Andalucía baja sueldos, sube impuestos y aplaza obras para no reducir servicios

Menos salarios y más impuestos, pero sin despidos ni privatizaciones. El mayor recorte de la autonomía andaluza lo aprobó ayer el primer Gobierno de coalición del PSOE e Izquierda Unida en su segunda reunión desde que tomó posesión, hace justo una semana. Lo notarán de una forma u otra todos los andaluces, pero, especialmente, el bolsillo de cada uno de los 261.399 empleados públicos de la Junta de Andalucía a partir de este mes y, sobre todo, en junio, cuando reciban la paga extra de verano sin complementos. Esto significará una rebaja de alrededor del 5% de media de los sueldos, unos 3.000 euros al año. Todo para tratar de contener el déficit este año en el 1,5% del PIB, siguiendo las órdenes del Gobierno central por imposición de Bruselas.

El plan económico y financiero que Andalucía remitió ayer al Ministerio de Hacienda y que llevará para su aprobación el jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevé reducir salarios, subir impuestos, cancelar obra pública nueva, amputar gastos corrientes, rebajar retribuciones de los altos cargos, limitar las ayudas a los sindicatos y el pago a los liberados sindicales, y congelar las tasas de reposición de vacantes, entre otras medidas. Todos los trabajadores aumentarán su jornada laboral a 37,5 horas, en cumplimiento de la normativa estatal.

Todo este paquete supondrá reformar el Presupuesto autonómico de 2012 en 3.500 millones de euros: 2.500 por la reducción del gasto y 1.000 millones por el aumento de ingresos. Al contrario que en Cataluña, donde compareció Artur Mas, el “recortazo”, como lo llamó el líder del PP, Javier Arenas, no lo defendió el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sino la consejera de Hacienda y Administración Pública, la socialista Carmen Martínez Aguayo.

La premisa en la que ha trabajado ha sido la de evitar los despidos de 30.000 personas en el sector público (aunque habrá contratos que no se renovarán) y mantener el número de alumnos por aula, lo que evitará la rescisión del contrato de más de 7.000 interinos que hacen trabajo de sustitución.

El grueso del recorte de 2.500 millones del gasto va a costa de los salarios públicos (777 millones), la caída de la inversión (570 millones) y la reducción de partidas finalistas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (619 millones), entre ellas las que afectan a los programas de guarderías, libros de texto gratuitos o fomento de empleo, que supondrán 304 millones menos.

La paga extra de los empleados públicos de los meses de junio y diciembre no tendrá ningún complemento ni pluses. Con esta amputación, el ahorro previsto será de 315 millones. Pero los que más lo van a notar las medidas son los interinos: van a ver reducida su jornada laboral en un 15% y su salario descenderá en la misma medida. El pellizco que supone este tijeretazo es de 148 millones. No serán las únicas decisiones que afecten a la cuenta corriente de las personas que trabajan en la Junta. Los beneficios que tienen funcionarios y personal laboral, como planes de pensiones o gratificaciones por jubilación o las llamadas ayudas sociales, también se van a eliminar para ahorrar 136 millones. Y las personas que trabajan en el sector público tendrán seis días para asuntos propios (y no ocho) y no tendrán complementos retributivos vinculados a objetivos.

Los altos cargos también van a notar la tijera. La reducción a la mitad de la Administración periférica y de las retribuciones de los altos cargos apenas supone un 0,08% del total del recorte del gasto. Aún así, el presidente de la Junta, consejeros y viceconsejeros se bajarán un 5% su sueldo. El sueldo de Griñán es igual al de un ministro. Ya no existirá esta homologación. En 2012 iba a cobrar 68.981,88 euros brutos. Las medidas de reducción de salario son temporales, insistió Aguayo. El viernes se negociarán con los sindicatos.

Respecto a los gastos corrientes, se reduce un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros. La partida en publicidad también bajará un 50%.

Los ingresos para este año subirán 1.027,4 millones, aunque estas previsiones son la parte más débil del plan. La mitad del dinero (506 millones) procede de la mejora de la gestión de fondos europeos. La Junta insiste también en consignar 350 millones por la venta de 76 inmuebles, una operación que ya contempló en 2011, pero que al estar cerrado el grifo del sistema financiero los potenciales compradores no han firmado. Los 171 millones de ingresos restantes salen de la subida del tramo autonómico del IRPF, que sube un punto para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros y de 120.000 en adelante; del aumento del impuesto de patrimonio; del llamado céntimo sanitario, que grava los hidrocarburos; del impuesto de actos jurídicos documentados, y de las tasas de las máquinas tragaperras.