La Comunidad Valenciana casi dobla a Andalucía en facturas pendientes

Las comunidades autónomas han reconocido que guardaban casi cuatro millones de facturas sin pagar en los cajones por un importe de 17.255 millones de euros, según avanzó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Las comunidades han tenido de plazo hasta el pasado domingo para remitir a Hacienda la relación de facturas pendientes para poder acogerse al plan de pago a proveedores. El Gobierno prevé detallar hoy la deuda pendiente de cada una de las comunidades, el número de facturas presentadas y los proveedores afectados. Está previsto que lo haga el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que comparece en el Congreso.

Muchas regiones ya han desvelado el importe de sus recibos impagados. Y resulta que la Comunidad Valenciana es la autonomía más morosa. Acumula facturas impagadas por un importe de 4.069 millones, casi duplica a la de Andalucía, que ha presentado una deuda de 2.763 millones. Además, la deuda de cada valenciano (795 euros), es más del doble de la de cada andaluz (327 euros).

El Ejecutivo del PP había mostrado en los últimos días su mayor desconfianza hacia las cuentas andaluzas, incluso con amenaza de intervención. La Generalitat valenciana, el Gabinete que más facturas retenía en los cajones, no ha recibido apenas correctivos del Gobierno central, que reserva sus embates a Andalucía, gobernada por el PSOE también tras las elecciones del 25 de marzo.

El ministro de Hacienda ha cuestionado la veracidad de la deuda andaluza y el secretario de Estado de Administraciones Públicas señaló la semana pasada que Andalucía “es un ejemplo de falta de transparencia”. Además, aseguró que había enviado a la Junta “observaciones pertinentes para que corrija actuaciones y decisiones de gestión”. Aunque no precisó en que consistían las recomendaciones, Beteta amenazó al Ejecutivo andaluz: “Si no las lleva a efecto, le caerán encima las prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”. El secretario de Estado amenazó así con una intervención. De hecho, algunos miembros del Gobierno han dejado entrever la posibilidad de intervenir a Andalucía a partir del próximo mayo. Posibilidad que no es posible porque la Ley de Estabilidad establece un proceso muy concreto para la corrección de desajustes presupuestarios y la intervención es el último recurso. Antes, por ejemplo, las comunidades incumplidoras deberán depositar un fondo del 0,2% del PIB regional.

Con 17.500 millones sin pagar, Hacienda descarta ahora intervenir a alguna región

El Gobierno central convocó el pasado lunes un encuentro con corresponsales extranjeros para explicarles la Ley de Estabilidad. El Ejecutivo trató de trasladar la idea a los mercados de que dispone de mecanismos para meter en cintura a las comunidades autónomas, uno de los puntos sobre los que Bruselas ha expresado algunas dudas. Tras la cita, algunos medios anglosajones, entre ellos The Guardian y Financial Times, publicaron ayer que el Gobierno podría intervenir alguna comunidad en mayo. En sus informaciones se señalaba a Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha como las que tenían más probabilidades de ser intervenidas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda descartaron a EL PAÍS taxativamente una tutela inmediata de alguna comunidad y aseguraron que no tienen preparado ningún decreto de intervención. De hecho, aún queda por perfilar cómo serían muchos de los procesos sancionadores que establece la Ley de Estabilidad.

Las dudas surgen por las emisiones de deuda que tienen que hacer las comunidades más comprometidas. Aunque para eso el Gobierno ya prepara los hispanobonos que podrían estar listos a partir del verano, según avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace unas semanas. El Gobierno ya tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana el pasado enero porque la Generalitat no podía afrontar un vencimiento de 123 millones con Deutsche Bank. A pesar de todo, el Gobierno apunta con el dedo acusador hacía Andalucía en una especie de guerra política.

La mayor parte de las facturas presentadas por las comunidades ante Hacienda se deben fundamentalmente a gasto sanitario y farmacéutico, según varias fuentes regionales. Un informe de Farmaindustria eleva hasta los 11.595 millones la deuda pendiente de las regiones por medicinas y tecnología sanitaria. Otro gran número de recibos impagados corresponde a constructoras de obra civil. Algunas comunidades se lamentan de que no pueden incluir en el plan de liquidez facturas de proveedores de universidades o de empresas públicas a su cargo. Precisamente la deuda de las empresas públicas supone una de las inquietudes del Gobierno porque no están fiscalizadas.

La Comunidad Valenciana reconoce 4.069 millones en facturas impagadas

“Es una inyección económica muy importante que llegará a los autónomos, a las pymes y también a las empresas grandes de nuestro país; es una operación de importancia que además es compatible con los planes de estabilidad presupuestaria para que no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo”, aseguró ayer Cristóbal Montoro tras una reunión con la CEOE.

El Gobierno puso en marcha en marzo el plan de pago a proveedores para ayudar a las Administraciones públicas a pagar su deuda aplazada durante meses. Los Ayuntamientos ya remitieron a Hacienda hace semanas 1,9 millones de facturas impagadas, por un importe de 9,5 millones. El instrumento de liquidez se hará cargo de una deuda total de unos 27.000 millones de euros, lejos de los 35.000 millones previstos.