Economicistas frente a sanitarios

La propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, de implantar un tipo de copago sanitario a las personas con rentas altas (él habló de ingresos de más de 100.000 euros anuales) ha dejado sin respuesta al Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Ana Mato está a la espera de las propuestas de ahorro que puedan presentar las comunidades en el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará previsiblemente a finales de este mes o principios de mayo. Lo único que afirma una portavoz tajantemente es que “se quiere llegar a las decisiones con consenso”. El ministerio, en este aspecto, más que llevar propuestas concretas estaría a la espera de recibir las de las comunidades, y se limitaría a intentar que fueran generales para evitar que el sistema pierda cohesión.

Tampoco tiene muchas líneas rojas el departamento, aparte de la universalidad y gratuidad del sistema. Esto, precisamente, quedaría roto si se aprobara la propuesta de Guindos –que, hasta el momento, que se sepa, no defiende ninguna comunidad-. O, mejor dicho, quedaría más roto aún, ya que el copago ya existe en función de la situación laboral en la prestación farmacéutica (los pensionistas no pagan, salvo que fueran funcionarios de Muface) o en ortopedia y salud bucodental, por ejemplo.

El conflicto entre las propuestas puramente económicas y las que tienen como prioritaria la perspectiva sanitaria es un clásico en el sistema. Solo que habitualmente se ha producido al revés. El caso más claro es el de los impuestos para tabaco y, sobre todo, alcohol. Desde un punto de vista sanitario, la subida de gravámenes es la medida más eficaz para reducir el consumo (la Organización Mundial de la Salud calcula que cada 10% que aumenta el precio del tabaco baja un 5% el número de fumadores). Pero, frente a esto, está la faceta económica: puestos de trabajo del sector, exportaciones e incluso el contrasentido de que se subvencionen cultivos que por otro lado se quieren penalizar. O que, como se trata de productos que forman parte de la cesta de la compra con la que se calcula el IPC, por lo que subir los impuestos tendría múltiples efectos, como obligar a subir las pensiones o los salarios, que suelen ir vinculados.

Otra cuestión es una vieja reclamación, por ejemplo del PP catalán y de CiU: que los seguros sanitarios privados desgraven. Con ello se fomentaría el sector, y se desviaría parte de la población atendida por el sistema público. Pero esas personas –un 27% de la población- tendrían un doble aseguramiento, ya que nadie les puede obligar a renunciar a la sanidad pública.