La convivencia se asienta en Euskadi

Euskadi respira en paz. Día a día, la convivencia se asienta en una comunidad que recupera a un ritmo vertiginoso el tiempo perdido durante décadas de amenaza terrorista. Seis meses después del cese definitivo decretado por ETA el pasado 20 de octubre, pocos son quienes no dan crédito en la actualidad a un salto cualitativo que en su momento, y desde algunos sectores, se interpretó como “un nuevo engaño”. El propio Gobierno del PP ha ido limando sus iniciales reticencias a la apertura de “un nuevo tiempo” en el País Vasco, si bien permanece inmóvil en sus gestos hacia los presos etarras, demanda prioritaria de la izquierda abertzale en su nueva aventura política.

La sociedad vasca no ha tardado en acostumbrarse a la ausencia de atentados y amenazas. A un nuevo clima de convivencia que asiste con absoluta normalidad a un escenario político multicolor, conformado por un Gobierno socialista y tres Diputaciones gobernadas por PNV, PP y Bildu. A falta de réditos en materia penitenciaria, y pese a su trayectoria histórica, la izquierda abertzale ha sabido perfilarse como adalid de la apuesta democrática para convertir en votos el deseo mayoritario de paz. En un escenario sin violencia, el soberanismo emerge como principal rival del nacionalismo moderado, a un año vista de las elecciones autonómicas.

El rápido avance de los cambios en Euskadi, sin embargo, no ha podido ocultar la existencia de tensiones ante un cambio de semejante calado. El anuncio de ETA hace medio año llegó acompañado de una petición de diálogo a los Gobiernos de España y Francia que no ha encontrado respuesta. El relevo en La Moncloa tampoco ha favorecido avances. El nuevo grupo negociador del colectivo oficial de presos etarras ha insistido recientemente en “su mano tendida”, a la espera de un “contacto” que no se ha producido. Ese inmovilismo es el que mantiene la incertidumbre entre unos reclusos que se consideraban a sí mismos como posible moneda de cambio ante el fin del terrorismo.

Los gestos individuales que el Ejecutivo ha tenido con algunos presos chocan con resoluciones judiciales en sentido inverso, como el aval del Tribunal Constitucional a la denominada doctrina Parot, que alarga las condenas. Una dicotomía que refleja las desavenencias existentes en materia penitenciaria. Mientras los reclusos etarras demandan soluciones colectivas como el fin de las “medidas excepcionales” que se les aplican, el Gobierno ha dejado claro que no caben amnistías y que la reinserción, que solo puede ser individualizada, pasa por el arrepentimiento previo. “Mientras ETA no se disuelva, todo lo demás sobra”, dijo ayer el propio Rajoy.

Aunque reconoce los avances, el Gobierno del PP tiene claro que sigue siendo ETA la que debe dar nuevos pasos. Mientras tanto, y a la espera de una resolución judicial sobre Sortu, su nueva marca política, la izquierda abertzale se ha valido de coaliciones como Bildu o Amaiur para reivindicar los derechos de los presos desde la tribuna pública. Y desde la calle también, con manifestaciones como la del pasado sábado en Bilbao, que volvió a congregar a varios miles de personas. Aún no ha conseguido, sin embargo, una interlocución directa con el Ejecutivo central, que se la niega hasta la desaparición de la banda.

El enroque del Gabinete popular ha sido criticado por la antigua Batasuna como un premeditado obstáculo al “proceso abierto” en Euskadi. Una dificultad que ha motivado cierta intranquilidad en el espectro abertzale y que incluso ha permitido vislumbrar la existencia de determinados grupos críticos, como se ha evidenciado con el leve repunte de una kale borroka que prácticamente se había extinguido de las calles vascas. También ETA ha sembrado de incertidumbre los últimos meses con distintas operaciones logísticas, aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insistió ayer en que la banda está “muy diezmada” y “no tiene capacidad operativa para volver a actuar como organización terrorista”.