Exteriores blinda todos sus documentos

¿Qué tienen en común las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, la petición del plácet para el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Londres, los preparativos del viaje del Rey a Brasil y Chile, las gestiones en apoyo a Repsol en Argentina o la candidatura de Miguel Ángel Moratinos a dirigir la FAO?

A simple vista, que se trata de asuntos que interesan a la opinión pública y sobre los que los medios de comunicación han informado regularmente sin que por ello se conmuevan los cimientos del Estado. Pero, también, que encajan en un listado de 17 asuntos que el Ministerio de Asuntos Exteriores considera secretos o reservados. Un listado tan exhaustivo y, a la vez, tan genérico, que prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas queda blindado por la ley de la opacidad y el silencio.

Así han podido comprobarlo dos investigadores, Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos presentaron, el 5 y el 12 de marzo pasados, respectivamente, sendos escritos en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores en los que solicitaban consultar documentación, aparentemente inocua, para una investigación académica.

El primero pidió acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982; el segundo reclamó los documentos referentes a las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.

La respuesta que recibieron fue idéntica. La secretaria general técnica del ministerio, tras consultar con el director general correspondiente, denegó el acceso a la documentación por considerar que “está comprendida en el ámbito del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores”.

El desconcierto de los historiadores fue mayúsculo: en la referencia del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 no figura ningún acuerdo ni remotamente parecido, y tampoco se difundió en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así pues, el acuerdo por el que se declaraban secretos los documentos que querían consultar era secreto. O, al menos, nunca se había hecho público. Lo que resulta sorprendente, pues las leyes españolas castigan el delito de revelación de secretos y ese acuerdo extendía sus límites.

Sanz Díaz reclamó el acuerdo de Consejo de Ministros que cercenaba su investigación y, finalmente, el pasado 9 de mayo, 19 meses después de que el Gobierno —entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero— lo aprobase, el Ministerio de Asuntos Exteriores le remitió una carta en la que lo reproducía por vez primera, sacándolo a la luz.

El texto ocupa cuatro folios y consta de un preámbulo y cuatro artículos. El primero detalla 14 materias que se clasifican como secretas, por considerar que su “revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad o defensa de España o de sus aliados y amigos”. Esta definición se ciñe a lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. El problema es que a Exteriores le pareció poco y amplió el secreto a la protección de “los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales [de España y sus aliados] y las relaciones diplomáticas con terceros países”. Eso justifica, por ejemplo, que se consideren secretas las “posiciones básicas de España” en negociaciones internacionales o las informaciones que afecten no ya a la integridad territorial de España, sino a la de países amigos.

Incluso si el riesgo derivado de su eventual difusión no fuese grave, el documento seguiría vedado al público, aunque con una protección menor: reservado en vez de secreto. Serán reservadas, por ejemplo, las entrevistas con mandatarios extranjeros o las gestiones en apoyo de empresas españolas en licitaciones en el extranjero (como la construcción del AVE a La Meca).

Para más inri, el acuerdo no acota temporalmente su aplicación, lo que provoca que se denieguen a los historiadores documentos con más de 40 años.

¿A qué responde tal empeño de secretismo? En noviembre de 2008, EL PAÍS publicó unos documentos secretos —conocidos como papeles de Guantánamo— que revelaban que el expresidente José María Aznar había autorizado en enero de 2002 la escala en España de aviones de EE UU con prisioneros para el penal ilegal de Guantánamo. La difusión de estos documentos llevó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a anunciar en el Congreso un “golpe de timón fuerte” para evitar filtraciones y la creación de un grupo de trabajo, presidido por la subsecretaria María Jesús Figa, para revisar las normas de clasificación de documentos e incluso la propia Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. Se descubrió que los sellos de secreto que con prodigalidad ponían los altos cargos de Exteriores carecían de cualquier cobertura legal, pues faltaba el paraguas del Consejo de Ministros, el único habilitado para hacerlo.

La decisión se fue demorando y no llegó hasta octubre de 2010, semanas antes de que Moratinos cesara en el cargo. Entre las materias secretas se incluyeron las escalas de aviones, como los que pasaban por España rumbo a Guantánamo. Además, en julio, había estallado el escándalo de Wikileaks, la filtración de miles de informes del Pentágono sobre la guerra de Afganistán. En noviembre, EL PAÍS, junto a media decena de grandes diarios, iniciaba la publicación de 250.000 cables del Departamento de Estado, que incluían revelaciones sobre las relaciones entre Madrid y Washington. EE UU optó por revisar las normas de custodia de sus documentos. España cubrió los suyos con el manto del secreto.