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La reforma del Poder Judicial despierta feroces críticas entre los jueces

Las asociaciones temen una debilitación del CGPJ que pone en jaque su independencia

La elección directa de 12 de los vocales por los jueces, aún sujeta a negociación en el Congreso

Ruiz Gallardón, durante una intervención en la sesión de control al Ejecutivo
Ruiz Gallardón, durante una intervención en la sesión de control al Ejecutivo

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no deja de cosechar un aluvión de críticas negativas por parte de asociaciones de jueces y políticos. La novedad que más ampollas ha levantado es la posibilidad de que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial, dado que una mayoría de jueces conservadores representaría su control permanente. El titular de Justicia ha dado, sin embargo, un volantazo con respecto a este punto, y ha afirmado que será sometido a un "diálogo parlamentario". La confirmación de que únicamente el presidente del Consejo tendrá dedicación exclusiva también ha despertado numerosas críticas, que apuntan a un desconocimiento de cómo funciona el órgano.  El temor por la debilitación de la tercera institución más poderosa del Estado es mayoritario. Estas son algunas de las reacciones:

Los progresistas Jueces para la Democracia: su portavoz, Joaquim Bosch, ha censurado la actuación de Ruiz-Gallardón, a la que califica de clandestina y secretista. En unas declaraciones hechas a la cadena Ser y recogidas por Europa Press, ha afirmado que resulta "incompatible" la intención del ministro de querer despolitizar la justicia, con el hecho de que haya presionado a los vocales para tratar de resolver la crisis ocasionada por el caso Dívar. Bosch piensa que la reforma persigue un interés muy concreto: el Gobierno busca despojar de funciones al poder Judicial  "para reservárselas para sí mismo". De acuerdo con Jueces para la Democracia, la propuesta es "contraria al principio de separación de poderes del Estado".

Para el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, que solo el presidente de la institución tenga dedicación exclusiva "es incompatible con la Constitución". Si bien sería positiva la reducción del número vocales con dedicación única —que ahora son 20— a un número de entre 5 y 8, la actual propuesta la ve "como un atentado contra el Poder Judicial". De acuerdo con el vocal designado a propuesta del PSOE, la organización que se plantea hará imposible las labores que garantizan la independencia judicial. "Imagínese a Carlos Dívar como único garante. ¿Qué habría ocurrido si no hubiésemos estado los demás?"

El portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, arremete contra la propuesta de forma tajante: "No puede ser más negativa". Por la reducción de comisiones y funciones, y por la eliminación de la dedicación exclusiva de los vocales, la institución quedará debilitada. Esta reforma convertiría el mandato en el CGPJ "en algo meramente formal y aparente, sin ninguna capacidad de actuación rigurosa, profunda y seria". El tema presupuestario tampoco es un motivo de peso. Según la APM, se ahorrarían tan solo 300 euros por vocal al mes, por las dietas que habría que pagarles durante su estancia en Madrid, donde se encuentra la sede del órgano.

El PSOE advierte que la elección de vocales por el Parlamento no está sujeta a negociación. El portavoz de los socialistas de Justicia en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha declarado a Europa Press que la designación directa de los 12 vocales acarrearía "una ruptura de las reglas del juego" con la que su partido no va a transigir. Villarrubia también insiste en que la declarada intención de despolitizar el Poder Judicial es un pretexto "para engañar a los ciudadanos". Se ha referido asimismo a las interferencias sobre algunos vocales por parte del Gobierno, que hacen dudar del mensaje del ministro. El portavoz ve la disposición de negociar de Ruiz Gallardón como una buena noticia, después de no haber dialogado nada, ha dicho, con el principal partido de la opisición.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha mostrado su preocupación ante un cambio que considera "drástico para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado". Bravo sostiene que, tras la intención de que solo el Presidente se emplee a tiempo completo, existe "un cierto desconocimiento" de la labor llevada a cabo por los vocales.

La Asociación de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria" —de inclinación centrista— ha hablado de que la propuesta de reforma apunta a la "eliminación" del CGPJ, ya que lo deja sin competencias. De acuerdo con el portavoz de la asociación, José Luis González Armengol, la medicina consiste en otorgar más poderes al órgano para lograr "una división de poderes como se merece el Estado español".

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, José Manuel Castillo Calvín, opina que la reforma que plantea Ruiz Gallardón es "profunda y necesaria" y que garantiza la "eficiencia e imparcialidad" del Poder Judicial. A esto, Castillo añade otra repercusión de la medida: mejorar la percepción que el ciudadano tiene del sistema.