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Las consecuencias de la crisis en las comunidades

Mas clama contra la austeridad obsesiva de Rajoy al recortar otros 1.500 millones

Cataluña suprime subvenciones y prepara más despidos en empresas públicas

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, durante su comparecencia de ayer. Ampliar foto
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, durante su comparecencia de ayer.

Las medidas de austeridad, o se aplican por igual en todas partes, o no tienen ningún sentido. Este es el mensaje que lanzó este martes el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la tercera comparecencia que tiene que hacer en un año y medio para anunciar una oleada de recortes. Esta vez tocaba ajustar el Presupuesto en cerca de 1.500 millones y Mas optó, como en ocasiones anteriores, por explicar él mismo los ajustes. Lo hizo en una conferencia de prensa de cerca de dos horas. “He procurado dar la cara siempre en los momentos complicados”, dijo, en clara contraposición a la actitud que mantiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Lo que puso de relieve la comparecencia de Mas es que la política de austeridad que Cataluña se ha recetado a sí misma desde finales de 2010 empieza a pasar factura a su Gobierno y a la economía sin que se vea luz al final del túnel. De ahí que el presidente advirtiera que la austeridad es defendible como “un valor”, pero no cuando se convierte en una “obsesión”. Este mensaje llega en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este jueves y que debe discutir los planes de equilibrio financiero de todas las autonomías.

Tras cinco planes de austeridad —tres de ellos de la Administración de Mas—, el Gobierno catalán considera que tiene autoridad moral para plantear en ese foro los efectos perniciosos que está teniendo la austeridad a secas y que, tras la poda, ya no tiene de dónde recortar. Ese será el mensaje que llevará Mas-Colell. El consejero, que se confiesa detractor del “keyneasianismo en un solo país”, pedirá que España haga lo posible para que la Unión Europea incorpore las políticas de crecimiento en su agenda, a la vez que reclamará de nuevo al Ejecutivo de Rajoy herramientas y cambios normativos que le permitan aplicar, por ejemplo, el copago por la atención médica. “Menos reñir a las autonomías y más hacer los deberes”, afeó Mas a Rajoy.

Con todo, el presidente catalán se esmeró en defender la nueva oleada de recortes aprobada para intentar cumplir el límite de déficit del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). La mayor parte de las medidas ya estaban anunciadas, pero el Gobierno catalán confirmó que despedirá unos 1.500 empleados de sus empresas públicas antes de fin de año, recortará hasta 400 millones en subvenciones y cobrará una nueva tasa sobre los estudiantes de ciclos formativos de segundo ciclo. Lo que no hará será instaurar con carácter inmediato el impuesto de Sucesiones que el tripartito había reducido y CiU había eliminado también a los grandes patrimonios. Si se restaura, será el año que viene, de manera que en octubre Mas-Colell deberá tener preparado un informe para reformar la fiscalidad catalana.

El punto débil del plan de recortes anunciado por el presidente de la Generalitat es que buena parte del supuesto ahorro de 1.500 millones se deriva de la aplicación de los decretos del Gobierno central sobre sanidad y educación, que prevén un recorte global de 10.000 millones en el conjunto de España. Y aquí las cifras no cuadran en absoluto, especialmente porque hace tres semanas el Ejecutivo catalán aseguró que estos decretos permitirían ahorrar escasamente 150 millones de euros en Cataluña. Elevó esta cifra hasta 1.068 millones de euros, de los cuales 748 millones provendrán del ámbito sanitario y otros 320 millones del educativo.

El propio presidente de la Generalitat admitió que algo no cuadraba y optó por luchar contra el Gobierno central con sus mismas armas. “Si ellos dicen que con estas medidas se cumple con el déficit, les vamos a hacer caso”, dijo con un tono que daba a entender una fuerte incredulidad. De hecho, lo que pide el Gobierno catalán insistentemente desde hace semanas es que el Ejecutivo central permita medidas mucho más agresivas para recortar déficit, entre ellas cobrar cinco euros por día de hospitalización o cobrar todo el importe de los medicamentos a las rentas elevadas.

El plan de medidas se completa con una tasa para la Formación Profesional de grado superior, una reducción “significativa” de las transferencias a las empresas públicas, que conllevará reducción de plantillas en algunas de ellas; la congelación de la concesión de subvenciones y, sin concretar, algunas privatizaciones y venta de patrimonio inmobiliario. El grueso de estas medidas ya están incluidas en los Presupuestos vigentes, pero la Generalitat ha decidido concretarlas algo más, con la finalidad de que mañana su plan de equilibrio consiga el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Mas no pudo prometer que esta sea la última dosis de austeridad para Cataluña. Aun así, el presidente aseguró que si consigue arrancar de Rajoy un pacto fiscal, que de momento va adoptando la forma de un concierto económico, no habrá más recortes. No es la primera vez que Mas vincula los recortes con el déficit fiscal de Cataluña con el Estado, pero este martes el presidente dio un paso más y anunció que antes del verano convocará una cumbre con todos los grupos parlamentarios para poner las bases de la negociación de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat.

Los recortes del nuevo plan catalán

  • La rebaja del 5% del sueldo de los empleados públicos de la Generalitat se extiende ahora a los complementos autonómicos que cobran determinados funcionarios del Estado en Cataluña. Con ello, el ahorro en salarios pasará de los 625 millones de euros previstos a 729 millones.
  • Reducción de plantilla en las empresas públicas de la Administración catalana, que recibirán menos fondos. Se prevé despedir a 1.475 empleados públicos. La medida estaba anunciada desde otoño, pero aún sigue en estudio. Afectará previsiblemente a la constructora pública Gisa o a la Agencia Catalana del Agua, entre otras.
  • Reducción de las subvenciones que requieran concurso público. De momento, todas las convocatorias quedan suspendidas. Esta medida supondrá un ahorro de hasta 400 millones de euros. Es nueva y era una exigencia del Partido Popular, el socio preferente de Convergència i Unió.
  • Renegociación de deudas correspondientes a obras públicas ejecutadas. El Gobierno catalán ha renegociado pagos pendientes por la ejecución de obra pública, lo que supondrá aplazar hasta 2014 el abono de 688 millones de euros. La medida se adoptó la semana pasada. La mayor parte de las obras que eran susceptibles de ser paradas ya se interrumpieron hace meses.
  • Venta de edificios de uso administrativo y de las empresas públicas Tabasa (de infraestructuras) y ATLL (de aguas). El Gobierno de Mas lleva casi un año tratando de venderlas, sin éxito. Ambas ventas están ya presupuestadas desde marzo en 888,2 millones.
  • Aplicación de las medidas de los decretos del Gobierno central en salud y educación. La Generalitat aseguró el mes pasado que la aplicación de estas medidas solo le permitiría ahorrar 150 millones este año. Mas ha cambiado de discurso y ahora confía ahorrar 748 millones en salud y otros 320 millones en educación. No ha concretado cómo.
  • La Generalitat estudiará para 2013 una propuesta para subir tasas, tributos propios y precios públicos. Esto puede abrir la vía a recuperar el impuesto de Sucesiones, que el tripartito redujo en 2009 y el Gobierno de CiU eliminó el año pasado incluso para los patrimonios más elevados. Este año el Gobierno catalán sí aplicará una nueva tasa sobre los ciclos formativos de grado superior.

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