El doble rasero del Gobierno español con los subsaharianos

¿Por qué cuando un inmigrante subsahariano salta la valla de Melilla o desembarca de su patera en Tarifa se queda en España y cuando llega al islote de Tierra es entregado manu militari a Marruecos? Porque el Gobierno español incumple la legislación vigente.

El Ejecutivo calificó hoy de “éxito” el desalojo de madrugada por la Guardia Civil de los  subsaharianos de la Isla de Tierra, la mayoría entregados a las fuerzas de seguridad marroquíes, pero no explicó la diferencia de trato entre los que llegan al islote y los que acostan en una playa gaditana.

Se debe a una sola razón: tratar a toda costa de cerrar, con una medida llamativa, la nueva vía de acceso a España que se abrió, a partir de mayo, con el desembarco de pateras en el archipiélago de las Chafarinas y después en el de Alhucemas al que pertenece la Isla de Tierra.

Todos los juristas consultados coinciden en la ilegalidad de la decisión gubernamental. “Si están en territorio español se debe incoar el expediente de expulsión con las garantías requeridas y con la asistencia de un abogado”, asegura, por ejemplo, la letrada Helena Echeverri, experta en extranjería.

“¿Quién nos dice que algunos de los inmigrantes no estaban perseguidos en su país y querían solicitar asilo en España?”, se pregunta Echeverri. Amnistía Internacional y el Comité Español de Ayuda al Refugiado también señalaron hoy que el Ejecutivo vulneró la legislación española sobre extranjería y asilo.

“No se les puede tratar distinto modo en función del territorio español al que han llegado”, sostiene un jurista y diplomático del Partido Popular que prefiere permanecer en el anonimato. “Ahora va a resultar que hay una soberanía española menos protectora que otra”, comenta.

El Gobierno socialista también recurrió a esta modalidad de expulsión en octubre de 2005, cuando cientos de subsaharianos intentaban casi a diario franquear –y con frecuencia lo conseguían- las verjas que circundan Ceuta y Melilla. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega solicitó entonces a Marruecos devolverle a 72 inmigrantes que lograron entrar en Melilla, y Rabat lo aceptó a condición de que se le entregasen en Tánger y no a través de la frontera de la ciudad autónoma. Fue necesario primero trasladarse de Melilla a Algeciras y de ahí a Marruecos.

El Consejo General de la Abogacía Española y el Comité Español de Ayuda al Refugiado denunciaron en su día ese acuerdo porque no se llevaron a cabo “todos los procedimientos de devolución o expulsión, con las debidas garantías, y siempre contando con la preceptiva asistencia de un letrado”.

Fue la primera vez que Rabat aplicó a los subsaharianos el convenio sobre readmisión de inmigrantes suscrito en 1992 por los ministros de Interior Driss Basri y José Luis Corcuera. Hasta entonces acogía a los marroquíes, pero rechazaba casi siempre a los demás porque, alegaba, no se podía demostrar que habían salido de Marruecos rumbo a España. Hoy ha sido la segunda vez que lo ha cumplido porque, entre otros motivos, le era difícil negar que los “náufragos” de la Isla de Tierra hubieran zarpado de la costa marroquí de Alhucemas.

El acuerdo de readmisión tampoco se aplica correctamente. En su artículo 5, España se comprometió a asegurarse de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzarán su viaje de regreso” al país donde residían. Ni qué decir tiene que el Gobierno español nunca ha pedido cuentas a Rabat.

La entrega, esta madrugada, de los subsaharianos a Marruecos se ha producido días después de que estos empezasen a asentarse en el islote. La mayoría de las entregas se llevan, sin embargo, a cabo en caliente y no dan lugar a ningún comunicado oficial. Ocurre con frecuencia que cuando el inmigrante logra saltar la primera valla que rodea Melilla, pero no la segunda, o cuando se queda atrapado en lo alto de la verja, los guardias le apresan y le colocan de nuevo en Marruecos aunque ya haya pisado suelo español. Las fuerzas de seguridad marroquíes no ponen reparos. Fernández de la Vega lo llamó, en 2005, “devolución en frontera”.