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Hacienda sostiene ahora que no será necesario intervenir a las comunidades

Las comunidades apuran el plazo para entregar los planes de ajuste Mañana entra en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impone sanciones

Jesús Sérvulo González

El Ministerio de Hacienda considera ahora que no tendrá que intervenir ninguna comunidad autónoma. Considera que la Ley de Estabilidad, que mañana entra en vigor, cuenta con resortes suficientes para obligarlas a cumplir con el objetivo de déficit para 2012, el 1,5% del PIB para las autonomías.

Durante las últimas semanas, Hacienda ha estado amenazando a las comunidades con intervenir de forma inminente a las comunidades insumisas con el principio de estabilidad presupuestaria e incumplidoras con el objetivo de déficit . Desde el Gobierno han evitado filtrar el nombre de estas posibles comunidades más remolonas a la hora de lograr esa meta. La semana pasada los responsables del ministerio indicaron que tuvieron que devolver planes de ajuste regionales, que deben entregar antes de esta medianoche, porque incluían ingresos no previstos en los Presupuestos del Estado.

Andalucía: 2.700 millones menos

La comunidad andaluza ha remitido ya al Gobierno "en tiempo y forma" el plan de ajuste que, según la Junta, le permitirá cumplir con el objetivo de déficit. El documento incorpora el acuerdo de no disponibilidad de crédito aprobado por el Ejecutivo autonómico hace dos semanas, y que constituye una "retención de crédito" para declarar "no disponibles con carácter preventivo" 2.696,8 millones de euros, algo provocado por la merma de ingresos para la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2012. "Esa cifra que se declara no disponible es el resultado de las diferentes disminuciones y minoraciones de ingresos que, una vez que conocemos aunque no estén aprobados los PGE, entendemos que son ingresos que no van a llegar a la comunidad autónoma", afirman fuentes de la Consejería de Hacienda, en declaraciones a Europa Press.

Hacienda ha explicado que como pronto no podrá intervenir a las comunidades rebeldes antes de septiembre, a las regiones que se nieguen a depositar un fondo del 0,2% del PIB regional. Aunque, fuentes del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, han recordado que las regiones pueden pedir la intervención voluntaria. Sin embargo, han dudado que se llegue a esa vía porque cuando el Gobierno haga pública sus objeciones y señale a las comunidades incumplidoras provocará una “pérdida reputacional” que conducirá a las autonomías rebeldes a regresar a la senda de la consolidación fiscal. Consideran que “es tal la magnitud de las medidas que deberían adoptar en caso de incumplimiento, que las consecuencias políticas les llevará a volver a la senda”, admiten fuentes del Gobierno. Es decir, creen que cuando una comunidad entre en el poco honroso grupo de administraciones incumplidoras y señaladas por Hacienda, tendrá dificultades para financiar su deuda y pagar los vencimientos de deuda, lo que les llevará a pedir ayuda al Estado. Y esa ayuda está condicionada a que cumplan un plan de ajuste.

Hoy se ha publicado en el BOE la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que cambiará el modo y los plazos de presentar las cuentas públicas en España. La norma establece una serie de límites para el endeudamiento y el déficit de comunidades y ayuntamientos y fija un procedimiento de seguimiento y control de las cuentas regionales y locales que puede desembocar en la intervención de las comunidades autónomas. Con esta norma el Gobierno encorseta los presupuestos de las administraciones territoriales y se reserva mecanismos de tutela sobre las mismas en caso de desviaciones.

La Ley establece que todos los ingresos extraordinarios deben dirigirse a pagar la deuda, lo que en opinión de fuentes regionales, puede provocar que tanto comunidades y ayuntamientos sobrepresupuesten los ingresos para tener cierto margen de maniobra. Fuentes de Hacienda admiten que los ingresos obtenido con el plan de privatizaciones del Estado deberá ir para reducir la deuda pública.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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