El Gobierno eleva la ayuda a algunos parados a costa de eliminarla a otros

Lo que se le dará de más a unos parados se le quitará a otros y así se mantendrá el mismo presupuesto global para los desempleados de larga duración. El Gobierno elevará a 450 euros la prestación para parados sin otros ingresos y con cargas familiares, pero a costa de quitar la ayuda a otros desempleados endureciendo los requisitos.

Anteayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció la subida de 400 a 450 euros para parados con dos personas a su cargo y cónyuge sin ingresos, pero no incluyó en su mensaje institucional y sin preguntas que el cobro de la prestación tendrá condiciones más duras para los nuevos beneficiarios. Ayer sí lo explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero añadiendo que la medida que se aprobará el viernes está todavía en estudio y aún no han sido cerrados los detalles.

En esa letra pequeña, que la ministra no mencionó siquiera y la vicepresidenta sí apuntó, está la cruz de la medida que ultima el Ejecutivo. Entre esos detalles estará endurecer las condiciones de acceso para quitar la prestación a quienes ya tengan determinados ingresos familiares. Según explicó, esa prestación es una “ayuda de última instancia” y va destinada casi a garantizar la subsistencia de parados de larga duración.

Añadió que se trata de hacerla más justa y equitativa. Así, podría ser denegada para jóvenes que formen parte de unidades familiares en las que sí haya ingresos elevados. Fuentes del Gobierno afirman que es una forma de fraude que jóvenes cobren los 400 euros y lo usen para pagar cursos o másteres, mientras siguen en domicilios familiares con otros ingresos.

Fuentes del Gobierno aseguran que se trata de tener en cuenta el llamado “colchón familiar”. En este momento, para cobrar esa prestación se exige que los ingresos familiares divididos entre el número de miembros no superen el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 481,05 euros mensuales, pero no se computan los ingresos de los padres. La intención del Gobierno es que en el nuevo decreto sí se tengan en cuenta esos ingresos, tal y como expuso ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, a los representantes de CC OO y UGT, Paloma López y Toni Ferrer, respectivamente. Hidalgo rechazó la pretensión de los sindicatos de hacer permanente la prestación. La vicepresidenta aseguró ayer, en conversación con periodistas en la sede del BOE, que en este momento hay un solapamiento de prestaciones en beneficiarios de los 400 euros. Aunque no se han cerrado los detalles, Sáenz de Santamaría descartó establecer baremos, por su complejidad técnica y la única escala será la de los 50 euros mensuales añadidos para quienes tengan dos personas sin ingresos a su cargo y un cónyuge que no declare tampoco salarios ni prestaciones.

La número dos del Gobierno explicó también que el decreto incluirá condiciones de empleabilidad, es decir, exigencias más duras para que esos parados no puedan rechazar cursos u ofertas de empleo. Ahora ya se exige aceptarlos, pero el Gobierno busca fórmulas para endurecer los requisitos. “Mayor rigor” fue su expresión.

Reiteró que no se destinará más dinero a lo que se conoce como Plan Prepara y, por eso, el sobrecoste por la ayuda adicional debe salir de la reducción de beneficiarios. Tanto las nuevas exigencias como el aumento de la cuantía serán para nuevos solicitantes, no para los que ya la reciben.

El Gobierno no ha cuantificado el número de personas a las que afectará la supresión de la prestación y la subida a los 450 euros. El Plan Prepara fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora termina su vigencia. Rajoy anunció in extremis su renovación, antes de que miles de parados de larga duración quedaran sin ingresos. Ayer se reunió durante una hora con el Rey en la zarzuela y le informó, entre otros asuntos, del plan.

Antes de conocerse esos detalles, el PSOE hizo saber que le parecía bien la subida de 400 a 450 pero que esperaría a “la letra pequeña”, informa Vera Gutiérrez Calvo. “Una cosa son los anuncios enlatados de la ministra Báñez y otra cosa suele ser el BOE”, advirtió el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina.