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Casi nueve meses en manos de terroristas de una rama escindida de Al Qaeda

La confusión ha reinado en el tiempo transcurrido desde el rapto de Fernández y Gonyalons

Imagen de la prueba de vida enviada por los terroristas en diciembre.
Imagen de la prueba de vida enviada por los terroristas en diciembre. AFP

Han pasado casi nueve meses desde que, la madrugada del 22 al 23 de octubre de 2011, los dos cooperantes españoles Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons y la italiana Rosella Urru fueron secuestrados en los campamentos de refugiados saharuais en Tinduf (Argelia). Desde entonces, ha habido más confusión que certezas en relación con su desaparición. Los activistas han estado en manos de una rama escindida de Al Qaeda en el Magreb.

Alrededor de la medianoche del pasado 23 de octubre, una decena de hombres vestidos de militares, a bordo de al menos un par de todoterrenos, irrumpieron en Rabuni, el centro administrativo de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, pegado a la ciudad argelina de Tinduf, y se dirigieron hacia el edificio donde se alojan los cooperantes extranjeros que no residen en los campamentos de refugiados saharauis.

Tras un breve tiroteo, capturaron a Ainhoa Fernández de Rincón, madrileña de 32 años que trabajaba para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura, a Enric Gonyalons, mallorquín de 26 años afiliado a la ONG Mundubat, y a Rossella Urru, italiana, del Comité de Cooperación Italiano para el Desarrollo de los Pueblos.

Un cuarto cooperante, el navarro Alberto Jiménez Vallés, de la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras, se salvó por los pelos. Había salido al exterior de la residencia de huéspedes extranjeros para buscar mejor cobertura telefónica -en la zona es muy débil- y poder hablar cómodamente con su mujer.

El Frente Polisario, el movimiento que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, atribuyó inmediatamente el secuestro a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), la rama norteafricana de la organización terrorista. Primero lo dejaron caer en un comunicado, y poco después, su representante en Argel, Brahim Gali, fue más explícito: "Acuso directamente a Al Qaeda en el Magreb de estar detrás del secuestro de esos tres extranjeros", declaró a la agencia AFP. La por entonces ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, aseguró que no había habido ningún grupo que reivindicara el secuestro, por lo que atribuir el rapto a Al Qaeda era una "mera especulación".

El grupo terrorista AQMI suele asumir la autoría de los secuestros, pero antes incluso de que se produjera la reivindicación, el ministro marroquí de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, también atribuyó públicamente a Al Qaeda el rapto. Durante una visita de su homólga española a Rabat, unos días después del secuestro, Fassi dio por hecho que los rehenes estaban ya en el norte de Malí, donde el grupo tiene su base, y afirmó que se trataba del "mismo tipo de caso" que el sufrido por los tres cooperantes catalanes capturados en noviembre de 2009 por Al Qaeda del Magreb en Mauritania. Jiménez reiteró que cualquier afirmación sobre la autoría sería una especulación, “ante la falta de informaciones fiables y contrastadas”.

Fuentes de la seguridad mauritana indicaron también que el secuestro de los tres cooperantes había sido planificado por el argelino Mokhtar Belmokhtar, apodado El Tuerto porque perdió un ojo en una refriega en Argelia, el mismo jefecillo de Al Qaeda que en noviembre de 2009 capturó a tres voluntarios catalanes en la principal carretera de Mauritania, a 170 kilómetros al norte de Nuakchot.

Según fuentes conocedoras de la zona, los secuestradores y sus rehenes llegaron en la noche del 24 al 25 de octubre al norte de Tombuctú, en Malí, área que estaba en manos de El Tuerto, considerado como el más dialogante de los cabecillas de la rama magrebí de Al Qaeda.

El ataque contra la residencia de cooperantes extranjeros en Rabuni era un encargo de algún jefe de katiba (célula terrorista) de los que operan en Malí, probablemente Mokhtar, no siendo perpetrado directamente por miembros de AQMI. Esas fuentes afirmaron que para franquear los controles del Ejército argelino y del propio Polisario, tuvieron que contar con complicidades en el aparato de seguridad del movimiento independentista. A bordo del todoterreno en el que llegaron a Rabuni los hombres armados y vestidos de uniforme que apresaron a los cooperantes tenía que viajar algún saharaui capaz de dirigirse en hassanía, el dialecto árabe que se habla en el Sáhara Occidental y en Mauritania, a los vigilantes que custodiaban los accesos.

En diciembre, dos hombres fueron arrestados en un hotel de Noadibu (Mauritania) como presuntos responsables del secuestro. Las dos detenciones, según una fuente policial mauritana citada por la agencia France Presse, fueron fruto de una operación de la policía. La fuente policial informante, que quiso mantenerse en el anonimato, aseguró que los arrestados estaban implicados directamente en el rapto de los tres cooperantes. Los detenidos eran Maminna Alaaguir Ahmed Baba, nacido en 1982, uno de los supuestos autores materiales del asalto al campamento saharaui, y Aghdafna Hamady Ahmed Baba, nacido en 1979. Ambos se encontraban ilegalmente en Mauritania, y en el momento de su captura no facilitaron ninguna indicación sobre el paradero de los secuestrados.

A pesar de que Marruecos, el Frente Polisario e incluso Argelia apuntaban a Al Qaeda en el Magreb como el autor del secuestro, en el informe de noticias número 35 del grupo terrorista, en el que se recogían las supuestas operaciones de este grupo entre el 31 de agosto y el 21 de noviembre, no se hizo referencia al secuestro. El 8 de diciembre, la rama de Al Qaeda envió un comunicado en el que eludía “cualquier responsabilidad en el secuestro de los europeos en el campamento de Tinduf”.

Solo 36 horas después llegó la reivindicación, pero no de Al Qaeda en el Magreb, sino de un grupo terrorista desconocido, Jamat Tawhid Wal Jihad fi Garbi (Movimiento para la Unificación del Yihad en África del Oeste). A través de un comunicado enviado a la delegación en Bamako (Malí) de la agencia francesa AFP, se atribuyeron el rapto de los tres cooperantes. “Reivindicamos la operación que se desarrolló el 23 de octubre en Tinduf durante la cual dos ciudadanos españoles fueron secuestrados, así como una ciudadana italiana”, señalaba el escueto texto.

Hasta ese momento, el secuestro había sido el único de la historia reciente del Sáhara cuya autoría no había sido reconocida. Pero la reivindicación, lejos de dar pistas sobre la autoría del triple apresamiento, añadió una nueva dosis de opacidad. El grupo que la formulaba era desconocido y lo hacía a través de cauces y con un contenido nada habitual. Nunca una organización terrorista árabe había enviado sus comunicados a la delegación de AFP en Bamako porque, entre otros motivos, la lengua oficial del país es el francés y los que trabajan allí no hablan árabe. La reivindicación estaba redactada en los dos idiomas.

El 8 de diciembre los Gobiernos español e italiano recibieron una prueba de vida de los cooperantes. Se trataba de un vídeo de un minuto y 23 segundos de duración en el que cada uno de los rehenes se presentaba en su lengua, decía para quién trabaja y pedía a las autoridades correspondientes que hicieran todos los esfuerzos posibles para lograr su liberación.

Los tres rehenes aparecían en las imágenes rodeados de hombres armados. Curiosamente, varios de los captores a los que se veía eran de raza negra, algo nada frecuente en estos casos. Y en la versión original del vídeo, las caras de las dos mujeres no aparecían pixeladas, en contra de lo que suele ser habitual. Los captores enviaron un segundo vídeo en el que un portavoz de los secuestradores explicaba los motivos del rapto y formulaba varias reivindicaciones en árabe y en inglés.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación difundió el 12 de diciembre un comunicado en el que reconocía que tenía conocimiento del vídeo y que había informado a los familiares de los dos españoles. Agregaba que continuaba realizando "todos los esfuerzos posibles, con la máxima discreción y en colaboración con los países de la región, para obtener su pronta liberación”.

De hecho, el Gobierno español designó a un joven diplomático, pero con larga con experiencia en África subsahariana, Antonio Sánchez-Benedito, de 43 años, para tratar de desenredar este secuestro.

Se produjo entonces el cambio de Gobierno y, durante las Navidades, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con los familiares de los secuestrados para mostrarles su apoyo en unas fechas especialmente difíciles y garantizarles que el nuevo Gobierno no se había desentendido de la suerte de sus parientes. Se creía que Gonyalons y Fernández estaban en Malí, en poder de una escisión de Al Qaeda del Magreb Islámico que estaba utilizando el secuestro para conseguir su reconocimiento por parte de los cabecillas de la organización.

Según las autoridades saharauis, que anunciaron la detención de personas al parecer directamente relacionadas con el secuestro, los raptores trasladaron a las víctimas a una zona montañosa situada entre Mali y Níger.

El caos crecío entonces, cuando los medios italianos publicaron que la cooperante italiana Rosella Urru había sido liberada el 2 de marzo en Malí. El Ministerio del Interior italiano, sin embargo, no lo confirmó.

El pasado 3 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, viajó en secreto a Bamako (Malí) en un intento de impulsar las negociaciones para la liberación de los dos rehenes españoles. Durante su breve estancia, García Margallo pidió a las autoridades malienses la máxima colaboración para resolver este secuestro perpetrado por el grupo escindido de la rama magrebí de Al Qaeda, que se dedica más al contrabando que al terrorismo. La negociación para la puesta en libertad de Fernández y Gonyalons corría a cargo de un familiar de uno de los secuestradores, que reside en Bamako.

Coincidiendo con la visita de García-Margallo, la agencia de prensa AFP indicó que el Movimiento para la Unificación del Yihad en África del Oeste, que reivindicó el secuestro en diciembre, exigía 30 millones de euros, 10 millones por cada rehén, para liberar a sus tres cautivos, la cantidad más elevada jamás pedida para un rescate.

Pero, al margen de la cantidad solicitada, la situación en el norte de Mali, donde estaban los cooperantes, dificultaba el desenlace del secuestro. Desde mediados de enero la minoría tuareg volvía a empuñar las armas contra el Gobierno de Bamako para reivindicar la autonomía e incluso la independencia de la región.

En el mes de abril, cuando se cumplieron seis meses del secuestro, el ministro de Exteriores admitió que el golpe de Estado sobrevino cuando se estaba "muy cerca" de conseguir una solución para liberar a los dos activistas. Según explicó, el intermediario con el que estaba trabajando el Gobierno, un árabe maliense emparentado con uno de los secuestradores, "desapareció" después de que los militares sublevados se hicieran con el poder.

Este miércoles se ha sabido que los tres cooperantes han sido liberados en Malí y que se encuentran bien. Los dos españoles ya han hablado con sus familias, según ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

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