Un rinoceronte en la cristalería

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pone en dos meses a todos los jueces en su contra

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso.ULY MARTÍN

Pocas, muy pocas veces, un personaje público ha puesto de acuerdo en su contra a todo un colectivo con el que está condenado a entenderse, a pactar y negociar. Pero el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en menos de dos meses, ha puesto de acuerdo a la inmensa mayoría de la carrera judicial, empezando por todas las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre se había llevado de maravilla con la cúpula del PP, lo que le había servido para superar procesos espinosos como el caso Naseiro, o el caso Gürtel, en el que cuando no se ha acabado la instrucción, ya se ha expulsado al juez que inició la investigación, Baltasar Garzón, por las escuchas en prisión a los acusados y sus abogados.

Nada que ver con lo que le ocurrió al PSOE con Filesa o los GAL.

En los últimos 20 años el que ha controlado el mundo de la justicia, repartiendo prebendas, haciendo sugerencias, indicaciones y manejando ese mundo era el exministro de Defensa, Federico Trillo, que llevaba con discreción y prudencia la finísima tela de araña de esas relaciones.

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Desaparecido Trillo de la escena jurídica, Gallardón, que es fiscal de carrera, ha irrumpido arrasando. Aficionado a la visibilidad extrema, en su etapa de alcalde Gallardón convirtió Madrid en un queso Gruyer, suprimió los famosos scalextrics y, tuneladora en mano, sembró la capital de pasos subterráneos al tiempo que endeudaba las arcas municipales.

Cuando le encomendaron la cartera de Justicia, cuyas competencias están transferidas a muchas comunidades, Gallardón no se desanimó y se propuso ejecutar el programa del PP: vuelta a la elección de los vocales del Poder Judicial por los jueces, lo que beneficiaría a la conservadora APM; cadena perpetua revisable, aunque la legislación ya permite que los terroristas no salgan de prisión en 40 años; y revisión de la normativa sobre el aborto, eliminando la ley de plazos.

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Lo que fue una sorpresa es que, aprovechando las secuelas del desprestigio del Consejo del Poder Judicial por los viajes de fines de semana caribeños de su presidente, Carlos Dívar, Gallardón pretendiera meter una estocada de muerte al Consejo.

El ministro había encontrado en Dívar un aliado, que se plegaba a sus peticiones, lo contrario que los vocales de la APM, encabezados por Manuel Almenar, que tenían el control de los nombramientos de los cargos judiciales, en componenda con Margarita Robles, que controla hasta tres votos de Jueces para la Democracia.

Por eso, cuando estalló el escándalo del presidente, Gallardón, a través de su secretario de Estado, Fernando Román, que le fue impuesto, impartió instrucciones a sus vocales afines en el Consejo para que le mantuvieran en el cargo. Llegó a decir que Dívar saldría reforzado de la crisis.

Pero Dívar tenía los pies de barro y, pese a que la Fiscalía del Estado y 11 de los 15 compañeros de la Sala Segunda le echaron una mano, declarando que no había malversación, cada vez que trataba de ofrecer una coartada, alguien salía a desmentirle. La APM le puso en la tesitura de renunciar o ser expulsado. Y ante los números, a Dívar no le quedó otro remedio que acceder.

El ministro podía haber esperado que, debido a la tremenda división en el Consejo, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar. Y probablemente habría ganado. Pero su impaciencia le llevó a plantear un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una declaración de guerra a los jueces, ya que trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio.

De modo que todo el Consejo a excepción de sus cuatro vocales afines, Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se ha rebelado y clama venganza. Para ello resulta imprescindible que cristalice en un presidente presentable y que pueda hacer frente al rodillo de la mayoría absoluta del PP; aunque hace tiempo, al PSOE no le desagradaba una idea similar de desactivar al Consejo, por lo que no se descartan sus apoyos.

Los vocales llevan más de 14 horas de reuniones sin ponerse de acuerdo, pero son conscientes de que del martes —cuando está convocado el pleno— no puede pasar sin que la institución tenga nuevo presidente. Y mientras, Gallardón, se maneja entre los jueces con la desenvoltura de un rinoceronte entre piezas de cristalería.

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