El PSOE recurrirá la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional

Los defraudadores españoles tienen hasta el 30 de noviembre para blanquear su dinero negro sin castigo administrativo ni penal (a cambio solo de una tasa del 10%, muy inferior a los impuestos que no han pagado), pero el PSOE va a intentar que esa amnistía fiscal —que ya está en vigor aunque no se ha iniciado porque el Gobierno ultima el reglamento— quede en suspenso. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas, anunció hoy que su partido recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional y, a la espera de una sentencia que podría tardar años, pedirá su “paralización” como medida cautelar.

“La amnistía es inmoral. No se puede tratar peor al que paga que al que no paga”, dijo Rubalcaba en TVE, después de negar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que él fue ministro y vicepresidente, estudiara en su día una medida similar a la que ahora ha adoptado el PP. Hablar, se habló, admitió Rubalcaba; pero solo se habló.

“Yo nunca vi un proyecto de amnistía fiscal en ninguna mesa del Gobierno a la que me senté. Hombre, se habló... Porque el Gobierno habla de lo que habla la gente. Pero jamás vi ningún proyecto. Y entonces ya di mi opinión al presidente Zapatero y a la ministra Elena Salgado: les dije que sería una inmoralidad”, contó el dirigente socialista. No quiso pronunciarse Rubalcaba sobre las dos amnistías que sí aprobó el Gobierno de Felipe González en 1984 y 1991, porque, alegó, eso fue antes de que existiese la Agencia Tributaria.

Los “graves vicios de inconstitucionalidad” de la amnistía fiscal del PP, de los que ya alertaron los inspectores de Hacienda el mismo día en que se anunció, los argumenta el PSOE en un informe jurídico que ha elaborado el exministro de Justicia Francisco Caamaño, y que servirá de base para el recurso ante el Constitucional. En ese informe, sin embargo, los socialistas remarcan que “la regularización fiscal extraordinaria [la amnistía], siendo muy excepcional, no es en sí misma contraria a la Constitución”. “Lo que es inconstitucional es la sangrante desproporcionalidad y la falta de un mínimo de equidad que presenta la opción acogida por el Gobierno”. Es decir, que se pueden establecer formas de perdón del fraude, pero con unos límites. Y la del PP “quiebra la esencia misma” del mandato constitucional de contribuir a la Hacienda pública en condiciones de “igualdad, proporcionalidad y progresividad”.

Según los socialistas, la medida aprobada por el Gobierno es “doblemente inconstitucional: por la forma y por el contenido”. La forma es un decreto ley; el artículo 86 de la Constitución y varias sentencias del Constitucional, recuerda el PSOE, impiden utilizar la vía del decreto ley para asuntos que afecten a los “deberes” ciudadanos del Título Primero, y entre estos está el deber de contribuir a la Hacienda pública.

Pero hay, sobre todo, una cuestión de fondo: la amnistía es “contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad” en la contribución fiscal que dicta el artículo 31, porque crea “un tratamiento fiscal mucho más favorable para quien ha incumplido sus obligaciones que para el contribuyente cumplidor”. “La desigualdad de trato es evidente, y la desproporcionalidad de la medida, palmaria”, insiste el informe.

Además, se discrimina a quienes tienen rentas sometidas a retenciones (principalmente, nóminas), que ya están controlados por la Administración y por tanto no podrán aprovecharse del perdón fiscal. Y se ignora el mandato de progresividad al no hacer distinciones en función de la cuantía defraudada. El Gobierno crea en definitiva “un régimen de auténtico privilegio fiscal” para los defraudadores, “incompatible con la idea misma del Estado de derecho”, concluye el PSOE.

Cospedal llama "regularización de economía sumergida" a la amnistía

Por su parte, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha aprobado "ninguna ley de amnistía fiscal sino una regularización de economía sumergida", informa Francesco Manetto. La número dos de Génova y presidenta de Castilla-La Mancha, además, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el plan del PSOE de presentar un recurso de constitucionalidad, agregando que “sería muy bueno un gran pacto con el PSOE en materia económica”.