La Plataforma Social mantendrá viva la llama de la protesta

Habrá sido por el puente del Primero de Mayo, y la lluvia y el frío, o el desánimo, o todo junto, pero la menor afluencia de gente en la calle en relación con las marchas con las que se cerró la jornada de huelga general del 29 de marzo fue ayer palpable. Esta evidencia no provocará un cambio de rumbo de quienes dirigen la protesta contra el Gobierno por su política de recortes. Casi a la misma hora que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, advertía de que su agenda de “reformas” continuará imparable, los líderes sindicales llamaban a “la movilización permanente, siempre pacífica”, hasta que el Gobierno rectifique.

Este fue el mensaje en las 55 ciudades de España en las que decenas de miles de ciudadanos se manifestaron contra el desmantelamiento del Estado de bienestar. Las más concurridas fueron en Madrid y Valencia, aunque en todas ellas la huella de la indignación quedó. Los sindicatos continuarán llamando a la movilización “el mes que viene, el otro y después del verano”, dijo el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. De momento ya suman cuatro jornadas de protesta contra el tijeretazo del PP: el 19 de febrero, el 11-M, el 29-M y el 29 de abril.

Es una apuesta arriesgada, pero las centrales sindicales están persuadidas de que su pretensión no es descabellada. Se trata de mantener viva la llama de la queja y la movilización a través de la recién creada Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que ayer, 29 de abril, echó a andar en toda España con el lema Con la educación y la sanidad no se juega.

El recorte de 10.000 millones de euros en ese capítulo fue el motivo esencial de la llamada a la protesta. Muchos profesores volvieron a enfundarse las camisetas verdes que simbolizaron el rechazo a las medidas de algunas comunidades autónomas, encabezadas por la de Madrid, de reducir drásticamente la contratación de profesores interinos y aumentar las horas lectivas de los profesores. “Educación pública de todos y para todos”, se leía en el atuendo verde de muchos manifestantes.

Los asuntos de la agenda del Consejo de Ministros de cada viernes son los mismos que ocupan a los sindicatos y a las organizaciones sociales, reactivadas por mor de la política gubernamental y reunidas ahora en esta plataforma. Las adhesiones llegaron ayer a la cincuentena; varias de militares, policías nacionales y guardias civiles. Las más activas y organizadas son las relacionadas con la sanidad, la educación, los servicios sociales, los movimientos vecinales y las de defensa de los derechos de las mujeres. Horas antes de que empezara la marcha de Madrid y de subirse al estrado de la Puerta del Sol, una representación de los convocantes compareció en el Ateneo.

No faltó dramatismo en algunas de las exposiciones a pesar del tono sobrio y contenido que todos ellos utilizaron. Fue el caso del portavoz de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle. “No me gusta dramatizar, pero con las medidas del Gobierno en España va a disminuir la esperanza de vida y aumentará la morbilidad; es el resultado del desmantelamiento del sistema sanitario público, del que seis millones de ciudadanos quedarán excluidos”, relató de un tirón.

Ni un paño caliente puso tampoco Jesús Sánchez, presidente de la Confederación de Padres de Alumnos (CEAPA), que se mueve mayoritariamente en la enseñanza pública. “Si no hay tasa de reposición de profesores, desaparecen los planes de apoyo y diversificación, y si aumenta la ratio por clase y las tasas universitarias se elevan en realidad casi un 60%, se perjudica a la clase social más débil que va a la enseñanza pública”. Tras él vino la denuncia del portavoz de las asociaciones vecinales, Ignacio Murgui, con un alegato “contra el saqueo de los servicios públicos”. Mientras ellos hablaban, los dos líderes sindicales, Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, asentían a la espera de su turno. De manera deliberada y a sabiendas de que la infraestructura y la estructura para la protesta y las movilizaciones descansa sobre los sindicatos, estos quieren involucrar al máximo a la sociedad civil, como pasara en los años 2000 con las protestas del No a la Guerra, por la intervención contra Irak.

Los partidos que participan en el rechazo a las medidas del Gobierno también se han situado voluntariamente varios pasos atrás. Así lo han hecho Izquierda Unida y el PSOE. En el primer caso, su coordinador general, Cayo Lara, acudió a la manifestación con la plana mayor de su coalición, junto a los dirigentes de la ejecutiva del PSOE, encabezados por el secretario de Organización, Óscar López. “Vergüenza me daría a mí salir de casa si hubiera dejado el país como el PSOE lo ha dejado”, decía la víspera la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Los que no pueden salir a la calle son ellos, con las medidas que están tomando contra los ciudadanos”, retaba ayer López en medio de los manifestantes madrileños.

El lugar donde los ciudadanos se reunieron ayer no cambió el discurso de los convocantes. La línea seguida por Méndez y Toxo se pudo escuchar en la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares... Y mañana volverán a escucharse sus parlamentos de indignación en las marchas del Primero de Mayo, con mayor énfasis en la reforma laboral y los Presupuestos del Estado para 2012, ambas leyes en tramitación parlamentaria. “Tenemos derecho a la autodefensa porque hay otras alternativas para hacer frente a la crisis”, clamaba Fernández Toxo, después de que Méndez, en medio de un aguacero, avisara de que el Gobierno con sus medidas pone en peligro “las bases de la convivencia”. No importa que no haya habido demasiada gente en las manifestaciones, aseguran fuentes de las dos centrales. “Habrá fluctuaciones en la respuesta popular ante medidas muy ideológicas que cambiarán este país”, auguran en UGT. Y por eso se atreven a apelar a la movilización permanente con “responsabilidad”.

Los interlocutores sindicales llaman la atención sobre la necesidad imperiosa de que haya “un cauce democrático” para que la protesta no se desborde. Y ellos lo ponen.