Mayoría aplastante
La estrategia tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un error monumental
Sin dinero no hay Estado. De esto fue muy consciente el primer constituyente democrático del mundo, el de los Estados Unidos de América. “El dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y que le permite ejecutar sus funciones más vitales”. En estos términos se expresaría El Federalista en su número XXX, primero de los dedicados al poder tributario de la Federación. El primer país del mundo que se constituyó democráticamente ha tenido el éxito que ha tenido, entre otras razones, porque tuvo presente desde el primer momento que, constituyéndose como una Federación, tenía que mirar de frente el problema de la financiación. Ningún país políticamente descentralizado puede operar establemente sin que ese problema esté resuelto de una manera que sea aceptada de forma muy mayoritaria tanto por el todo como por las partes que lo constituyen. Sin un consenso simultáneamente nacional y territorial sobre la financiación no es posible que un Estado políticamente descentralizado pueda asentarse primero y, llegada una situación crítica, sobrevivir. Los ciudadanos del Estado y de las distintas comunidades autónomas necesitan tener la percepción de que el esfuerzo de financiación del Estado es equitativo.
Esto es así siempre, pero mucho más cuando el país tiene que enfrentarse a una situación de emergencia, como le está ocurriendo a España desde hace unos años. La crisis económica está afectando ya a la ejecución “de las funciones más vitales” del Estado, incluyendo en dicho concepto las que tienen que ejecutar las comunidades autónomas. La escalada de la emergencia hace insoslayable que nos replanteemos cuál es el contenido y alcance de esas funciones más vitales.
En esas estamos en este momento. Hemos perdido ya demasiado tiempo. Se perdió con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en la segunda mitad de la pasada legislatura. Y se ha perdido con el Gobierno de Mariano Rajoy, que conviene recordar que fue investido hace ya algo más de siete meses. Es verdad que es poco tiempo para hacerlo responsable de la evolución de la crisis desde su investidura hasta hoy, pero no lo es menos que es tiempo más que suficiente para que hubiera puesto en marcha un procedimiento para analizar conjuntamente entre todos los partidos y entre el Estado y las comunidades autónomas cual es la estrategia que se tendría que seguir y como habría que transmitir conjuntamente a los ciudadanos la distribución de los costes para hacer frente a la emergencia.
Lo más preocupante de la situación es que, sabiendo como sabemos que estamos en una situación límite, carecemos de un plan consensuado, política y territorialmente, sobre como tenemos que enfrentarnos con el problema. Esto es lo que el país necesita con urgencia. El Gobierno tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen una mayoría muy amplia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero esas mayorías son condición necesaria pero no suficiente para dar respuesta al problema con el que el país tiene que enfrentarse. De ahí que la estrategia de la “mayoría aplastante”, en palabras de Cristóbal Montoro tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sea un error monumental. Además de no ajustarse a la realidad, ya que las comunidades gobernadas por el PP son 11 y las que estuvieron en contra son 4, pero las 11 gobernadas por el PP cuentan con 22.236.437 ciudadanos y las otras 4 19.171.976. En número de comunidades la mayoría es aplastante, en población no lo es.
En todo caso, esto es irrelevante en estos momentos. Lo decisivo es que con esas mayorías el PP puede aplastar al PSOE y a los demás partidos parlamentarios o a las comunidades autónomas en que no gobierna, pero no movilizar las energías necesarias para salir de la emergencia en que nos encontramos. El problema del Gobierno no es ganar votaciones en el Congreso o en el Consejo. El problema es convencer a los ciudadanos en España y a los Gobiernos de los demás países de la Unión Europea en general y a los del Eurogrupo en particular de que realmente tiene una estrategia que puede conducir a la salida de la crisis. A estas alturas del guión el voto de los parlamentarios del PP o de los Gobierno de las comunidades que dirige no añade nada a la credibilidad del presidente del Gobierno. Ni dentro ni fuera. No estamos ante un juego de mayoría y minoría en las instituciones, sino ante un problema de supervivencia de la fórmula de gobierno que ha presidido la convivencia desde la transición.
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