EXAMEN A LA CRISIS DEL ESTADO AUTONÓMICO

Qué somos y adónde vamos

El Estado autonómico se cuestiona por quienes pretenden restar competencias a las comunidades, los soberanistas y los federalistas

Casi 34 años después de la aprobación de la Constitución, las costuras del Estado se hacen visibles y están a punto de saltar. La inestabilidad económica y la política han dejado al aire los fallos del sistema y han derivado en una crisis institucional, con un debate público sobre el modelo de Estado. Desde 1978 no ha dejado de haber tensiones territoriales y, de hecho, la derecha política no aceptó el título VIII de la Constitución, pero nunca como ahora se había cuestionado el Estado autonómico desde posiciones tan antagónicas. Al tiempo, ha calado entre los ciudadanos la idea de gasto excesivo, vinculado a las comunidades, y se discute todo el sistema, según las encuestas.

La V Conferencia de Presidentes llega con el debate entre quienes desde el PP defienden la devolución y recentralización de competencias de las comunidades y quienes, desde el otro extremo, plantean en la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En medio está el principal partido de la oposición (PSOE), que propone la reforma a fondo de la Constitución hacia un Estado federal.

La recientemente dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defiende la cesión al Estado de competencias como las de justicia y sanidad. En esa línea, el Gobierno del PP ha impulsado normas de carácter centrípeto, como la de estabilidad presupuestaria, para intervenir de facto en decisiones presupuestarias de comunidades que pidan rescate. Tiene en marcha un plan de reducción de organismos y empresas públicas autonómicas. A 1 de enero de 2012 había un total de 2.326 entidades en las comunidades, excluyendo las del País Vasco. Un 28,1% son sociedades mercantiles, un 27,2% son consorcios, un 24,9% son fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, y el resto, un 19,8%, engloba entes públicos, organismos, entidades públicas empresariales y otros. El plan del Gobierno supone el cierre de 450. Las comunidades ya acordaron en 2010 eliminar 515, pero, según el ministro Cristóbal Montoro, solo han suprimido 69.

Foto de familia oficial de la anterior Conferencia de Presidentes.
Foto de familia oficial de la anterior Conferencia de Presidentes.

En el otro lado de la tensión institucional se sitúa la Generalitat de Cataluña, al promover el referéndum de autodeterminación. CiU ha pasado de ser un partido nacionalista que pacta con Gobiernos de PSOE y PP y ha acordado todos los sistemas de financiación, salvo el último, a ser independentista. Lo ha hecho, precisamente, cuando Cataluña más depende del Estado. Un proceso similar se vivió en 2005 cuando el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, promovió su plan soberanista, pero nunca fue discutido en una conferencia de presidentes, porque José Luis Rodríguez Zapatero no accedió a la petición del PP para convocarla. Entre ambas posiciones, Alfredo Pérez Rubalcaba propone una reforma constitucional profunda, con referéndum. El PSOE ha tenido siempre en su ideario el horizonte federal y su organización interna responde a ese concepto, pero nunca había promovido el cambio del modelo autonómico, para el que necesitaría un apoyo hoy impensable del PP.

Ese debate se distorsiona por el contexto de la crisis económica y también por la inestabilidad política de la precampaña en País Vasco, Galicia y Cataluña. En dos de ellas es posible una victoria de partidos que cuestionan el Estado autonómico, PNV y Bildu en el País Vasco y CiU en Cataluña. Las tres celebrarán sus elecciones sin haber agotado sus legislaturas. Hay otra comunidad sobre la que se baraja la posibilidad de que haya elecciones anticipadas antes de marzo: Navarra. Gobierna UPN, pero con dificultades para aprobar el Presupuesto. Y en Extremadura, el pacto entre PP e IU se mantiene cogido con alfileres.

En las dos últimas legislaturas siete comunidades (Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, Baleares, Aragón y Castilla y León) han cambiado sus estatutos, a pesar de lo cual no se ha logrado estabilidad institucional. No ha habido incremento sustancial en la conflictividad entre Gobierno y comunidades ante el Tribunal Constitucional. Este año se han interpuesto seis recursos por invasión de competencias, frente a nueve de 2011; seis de 2010; 13 de 2009 y 14 de 2008 y 2007.

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