Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos

El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos

La policía continuó este miércoles realizando detenciones en el marco de la Operación Emperador. De las 110 que se estimaban ya se han ejecutado 83 (17 españoles, 58 chinos y ocho de otras nacionalidades). Las declaraciones en la Audiencia Nacional de los primeros 20 detenidos que pasaron a disposición judicial comenzaron pasadas las cinco de la tarde. Quince de los comparecientes eran de nacionalidad española, según fuentes policiales, y el resto, chinos. Todos ellos desfilaron por la sala de audiencia entre fuertes medidas de seguridad para que los periodistas no vieran cómo se subía a los arrestados desde los calabozos.

Entre los primeros cinco imputados que declararon ante el juez Fernando Andreu, el fiscal pidió prisión eludible con fianzas que oscilaron entre los 40.000 y los 100.000 euros. Uno de los declarantes, Pedro Hernández, considerado uno de los asesores de la trama y detenido este miiércoles en Málaga, salió en libertad con la única medida cautelar de comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio, según su abogado.

Las declaraciones transcurrieron con normalidad a lo largo de toda la tarde. Solo se produjo un incidente. Una de las implicadas, de nacionalidad china, sufrió un ataque de ansiedad en los calabozos del tribunal por lo que hubo que llamar a los servicios de emergencias para que la atendieran, aunque poco después quedó completamente recuperada. Hasta las nueve de la noche, solo nueve de los detenidos habían pasado ante el juez.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vaticinó desde Bucarest que las detenciones seguirán produciéndose en los próximos días, y aseguró que entre ellas habrá “algún nombre”, dando a entender que hay algún conocido, pero sin dar más detalles “porque la operación estaba bajo secreto de sumario”, informa Carlos E. Cué. Según el ministro, “es la mayor operación de la policía de la historia de España”, y sobre todo “es un aviso a navegantes del empeño de este Gobierno en luchar contra el fraude laboral y fiscal”.

Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro años. Los agentes han realizado 108 registros en los que han intervenido 11,6 millones de euros en efectivo, así como joyas, obras de arte y numerosos vehículos.