El Gobierno tiene otro problema

Ya no es solo la crisis económica. El Gobierno tiene también otro problema con algunas élites de algunas asociaciones de víctimas y con su flanco político más radical que tratan de impedir el más mínimo movimiento en la dirección de la reinserción de los presos etarras, que está amparada nada menos que por la Constitución de 1978.

Y es que el programa del ministro del Interior, Jorge Fernández, su primera iniciativa política en el terreno penitenciario, tras el cese definitivo de ETA, hace ya seis meses, se limita a cumplir la legalidad. Su novedad radica en que los presos etarras pueden ser acercados a las cárceles de sus lugares de origen una vez que manifiesten su desvinculación de la violencia y de su organización, lo que a su vez les permitiría acceder a un plan de reinserción. Es un paso respecto a lo que había en la medida en que el ministro ya no vincula el acercamiento de presos etarras a la disolución de la banda.

Pero también podía haber optado por un acercamiento de presos a las cárceles vascas, sin más, como José María Aznar decidió, de manera masiva, durante la tregua de ETA de 1999. Ese hubiera sido un gesto de normalidad ante un tiempo nuevo porque lo anormal es la dispersión actual de los presos etarras. Y es precisamente lo que le pedían el PNV y el PSE.

Desde esta perspectiva, la del País Vasco, el Gobierno se queda corto. Pero desde la perspectiva de los sectores inmovilistas antes aludidos ha ido demasiado lejos. Hay que destacar, no obstante, que con esta medida el Gobierno expresa su voluntad de avanzar en la consolidación del final de la violencia de ETA. Pero la reacción que ha tenido una medida tan legal y tan normal demuestra que el Gobierno tiene otro problema.