La corta vida de una medida polémica

La implantación en Cataluña a finales de junio del euro por receta, el impuesto que grava con un euro cada receta expedida por el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) no fue tarea fácil. A las críticas del gremio de farmacéuticos, que protestó porque la tasa les convertía en “recaudadores”, se sumaron multitud de incidencias técnicas en los primeros días de implantación. Además, boticarios y ciudadanos protestaron porque la implantación en julio del copago en función de la renta convertía a los catalanes en los únicos ciudadanos españoles con un doble copago farmacéutico. Algo que dejará de ser así con el anuncio, la mañana de este miércoles, de que la Comunidad de Madrid incorporará también dicho recargo en sus boticas en 2013. El consumo de medicamentos en Cataluña con receta descendió moderadamente en los meses de verano, situándose en los 100 millones de euros mensuales en septiembre, en lugar de los 138 millones de euros que se facturaron el mismo mes en 2011.

El impuesto, aplicable a todo medicamento expedido con receta y con un coste superior a 1,67 euros (con un límite de 62 euros anuales por ciudadano y no aplicable a los que perciben una pensión no contributiva o la Renta Mínima de Inserción), aterrizó en Cataluña tan solo siete días antes de que lo hiciera el copago en función de la renta del paciente, esta vez para todo el territorio nacional y prevista en el Real Decreto de Medidas Urgentes del Ministerio de Sanidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cuatro meses después de su llegada, el euro por receta parece haber cumplido con los objetivos que expuso el consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, para justificar la medida: la racionalización del gasto farmacéutico.

Aunque la compra de medicamentos se disparó un 20% justo el mes antes de la puesta en marcha del impuesto, a día de hoy las cifras mensuales de facturación en farmacias revelan que los ciudadanos han bajado moderadamente el consumo de fármacos expedidos con receta. Así, en junio de 2012 los farmacéuticos catalanes dispensaron medicamentos con receta por un valor de 145 millones de euros (142 millones de euros en junio de 2011). Un mes después, ya con el euro por receta implantado, la venta de fármacos recetados descendió a 108 millones y en agosto, a 102 millones. En la última recaudación disponible, la de septiembre, el monto asciende a 100 millones de euros.

“El euro por receta nos convierte en recaudadores”, denunció el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, días antes de su implantación de la tasa. En términos similares se expresó la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que aseguró que la tasa “daña seriamente la relación de confianza entre el farmacéutico y sus clientes” y exigió a la Generalitat que explicase "claramente" a la ciudadanía que “la farmacia no obtiene ningún beneficio económico con este tributo”.

En sus primeros días, la red central con la que las farmacias catalanas tramitan todas las dispensaciones de fármacos con recetas sufrió numerosos colapsos. Algunos, incluso imposibilitaron la venta de medicamentos durante toda una mañana, tal y como denunció el CCFC. Los farmacéuticos criticaron la "falta de previsión" de la Generalitat con el ciudadano como con el farmacéutico, que en muchas ocasiones se encontró en la tesitura de tener que llamar y pagar a un informático para la correspondiente actualización del software de oficina de farmacia.

Además de tratar de racionalizar el consumo de medicamentos, la Generalitat aseguró que el euro por receta le permitiría pagar antes a los farmacéuticos por los medicamentos que estos dispensan con coste reducido para el paciente. En Cataluña se da la circunstancia de que los boticarios deben esperar, desde octubre de 2011, un mínimo de 65 días entre el momento en el que se dispensa un medicamento y se cobra su facturación. El retraso del pago por parte de la Generalitat de la factura de los fármacos de julio fue el detonante de la primera huelga total de farmacias de Cataluña el pasado jueves. Si los farmacéuticos tienen que esperar más del doble de lo estipulado en el concierto que tienen con el Catsalut (35 días) es señal de que el euro por receta no ha terminado de cumplir con éxito este segundo objetivo con el que se justificó su implantación.

La Generalitat prevé que cada catalán pagará una media de 13 euros al año con este impuesto y estima recaudar unos 100 millones de euros al año (en 2012, dado que se implantó en verano, los cálculos prevén recaudar 50 millones). En previsión de posibles insumisiones como las del movimiento en contra del pago de peajes, El Ejecutivo catalán apeló a la “responsabilidad y conciencia social” de la población y anunció “sanciones administrativas” que comportan el recargo del 20% en el precio del medicamento, para aquellos que se nieguen a abonar el euro. Alrededor de 127.000 catalanes quedaron exentos en julio de pagar la tasa dada por percibir una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción (RMI).