Una juez argentina pide informes sobre ministros franquistas

Los familiares de las víctimas del franquismo no se esperaban esta buena noticia de fin de año. Después de los frustrados intentos de demandar justicia en España, algunos de ellos habían presentado demandas en Argentina a partir de abril de 2010 bajo el principio de justicia universal, que establece que se pueden investigar delitos de lesa humanidad en otros países. Hasta ahora no había habido grandes progresos en las causas en Argentina, pero ayer la justicia de este país informó que la juez María Romilda Servini de Cubría ha exhortado al Gobierno español para que informe si en este país se está investigando la existencia, entre el inicio de la Guerra Civil y las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco, “de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

La juez pidió también los “nombres y últimos domicilios de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” del periodo 1936-1977, así como los certificados de defunción de aquellos que hubiesen fallecido. También solicitó una lista de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, y de niños robados a sus familias. Por último, la juez requirió información sobre las fosas comunes halladas, los cuerpos de desaparecidos identificados y las empresas beneficiadas del trabajo esclavo de los presos republicanos.

Servini ha avanzado con la causa después de que la Cámara Federal de Argentina (tribunal de segunda instancia) desestimara una petición del Estado español para que los crímenes del franquismo fuesen investigados solo en su territorio. Las indagaciones judiciales por los crímenes del franquismo en España casi se han paralizado después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendiera al juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar esos delitos. En España rige la ley de amnistía de 1977. Garzón inició en la década de los 90 las causas contra las dictaduras de Argentina y Chile bajo el principio de justicia universal. En esos dos países sudamericanos la presión de Garzón, entre otros factores, terminó llevando a que los crímenes de los regímenes militares se juzgasen en sus propios territorios.

Un mes antes de la suspensión de Garzón, en Argentina se presentó la primera denuncia por crímenes del franquismo. Daniel Rivas, que en la actualidad tiene 91 años y llegó a este país sudamericano a los nueve, reclamó justicia contra los falangistas que asesinaron a su padre en 1936. Al mismo tiempo inició su demanda la argentina Inés García Holgado, que pide justicia por su tío, de la misma nacionalidad, que se había enrolado en las milicias republicanas y desapareció en la Guerra Civil, y también por dos tíos abuelos españoles fusilados en el mismo conflicto bélico. En total suman seis los querellantes. Los otros cuatro son Silvia Carretero Moreno, viuda de unos de los últimos sentenciados por el franquismo, en 1975; la argentina Adriana Fernández Galisteo, nieta de un republicano desaparecido en 1936; Críspulo Nieto Cicuéndez, que reclama por su padre y su tío fusilados en 1940, y y Eugenio Gómez San Juan, que se ha personado por su abuelo, que fue detenido por insultar a falangistas y murió de tuberculosis en la cárcel en 1938.