El Gobierno pasa al contraataque en todos los frentes

Ya antes del verano, el Gobierno daba por hecho que el otoño sería muy duro. Pero ni siquiera los más pesimistas pensaron que lo sería tanto. El Ejecutivo tiene en este momento abiertos todos los frentes posibles: el social con una huelga general, el político con la ofensiva soberanista en Cataluña y el País Vasco y el económico con el rescate cada vez más aparentemente inevitable. Y ha decidido responder a la defensiva y al contrataque, con una estrategia que consiste en asegurar que el Ejecutivo es el único que actúa con responsabilidad mientras todos los demás complican la situación política.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, se entregó ayer a esa línea, que también remató el presidente, Mariano Rajoy, desde Bruselas. Aunque en el habitual reparto de papeles de la política, a Sáenz de Santamaría le tocó ayer el tono más duro. Tanto que lanzó un golpe directo contra la Generalitat de Cataluña, tan duro que sonó inusual en ella. Le preguntaron por las declaraciones del conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, un peso pesado de CiU, que había dicho que en caso de que el Gobierno prohibiera un referéndum independentista en Cataluña, los Mossos D'Esquadra “estarían al servicio de la Generalitat”, esto es, que no obedecerían la orden del Ejecutivo central. Al principio Santamaría contestó suave: dijo que los Mossos están obligados a cumplir la Constitución y las leyes como han recordado sus propios sindicatos. Pero después fue mucho más lejos. “La obligación del consejero es defender el marco constitucional. Cuando te dedicas a otras actividades”, señaló en clara referencia a promover la independencia, “y no te ocupas de lo tuyo, en este caso la seguridad en Cataluña, pasa lo que estamos viendo. Esto es: que te crecen los chinches y las ratas en la prisión modelo de Barcelona”. “El consejero tiene que ocuparse de las prisiones, que es su competencia, y no de sus atribuciones como miembro de un partido político”, remató. Santamaría se refería a una polémica por la higiene en una de las cárceles más conocidas de Cataluña. Las prisiones en esta comunidad no dependen del Ministerio del Interior, sino de la Consejería de Justicia. La competencia está ya transferida.

El Gobierno ha pasado de una inicial llamada al diálogo con Cataluña a una especie de guerra abierta que crece cada día, en especial después de la idea de “españolizar a los alumnos catalanes” del ministro de Educación, José Ignacio Wert. Varios dirigentes del PP y miembros del Gobierno admiten en privado que este calentón dialéctico contra los nacionalistas, del que ellos culpan a Artur Mas por su deriva, está teniendo un efecto electoral muy positivo para el PP. En el País Vasco, coinciden varios dirigentes, es indudable que al PP le beneficia que se hable de estos asuntos y no tanto de temas económicos y en especial de los recortes. En Galicia, señalan, el efecto de este debate y del calentamiento dialéctico en torno al nacionalismo también lo creen positivo. Lo importante, coinciden todos, es que los recortes pasen a un segundo plano. Precisamente el mayor chasco electoral de Rajoy hasta ahora, el fracaso en Andalucía en marzo, se produjo, según el análisis más extendido en el PP, porque el PSOE logró sacarle mucho partido a los primeros recortes y subidas de impuestos de Rajoy y a la reforma laboral.

El presidente, cada día más presionado por todos los frentes, confía ahora en lograr al menos un respiro político el domingo. El PP da por hecho que Alberto Núñez Feijóo repetirá la mayoría absoluta en Galicia. Si lo logra, al menos internamente tendrá una calma notable. El PP está cada día más inquieto por el desplome en las encuestas y la evidencia de que los recortes y el desgaste van a seguir, sobre todo después de un rescate que prácticamente el PP da por hecho. Pero si Feijóo saca la mayoría absoluta, como sucedió en 2009, Rajoy tendrá mucha calma interna y podrá concentrarse en los otros frentes: el social, el político y el económico. Si Feijóo cae, la tensión interna en el PP puede dispararse. Rajoy ha convocado a los suyos a un Comité Ejecutivo el lunes por la tarde, y ahí se verá enseguida qué ambiente se respira.

Con el primero de esos otros frentes, el social, el Ejecutivo también ha apostado por una estrategia de choque. Mientras desde Interior se lanzan todo tipo de propuestas coercitivas para controlar las manifestaciones, desde prohibir las capuchas hasta vetar la difusión de imágenes de antidisturbios en acción —la vicepresidenta se distanció de los puntos más polémicos pero no desautorizó abiertamente al director general de la Policía, Ignacio Cosidó— Sáenz de Santamaría y Rajoy atacaron a los sindicatos por convocar de nuevo una huelga general y trató de enfrentarles con los parados, como hicieron en marzo.

“La huelga no ayuda en nada ni a los trabajadores ni a los desempleados. No creemos que la mejor manera de crear empleo sea invitando a no ir a trabajar un día. Yo creo que en un momento de gran dificultad todos estamos llamados a hacer un gran ejercicio de responsabilidad”, clamó Santamaría. El Ejecutivo vela así sus armas para unas semanas en las habrá mucha batalla política. Pero, de momento, la clave está en Galicia.