El Gobierno fiscalizará a las autonomías que incumplan el techo de déficit

“Pretendemos garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas a través de mecanismos excepcionales de liquidez”, fueron las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de entrar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de interlocución con todos los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades españolas. Era un preludio de la batería de medidas acordadas por unanimidad para aliviar los graves agobios de liquidez de las comunidades que tienen serias dificultades para pagar sus facturas.

“Cuando hay proveedores que no se pagan, hay déficit público encubierto”, aseguró Montoro durante la reunión. “Eso lo tenemos que atajar”, precisó después. Para ello, el CPFF ha adoptado varias medidas, como la duplicación del plazo para devolver los excesos de financiación autonómica de 2008 y 2009; también se anticiparán seis meses las liquidaciones de transferencias positivas de 2010. Aunque la medida más relevante consiste en la puesta en marcha de una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las comunidades puedan pagar a los proveedores.

Aún se desconoce la cuantía de esta línea de préstamo y los plazos en que las comunidades tendrán que devolverlo. “Primero hay que cuantificar la magnitud de la deuda”, matizó el ministro. Las autonomías que se acojan a esta línea de financiación tendrán las cuentas “condicionadas” por el Ministerio de Economía. Es decir, el Gobierno supervisará las cuentas de las regiones que incumplan el plan de estabilidad presupuestaria. Montoro ha llegado a hablar de intervención de las regiones. “El Gobierno de España se hace responsable de que ninguna Administración que cumpla vaya a tener problemas muy agudos de liquidez”, subrayó el ministro.

El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, detalló otras medidas, como reducir los plazos de las autorizaciones de endeudamiento y de amortizaciones de deuda. Montoro ha evitado precisar si hay alguna medida concreta para avalar las deudas de las comunidades. “No se ha aprobado hoy esa medida pero está ahí”.

El titular de la cartera de Hacienda ha destacado que también se ha acordado el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por unanimidad. “Ahora queremos mantener esa coincidencia entre todos hasta que la ley esté aprobada”, advirtió Montoro. Para ello se convocarán reuniones de trabajo para la próxima semana.

Cuando hay proveedores que no se pagan, hay déficit público encubierto, aseguró Montoro

La línea ICO acordada ayer es similar a la planteada hace seis meses por Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno de Zapatero, en el anterior CPPFF celebrado el pasado 27 de julio. Aunque esta línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el organismo financiero público, para que las comunidades puedan pagar a sus proveedores nunca entró en vigor. Pocos días después de que Salgado anunciase la medida Zapatero adelantó las elecciones.

El primer Consejo de Política Fiscal celebrado bajo el Gobierno de Rajoy se centró ayer en el punto siete del orden del día: “La adopción de medidas extraordinarias de política financiera”. Los consejeros autonómicos buscaban soluciones a sus problemas de financiación. Mientras el Gobierno no parecía dispuesto a avalar la deuda de las comunidades como se había sugerido en el anterior CPFF. Preguntado sobre el tema, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cambió de tema. “En el acuerdo habrá instrumentos financieros que permitan mejorar el pago a los proveedores que es esencial para crear empleo y economía en nuestro país”, agregó el número dos de Montoro.

El ministro planteó a los consejeros la necesidad de fijar un techo de gasto para controlar el déficit de las comunidades autónomas.

Aún se desconoce la cuantía de esta línea de préstamo y los plazos en que las comunidades tendrán que devolverlo

También se debatió la posibilidad de que el Gobierno sancione bajo alguna fórmula a las comunidades que incumplan el objetivo de déficit. La reunión se planteaba clave para el nuevo Gobierno de Rajoy porque el ministro tenía una doble encomienda. Enviar un mensaje a los mercados de que podrá contener el déficit desbocado de las comunidades autónomas, el último dato revela una desviación de las administraciones regionales de más de 15.000 millones de euros.