El Gobierno de Mas sufre su tercera gran crisis de tesorería del último año

Los apuros de la Generalitat para afrontar sus pagos no constituyen un episodio aislado. En el último año, en al menos tres ocasiones, el Ejecutivo catalán ha tenido que recurrir al impago de las nóminas de los empleados o de los conciertos con hospitales, escuelas y otros centros sociales para hacer frente a los vencimientos de su deuda, cuya devolución ya es por ley prioritaria ante cualquier otro gasto.

Nóminas y conciertos, de hecho, son dos caras de la misma moneda: Cataluña es la comunidad con una menor proporción de empleados públicos —el 10% de todos los trabajadores— precisamente por el peso de los conciertos, muy superior al de otras autonomías.

La primera gran crisis de liquidez, en septiembre del año pasado, la pagaron los hospitales concertados y las residencias de ancianos, discapacitados y drogodependientes. Entonces el Ejecutivo de Artur Mas (CiU) decidió que no se abonarían las cantidades que debían aportar a estos centros durante dos meses.

Ese impago debía ser “puntual”, pero en diciembre la Generalitat volvía a encontrarse con el agua al cuello y anunciaba retrasos en el pago a proveedores y de la retribución de Navidad de sus trabajadores. El PP catalán ha afeado otra crisis de las arcas catalanas en marzo que, según dice, se resolvió con un anticipo de 545 millones del Gobierno central que permitió pagar nóminas. Y ahora, en julio, han sido los conciertos con hospitales, escuelas o residencias los que han tenido que asumir de nuevo la última crisis de tesorería.

Este nuevo episodio viene a constatar el estado crítico en el que se hallan las arcas catalanas. Los cinco planes de austeridad aplicados desde 2009 están deprimiendo una economía que, como la del conjunto del Estado, sigue contrayéndose, destruyendo empleo y viendo cómo sigue desplomándose la recaudación de impuestos, lo que impide taponar el boquete de sus cuentas públicas.

Los responsables económicos de la Generalitat llevan meses dedicados a renegociar créditos para devolverlos más tarde y tratar de hallar alguna ventanilla en la que hacerse con un nuevo préstamo tras comprobar que los mercados siguen cerrados a cal y canto. Asfixiado por una deuda de 42.000 millones, el Ejecutivo de Mas ya ha anunciado que acudirá al Fondo de Liquidez Autonómica. Lo que ahora esperan sus proveedores es que la cantidad que solicite, que todavía no ha determinado, sea suficiente para dotar a las arcas de la Generalitat del músculo suficiente para atender las obligaciones de al menos este año. De momento, ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo estar dispuesto a “atender” los apremios de Cataluña siempre que el “lenguaje” sea de “entendimiento y coincidencia” y no pase por “propuestas” que “hoy día no tienen mayor sentido”, en referencia al pacto fiscal que salió del Parlamento catalán.