El Gobierno balear lleva a la fiscalía por fraude a la empresa que limpia Marivent

El Gobierno de Baleares ha trasladado por escrito a la Fiscalía sus sospechas sobre la existencia de un posible fraude continuado por parte de la empresa privada que lleva a cabo la limpieza del Palacio de Marivent, residencia veraniega de la Familia Real. Estos trabajos se abonan desde las arcas públicas autonómicas, para las que Baleares destina al año 1,7 millones. Marivent es de titularidad balear, por donación de un mecenas griego en 1965.

La compañía privada de limpieza Lireba factura 250.000 euros, cada dos años, por sus trabajos de mantenimiento, a los que, según contrato, debe dedicar siete personas cada día. La adjudicación del servicio fue directa, negociada y sin publicidad y se ha renovado en dos ocasiones.

Los registros de seguridad del complejo no acreditan que a lo largo de las jornadas laborales del año los siete trabajadores entren diariamente a trabajar en el recinto. Se supone que las facturas justificativas no responden a la realidad. El diario Ultima Hora desveló el caso y el Gobierno balear, tras un análisis de la Abogacía de la Comunidad, lo comunicó al Ministerio Público para que valore si se ha de formular una acusación por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad. En cuatro años se habría desviado medio millón de euros.

El complejo de Marivent, escenario de las vacaciones de verano y primavera de la familia real, en su mayor parte es propiedad de la administración de Baleares y otra parte, menor, pertenece al Patrimonio Nacional. El palacio levantado en 1923 y su entorno fueron cedidos a la extinta diputación de Baleares, en 1965, por la viuda del filántropo griego que lo levantó y dio nombre, Juan de Saridakis. La mansión y sus colecciones de arte debían destinarse a museo abierto al público. La condición se cumplió parcialmente y después quedó vetada, por razones de seguridad.

Desde finales de los años 70, Marivent está cedido en uso a don Juan Carlos. Los herederos de Saridakis y su esposa Ana Marconi pleitearon desde los años 80, al entender que se habían vulnerado las condiciones de la donación. Por la vía de los tribunales los Saridakis-Marconi recobraron las colecciones de arte, libros y cerámica. Y después vendieron al Estado unos terrenos que aún poseían en la zona y la reclamación quedó zanjada.