Los asesores de Mas apoyan el concierto económico

El pacto fiscal, la espina dorsal del proyecto de legislatura del Gobierno de CiU, empezó ayer a tomar forma. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, recibió ayer un documento de su consejo de asesores económicos, liderado por el empresario Salvador Alemany, que fija como horizonte para Cataluña un modelo de financiación casi idéntico al concierto económico, a pesar de que deja abierta la puerta a que se pueda acordar algún mecanismo de solidaridad interterritorial. El informe recomienda que el Ejecutivo de Mas logre el “máximo apoyo parlamentario y social” para formular su propuesta y que su implantación sea “progresiva”.

El Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CAREC), integrado por varios académicos catalanes de prestigio, no solo avaló la propuesta de pacto fiscal de Mas, sino que empezaron a darle contenido para cuando el Gobierno de CiU lo ponga encima de la mesa de Mariano Rajoy el próximo otoño. Para empezar, ese acuerdo debería fijar, según los expertos, una “relación bilateral” entre ambos Ejecutivos, lo cual supondría que Cataluña debería salir del sistema de financiación de las comunidades de régimen común.

Los académicos toman como referencia un modelo de Estado de corte “federal o plurinacional” para proponer un modelo de financiación que, a su juicio, no rompe con la Constitución puesto que, en su opinión, esta ya distingue entre “nacionalidades y regiones” en las vías de acceso a las competencias y reconoce dos modelos de financiación autonómica. Además, recuerdan que en España convive el modelo de financiación para las comunidades de régimen común con el foral.

Cataluña gestionaría sus tributos y pagaría al Estado por los servicios que recibe

El pacto fiscal que llevó el CAREC a Mas se inspira, precisamente, en los conciertos económicos del País Vasco y Navarra. Los expertos plantean que sea la Agencia Tributaria de Cataluña la que “recaude y gestione” todos los tributos que se generen en la comunidad. Para ello, admiten que se acuerde un sistema transitorio de forma que este organismo vaya adquiriendo “progresivamente” la capacidad que le permita ejecutar sus nuevas competencias. Cataluña tendría, según el documento, “plena capacidad normativa” sobre todos los impuestos directos —como el IRPF o el gravamen sobre el patrimonio—, mientras que en el caso de los indirectos —fundamentalmente, el IVA— debería respetar las directrices que fijen el Gobierno central y la Unión Europea.

Una vez la Agencia Tributaria haya recaudado y gestionado todos los tributos, Cataluña luego abonaría a la Administración central del Estado la factura por los servicios que presta a la comunidad. No obstante, los expertos no excluyen la posibilidad de que pueda pactarse una cantidad en concepto de solidaridad o cohesión interterritorial.

La negociación, no obstante, se antoja tortuosa. El propio Alemany ha podido comprobar que al menos el ministro de Economía, Luis de Guindos, no está muy por la labor. Los empresarios catalanes que respaldan el plan de Mas han inquirido a Guindos en numerosas ocasiones por su opinión sobre el pacto fiscal. El pasado jueves, en un almuerzo al que Alemany acudió como presidente del grupo de infraestructuras Abertis, Guindos respondió que el problema de Cataluña “no es de balanzas fiscales”, sino de “acceso a los mercados de capitales” y de “liquidez”.