Operación antidemocrática

“Como todos los demás, pienso que el tema de la estructuración del Estado es, tal vez, el tema clave con el que se enfrenta la Constitución y, probablemente, va a ser el tema por el que se defina esta Constitución”. Son palabras de Felipe González, pronunciadas en las Cortes Constituyentes, en la sesión en la que se hizo la valoración general del proyecto de Constitución. Palabras prácticamente idénticas pronunciaron los portavoces de los demás grupos parlamentarios. Este fue uno de los temas centrales del consenso constitucional. La Constitución sería juzgada por la capacidad que tuviera para dar respuesta al problema de la articulación del poder del Estado con el poder de los entes territoriales de ámbito inferior al Estado.

O, dicho de otra manera: el constituyente español fue muy consciente de que el Estado unitario no podía ser la forma de Estado de la democracia española. El reconocimiento del derecho a la autonomía no era una opción, sino una exigencia. Sin democracia no se podría reconocer el derecho a la autonomía, pero sin ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía no se podría estabilizar un régimen democrático.

Con base en esta premisa, se alcanzó el compromiso constitucional primero y la interpretación de dicho compromiso después mediante los pactos autonómicos de 1981 y 1992, que acabaron definiendo el Estado autonómico como un Estado “compuesto”, integrado por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que ejercen el derecho a la autonomía en condiciones de igualdad.

El proceso de construcción del Estado autonómico se hizo con una celeridad sorprendente. España tenía su estructura del Estado en pie en el momento en que, con la crisis del comunismo, se inicia el proceso de desintegración estatal en buena parte del Este europeo. Qué hubiera pasado en España si no hubiéramos tenido definida la estructura del Estado cuando se desintegra Yugoslavia, se descompone la Unión Soviética, se produce la separación de República Checa y Eslovaquia, es imposible de saber, pero fácil de imaginar.

El Estado autonómico ha sido el gran éxito constituyente español de 1978. El problema territorial ha sido el problema constituyente democrático de España. No se planteó expresamente en ninguna de las Constituciones que estuvieron vigentes en el siglo XIX. Ha sido un problema central en los dos procesos constituyentes del siglo XX. Democracia y derecho a la autonomía no son términos separables en nuestro país. La articulación de ambos es lo que se ha conseguido con el desarrollo durante algo más de tres décadas de la Constitución.

Es lo que está empezando a ser puesto en cuestión. De una historia de éxito estamos pasando a una historia de fracaso. Delenda est autonomía, titulaba el pasado jueves Vidal-Folch su artículo en este mismo periódico, describiendo el ambiente que se respira en los editoriales y artículos de opinión de los medios de comunicación conservadores del país. Si no tuviéramos 17 comunidades autónomas, 17 “miniestados”, como despectivamente se dice, estaríamos mejor preparados para hacer frente a la crisis.

Estoy completamente en desacuerdo con esta interpretación. Las comunidades autónomas han sido los amortiguadores en esta crisis. En España no se está gastando más en sanidad, en educación, en hacer frente a la dependencia o a la exclusión social por la existencia de las comunidades autónomas. Más bien lo contrario. Son las comunidades autónomas las que se están teniendo que responsabilizar de los recortes. ¿Es tan difícil imaginar cómo estaríamos si los recortes decididos por los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas hubieran tenido que ser decididos por una instancia única para todo el territorio del Estado? Cada Gobierno autonómico está operando como un dique que impide que la inundación alcance una dimensión estatal inmanejable. El clima de relativa paz social que todavía no se ha visto seriamente perturbado, a pesar de la magnitud de la crisis, tiene mucho que ver con la descentralización en el ejercicio del poder. Las comunidades autónomas están teniendo que soportar la parte más dura de los ajustes. Y en los terrenos en los que más directamente afectados se ven los ciudadanos. Y lo están haciendo, por lo general, con responsabilidad.

Obviamente, de esta crisis ninguna instancia de poder va a salir igual que entró. Pero tienen que salir todas juntas. El Estado autonómico no es ingeniería constitucional, sino la sustancia misma de la democracia. Si acabamos con la autonomía, acabaremos con la democracia. De ahí que la campaña de acoso y derribo del Estado autonómico no pueda ser considerada sino como una operación antidemocrática.