Gallardón ofrece ahora negociar el modelo de elección del Poder Judicial

Era el asunto central de la gran reforma de la justicia que promovía el ministro Alberto Ruiz Gallardón y que se adelantó en anunciar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su primera comparecencia en el Congreso en enero. Pero de momento el Gobierno ha dado un paso atrás, aunque no parece ni mucho menos definitivo.

El Ejecutivo apostó desde el primer día por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Apostaba por volver al modelo de los 80: dejar que sean los jueces quienes elijan directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial, y no los partidos. Los otros ocho tienen que ser designados por el Congreso y el Senado porque así lo señala la Constitución.

La elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces, prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, gane quien gane las elecciones. Por eso se cambió en los 90 y por eso el PSOE se opone radicalmente. Pero Gallardón dio ayer un giro a lo que parecía una ruptura anunciada y aseguró que el Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier fórmula para intentar buscar un gran acuerdo en este asunto con los socialistas. Esto es, que ya no pone encima de la mesa esa elección directa por los jueces como un requisito intocable.

La mayoritaria APM rechaza el modelo porque conduce a más politización

Aunque el ministro no lo dijo expresamente, parece evidente que el Ejecutivo intenta recuperar la malograda imagen del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Dívar. Y para eso buscar evitar la ruptura con el PSOE. Aún así, si la negociación no funciona, es muy probable que el Ejecutivo finalmente imponga su mayoría absoluta para cambiar la forma de elección del Poder Judicial y dejarla en manos de los jueces. Esto es, Gallardón habría ganado tiempo, pero con el mismo resultado final.

La respuesta del PSOE dejó clara la dificultad de este acuerdo. El portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, advirtió de que la elección de los vocales del Poder Judicial por parte del Parlamento es una cuestión “innegociable”. Si el PP aprovechara su mayoría absoluta para cambiarlo, “el PSOE a las 24 horas de recuperar la mayoría parlamentaria derogaría esa ley porque se trata de una ocupación por parte del PP del Poder Judicial”, avisó, porque implicaría dejar “en manos conservadoras de forma permanente e indefinida” ese órgano, informa Europa Press.

En su opinión, el “mensaje de despolitización” lanzado por el ministro es “incompatible” con las presiones e “interferencias” que han recibido algunos vocales por parte del Gobierno para resolver la crisis del caso Dívar. Aún así, se mostró dispuesto a negociar y saludó la oferta del ministro. “Hasta ahora, no ha negociado nada. Recibiré por primera vez la llamada del ministro y hablaremos en condiciones de igualdad de lo que haya que hablar”, remató.

Los progresistas no ven bien el cambio porque concede más poder a Justicia

Gallardón anunció además reformas concretas en otros aspectos del Poder Judicial que se llevarán a cabo en los próximos meses —habló de octubre—, porque de momento el Consejo de Ministros solo ha estudiado un informe de una Comisión de Expertos que el Gobierno asume. Por ejemplo, el nuevo jefe de los jueces será el único miembro del Consejo con dedicación exclusiva y por tanto con sueldo, mientras que los otros 20 vocales deberán seguir con su actividad principal y cobrar dietas por asistir a los plenos.

Además, se reducirán mucho las comisiones y todos los gastos estarán sujetos a la Ley de Transparencia y los viajes controlados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Es otra forma también de responder al escándalo de Dívar, pero no sentó nada bien a las asociaciones judiciales. Especialmente indignada se mostró la APM, conservadora y muy influyente en el PP. Su portavoz, Pablo Llarena, mostró su oposición porque, en su opinión, conduce a la politización de la justicia. En declaraciones a Efe, Llarena aseguró que el hecho de que los vocales del CGPJ no tengan dedicación exclusiva, a excepción del presidente, y de que se rija por una comisión permanente de cinco miembros “debilita la actuación independiente” de este órgano y “lo deja expuesto a un mayor control político”.

Mientras, la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, señaló que la propuesta “permite entrever cierto desconocimiento” sobre la labor de los vocales del Consejo. “No puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado”, alertó Bravo en un comunicado.

Mientras, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, también cree, como el de la APM, que la reforma pretende “subordinar el poder judicial al ejecutivo”. Cree que muchas de las funciones que ahora tiene el Poder Judicial serán asumidas por el Ministerio de Justicia y el Gobierno, por lo que la propuesta es “contraria al principio de separación de poderes del Estado”.