Baleares quiere tratar 100.000 toneladas al año de basura de Europa

No lo llaman basura sino combustible para generar energía eléctrica renovable. En la isla de Mallorca, las Administraciones insulares y autonómicas que controla con hegemonía el Partido Popular han decidido importar 100.000 toneladas anuales de basuras urbanas, partidas excedentes de distintas capitales y regiones europeas, para procesarlas en la única planta de cremación de residuos.

La razón esgrimida para defender la compleja y polémica operación radica en la necesidad de rentabilizar empresarialmente la incineradora gigante de Son Reus, a la que se destinan actualmente 400.000 toneladas de residuos urbanos recogidos en la isla, cuando su capacidad es de 700.000 toneladas por año. Quien presiona al PP es la empresa Tirme -propiedad de Enel Green Power, con un 40%, e Iberdrola, FCC y Urbaser, con un 20% cada una-, que tiene el monopolio de gestión privada de residuos hasta 2041.

Con la importación de combustible de residuos europeos, las autoridades insulares aseguran que se evitará una amenaza para los bolsillos de los ciudadanos: se podrá congelar la subida de la tasa anual por incineración por vivienda, que pasará de 131 euros a 141, y en el futuro quizás se reducirá. La mayorista Tirme reclama aumentar sus ingresos para poder afrontar la carga financiera de hasta 375 millones que le supuso la ampliación del techo de digestión de la incineradora, tras el plan oficial de 2007.

El PP balear, por la vía excepcional de unas enmiendas introducidas en un decreto ley de medidas urgentes de reactivación económica, aún en trámite en la Cámara autonómica, avalará sin problemas -tiene mayoría absoluta- nuevas disposiciones para regularizar la importación de residuos del continente.

Es un nuevo negocio, polémico, al que se oponen sin éxito desde la izquierda y los ecologistas. Por cuestiones de imagen turística lo critica la poderosa federación de hoteleros de Mallorca, que tras reunirse con la consejera insular de Medio Ambiente del PP, Catalina Soler, se manifestó preocupada por "la imagen negativa que se está dando sobre Mallorca en los mercados emisores, siendo el turismo un sector altamente vulnerable". Este efecto adverso de una lluvia de noticias en medios internacionales, creen los hoteleros, "podría dañar la afluencia de visitantes durante las próximas temporadas". La poderosa patronal reiteró su preocupación por lo "que podría hipotecar el presente y el futuro de Mallorca como destino turístico".

La defensa pública de la operación la han articulado esta semana en el Parlamento el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, y dos de sus consejeros, el de Turismo, Carlos Delgado, y el de Medio Ambiente, Biel Company. "Mallorca no será un basurero, como han dicho ustedes (por la izquierda)", aseguró Delgado. "No llegarán bolsas malolientes, van a llegar paquetes estancos de biocombustible que van a permitir generar energía y exportar servicios medioambientales, y que no se tenga que subir un 40% la tasa tal y como hicieron ustedes", dijo.

Dos alcaldes del PP se muestran reticentes a la importación. El de Buñola, municipio donde se ubica el horno incinerador, y el del Alcúdia, en cuyo puerto operarán decenas de barcos y cientos de camiones al año. Los defensores del negocio aseguran que se crearán 350 puestos de trabajo y se ahorrarán ocho millones al año a las arcas públicas. Con una población de menos de cerca de un millón de habitantes, la isla de Mallorca recibe diez millones de turistas al año, la mayoría del Reino Unido y la República Federal Alemana

Durante nueve meses al año, sin los residuos de la población turística flotante, la empresa de la incineradora la cree infrautilizada. En la temporada de invierno hay meses huecos, de escasa cremación y bajo nivel de producción de electricidad. Ahí nace el plan de deslocalizar la eliminación de basuras continentales en una isla de la periferia. Con combustible continental se compensará el negocio de las mayoristas del horno de Tirme que pretendían repercutir las pérdidas de explotación (por la temporada baja) a los residentes contribuyentes.

La compleja y polémica operación se quiere iniciar en 2013. La importación de residuos inertes empaquetados se anuncia inevitable y, en todo caso, se presenta a manera de bálsamo para los bolsillos de los ciudadanos. En plena crisis y angustia social, el PP dice que evitará que suba un 40% la tarifa de basuras.

El poder ha articulado un discurso de presentación adecuado, con reiteración de eufemismos. Así, a las partidas de residuos de importación se le llama material procesado, inerte, tratado bajo control y normativa de la UE,"biocombustible", "que no huele ni contamina". En este mismo código de mensajes, la incineradora es la "planta de energía verde" y se resalta que la mitad de la basura continental será biomasa.

En el plan insular de residuos de 2007, correspondiente a la etapa económica de expansión del consumo y del desarrollismo de la burbuja inmobiliaria, se calculó muy al alza la generación de detritus. Se eliminaron todos los vertederos y se duplicó la capacidad de cremación. El Gobierno balear y el Consell de Mallorca actuales cargan la responsabilidad final de la importación de basura sobre la izquierda y los nacionalistas del PSOE, PSM, Iniciativa-Verds (ex IU), por haber aprobado mientras gobernaban la ampliación de la incineradora y avalado la posible importación de residuos. Los aludidos lo niegan.