Las protestas en las calles crecen y acaban con cargas policiales

“Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”. Esta consigna, que los mineros convirtieron en uno de sus lemas más emblemáticos durante la marcha negra hacia Madrid y que este viernes los funcionarios hicieron suya en las protestas contra los recortes, ilustra el sentir mayoritario de los empleados públicos: “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras nos quitan los derechos”, aseguró este viernes una funcionaria que participó en una de las protestas convocadas este viernes en la capital.

Los funcionarios de La Moncloa se han concentrado a las puertas del palacio y han abucheado al Gobierno

Las concentraciones espontáneas del jueves, se convirtieron este viernes en protestas más organizadas y no cesaron durante toda la jornada. Pero fue de nuevo la movilización frente a la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, convocada por Democracia Real Ya, la que aglutinó la movilización de mayor tensión. Lo que comenzó con centenares de personas concluyó con una marea de miles de ciudadanos que recorrió el centro de Madrid, pasó por la sede del PSOE en la calle Ferraz, tomó Gran Vía e intentó llegar hasta el Congreso, cuyos accesos estaban fuertemente custodiados.

El fuerte blindaje policial —tres furgones vigilaban el edificio del PP y otros seis intentaban mantener a los concentrados en la acera de enfrente— no pudo impedir que los manifestantes, alrededor de un millar, cortaran el tráfico de la calle Génova. Al menos una persona fue detenida tras una carga policial. “Esto nos pasa por un Gobierno facha”, “Mariano Rajoy aprovecha y vete hoy” o “el próximo parado que sea un diputado” gritaban los concentrados, que no se olvidaron en sus cánticos de la diputada del PP Andrea Fabra. Los socialistas le atribuyen la frase “que se jodan”, en alusión a los parados, que verán recortada su prestación por desempleo, aunque los populares lo niegan.

El PSOE también fue objetivo de protestas. Una vez concluida la concentración en la calle Génova, los manifestantes emprendieron, de forma espontánea, la marcha hacia la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE. En el camino, los manifestantes se cruzaron con la delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, a quien abuchearon. El lanzamiento de una botella desencadenó cargas policiales. Varias personas resultaron heridas y al menos hubo tres detenidos, entre ellos, una mujer de avanzada edad.

La mañana fue mucho más tranquila. Los funcionarios se manifestaron frente a sus centros de trabajo y volvieron a cortar de nuevo el tráfico en calles céntricas de Madrid como el paseo de la Castellana –unos minutos–, la calle Alcalá o la plaza del Cristo Rey –en torno a media hora–. En la Puerta del Sol, varios cientos de empleados públicos, la mayoría liberados sindicales, exigieron la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

Las concentraciones llegaron incluso a La Moncloa, donde sus trabajadores se manifestaron frente a las puertas del palacio y abuchearon a los miembros del Ejecutivo a su llegada a la reunión del Consejo de Ministros, el mismo que ayer aprobó el paquete de recortes más duro de la democracia.

Muchos de los funcionarios de Nuevos Ministerios, y sus vecinos de la Consejería de Educación y de Empleo de la Comunidad de Madrid, vistieron de negro “como señal de luto”.

Las movilizaciones de Madrid fueron las más numerosas, porque la capital concentra la mayoría de las Administraciones. Pero también hubo protestas en otras ciudades. En Valencia, unos dos centenares de trabajadores públicos se concentraron frente a la sede de la Ciudad de la Justicia al grito de “Manos arriba, esto es un atraco”.

También tomaron las calles en Cataluña. Los trabajadores de los diferentes organismos públicos se concentraron durante unos 15 minutos en sus centros de trabajo como muestra de rechazo al “nuevo ataque” del Ejecutivo a la función pública.

“El problema es que nosotros no somos el problema. Cuando se pone a la gente contra la pared, es el momento de decir ya basta”. José Miguel Zapatero, economista y funcionario del Ministerio de Agricultura, se muestra indignado con lo que considera “un insulto a la inteligencia”. Zapatero piensa que, con las medidas relativas a los funcionarios, no es que se toque el bolsillo: van a afectar al “pan de la gente”. Este empleado público lleva 27 años trabajando en la Administración y gana 940 euros mensuales. Hace falta recordar, insiste, que en este colectivo están “el médico que te cura; el bombero que te apaga el fuego” y “el profesor que da clase a tus hijos”.

Mientras, los sindicatos no se rinden. Su objetivo final es la huelga. Las centrales sindicales de la función pública están en pie de guerra contra el Gobierno central desde el anuncio el miércoles de medidas que les afectan en el salario —pierden la paga extra de Navidad— y en sus condiciones laborales —la reducción de moscosos—. Hasta ahora, CC OO y UGT han ido juntas, en tanto que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha ido por su cuenta y casi siempre alejada de las dos centrales anteriores. La situación ahora es de máxima gravedad, según la viven los funcionarios, y creen que ha llegado la hora de la unidad.

Todos tienen su cuota que aportar y aunque la CSI-F se va a adelantar en el anuncio de una huelga general para septiembre, no hay duda de que el resto de las centrales sindicales estarán en la misma posición. “Se trata de crear una plataforma sindical que englobe a todas las organizaciones de empleados públicos para aunar fuerzas”. Esta es la pretensión de los responsables sindicales, según indicaron a EL PAÍS en UGT, CC OO y la CSI-F. Pero son muchos más los sindicatos que representan a los funcionarios: dispersos por comunidades autónomas y por sectores profesionales.

Hasta entonces, hasta septiembre, los funcionarios no estarán quietos y, como se comprobará la próxima semana, ya tienen previstas algunas acciones de protesta. Cuentan con el apoyo de los partidos de izquierda, que el próximo miércoles aprovecharán la sesión de control al Gobierno para insistir en la protesta de los empleados públicos.

Con información de Anabel Díez, F. J. Barroso, Flor Gragera y Carlos Rico.