud de la región. González puso como ejemplo el sistema catalán de ambulatorios gestionados por cooperativas de médicos, modelo que, dijo, "está dando muy buenos resultados”.

De nuevo en la estela de la Generalitat catalana, gobernada por CiU, la Comunidad de Madrid implanta el euro por receta. También en Madrid los jubilados tendrán que pagarlo. González asegura que la medida no responde a "un afán recaudatorio sino que tiene más bien un carácter disuasorio”. Los madrileños, afirmó, acumulan “45 millones de medicamentos en sus casas”. Según los cálculos de la Comunidad, con la medida “solo” se recaudarían 83 millones. El Gobierno regional establecerá un máximo de 72 euros al año y dejará fuera los medicamentos que valgan menos de 1,67 euros. Los únicos colectivos exentos serán los afectados por enfermedades específicas, como síndrome tóxico, los que perciben la renta de inserción social, los parados sin prestación, las personas que cobran pensiones no contributivas y los pacientes en tratamiento por accidente de trabajo.

"La sanidad seguirá siendo universal, gratuita y de la máxima calidad”, insistió González en la presentación de unos presupuestos que calificó como “los más difíciles en nueve años”. Madrid contará con 17.048 millones de euros tras un “ajuste” de 2.700 millones, según señaló el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que se suma a los 3.200 que Esperanza Aguirre ha ido podando desde 2008. La reducción final de gasto será, de acuerdo con las previsiones de la Comunidad, de 1.424 millones.

La dificultad de cuadrar el sudoku de las cuentas para el año que viene no cambió el paso del Gobierno regional, que rechazó la idea de subir determinados impuestos o incluso recuperar algunos, como el de Patrimonio. “Nos hemos mantenido fieles a nuestro discurso liberal, hemos sido coherentes”, resumió un alto cargo. Y eso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo llegó a sugerir. “Nuestra política de no subir impuestos ha conseguido en estos años que 21.500 millones se quedaran en los bolsillos de los ciudadanos”, afirmó González, muy limitado de margen por la reducción del objetivo de déficit del 1,5% de este año al 0,7% del próximo ejercicio, equivalente a 1.700 millones, y por otros mil millones del sistema de financiación que la Comunidad ha venido reclamando al Gobierno de Mariano Rajoy sin suerte desde el pasado julio.

El rechazo de Ignacio González a gravar las rentas del 3% de la población, según le vienen exigiendo en bloque los partidos de la oposición, confirma la “línea continuista” con el ideario con el que Esperanza Aguirre convirtió, en sus nueve años de presidenta, a Madrid en la abanderada de las políticas liberales del Partido Popular, sirviendo de modelo a otras regiones de España gobernadas por la derecha. González dio ayer un paso con esta nueva apuesta hacia la privatización de la sanidad autonómica. De esta manera, confirmó que iba en serio cuando señaló, en su toma de posesión hace poco más de un mes, que su Ejecutivo mantendría la senda con la que Aguirre transformó a Madrid en el laboratorio de ideas y campo de pruebas del ala liberal del Partido Popular. Aunque la propia expresidenta se mostró reiteradamente en contra del copago sanitario y criticó a la Generalitat por el euro por receta.

Proponen que los trabajadores gestionen el 10% de los ambulatorios

El anunció del Gobierno madrileño de que la gestión de que seis centros hospitalarios de reciente construcción quedará a cargo de compañías privadas es la confirmación del modelo que Aguirre inició en 2003. “Vamos a externalizar la actividad sanitaria en seis hospitales manteniendo el mismo nivel de calidad”, afirmó ayer González, que insistió en que “nadie va a tener que pagar por las prestaciones del Servicio Madrileño de Sanidad”. Los seis centros en cuestión son los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo. Se trata de centros sanitarios que ya eran de gestión semiprivada y a los que en 2010 hubo que aumentar el canon anual que les paga la Administración en dos millones de euros.

Como ejemplo a seguir, González citó los hospitales de Valdemoro, Móstoles (la concesionaria de los dos es Capio) y Torrejón (Ribera Salud). El modelo Valdemoro, como la Comunidad denominó al nuevo sistema, es heredero del conocido como modelo Alzira (Valencia). Valdemoro, que abrió sus puertas en 2007, supuso la importación a Madrid de lo que el municipio valenciano hizo en 1999 al abrir el primer centro público de atención sanitaria especializada gestionado por una empresa bajo concesión administrativa. La misma fórmula que se usa para las autopistas de peaje.

La región madrileña es el campo de pruebas del ala liberal del PP

El presupuesto que Madrid destinará a sanidad en 2013 será de 7.108 millones, lo que representa el 45% del gasto total (17.048, un 7,7% menos que en 2012), y significa un descenso del 4,9% en la cantidad destinada a la cartera sanitaria, que Javier Fernández-Lasquetty dirige desde marzo de 2010. Anteriormente fue durante varios años Secretario General de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES). “Es una obviedad más del componente ideológico que el Partido Popular está aplicando con la excusa de la crisis”, denunció el diputado autonómico socialista Antonio Carmona.

Además de esta nueva privatización de seis de los 33 hospitales de la Comunidad, habrá otra que afectará a toda la red de la región. Los “servicios no sanitarios” -como cocinas, lavanderías, almacenes o mantenimiento- seguirán el mismo camino. González también habló de la centralización de los laboratorios de análisis rutinarios, “para aprovechar las economías de escala”. Dentro del gasto farmacéutico, la Comunidad seguirá adelante con la central de compras de productos sanitarios que ya planteaba en la modificación de los presupuestos del pasado julio. En este sentido, González destacó que, desde que se aplican las nuevas medidas de ahorro desde el pasado verano, “el uso racional de los medicamentos ha ido reduciendo el gasto un 26% mensual”.

Aunque la sanidad se llevó la peor parte de unos presupuestos a los que González definió de “solidarios, responsables y adaptados a la realidad”, no fue la única afectada por los recortes. El presupuesto para las seis universidades públicas baja un 16% y se quedará en 840 millones. Los rectores dispondrán de siete millones para inversiones, menos de la mitad que el presupuesto pasado.

En Educación tampoco se recuperan los 28 millones recortados en becas de comedor y ayudas a libros. Las becas de comedor, según avanzó González, serán “para familias de absoluta necesidad”, aquellas con renta mínima de inserción.

El tijeretazo en transportes, otrora joya de la corona y que ya fue la cartera más castigada en la reducción de presupuestos de julio, es del 21%. Eso sí, no habrá una tasa alternativa a los peajes de las autovías regionales, descartados la semana pasada por las propias diferencias internas que provocó en el PP, por las dificultades técnicas para aplicarlos y por el castigo en las urnas que barruntaban en el Ejecutivo.

Las subvenciones a distintas instituciones también bajarán, un 54%, en todos los ámbitos: empresariales, sindicales, culturales, deportivos... “No son prioritarias frente al mantenimiento de los servicios esenciales”, zanjó González. El heredero de Aguirre no pudo ser más tajante: “Vamos a incorporar en la Ley de Presupuestos que no podrá otorgarse ninguna ayuda a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales”.