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Las irregularidades en Emarsa empezaron con un edil de Barberá

Varias de las empresas investigadas entraron en la sociedad cuando el concejal Senent la presidía

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El concejal de Valencia Silvestre Senent, sentado, habla con la alcaldesa Rita Barberá.

El monumental saqueo de Emarsa, la sociedad de depuración de agua de Valencia, se produjo, según ha revelado la investigación judicial, en un contexto de falta de control interno de los procesos de contratación, lo que facilitó que la empresa pública fuese exprimida hasta la quiebra mediante el pago por servicios y suministros falsos. Los auditores advirtieron de las irregularidades durante todos los ejercicios investigados, de 2004 a 2010, sin que el entonces presidente y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, que sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, prestara atención alguna a dichas alarmas. Ese comportamiento fue uno de los elementos destacados por el juez instructor para imputar hace unas semanas a Crespo por malversación, estafa continuada y delitos societarios.

Las auditorías de Emarsa de los años inmediatamente anteriores a la llegada de Crespo, cuando la sociedad pública estaba presidida por Silvestre Senent, entonces y ahora concejal de Hacienda de Rita Barberá, detectaron el mismo tipo de irregularidades. Insuficiencias en el procedimiento contratación y autorización; y falta de control en las compras, reparaciones y mantenimiento, que fueron las principales vías por las que se produjo el pillaje.

Varios párrafos de los informes de auditoría de la etapa de Senent son prácticamente idénticos a los que el juez Vicente Ríos reprodujo en el auto de imputación de Crespo. “La revisión de los procedimientos de control interno relacionados con adquisiciones de equipo y elementos de inmovilizado, reparaciones y mantenimiento”, halló “insuficiencias” en el procedimiento de “autorización, proceso de contratación, recepción efectiva, aplicación contable, imputación de subvenciones de capital, etc”, señalan los auditores.

“Teniendo en cuenta la situación descrita”, prosiguen los informes referentes a los años en que el edil de Barberá presidía Emarsa, “no hemos podido asegurarnos de haber detectado todos los ajustes y situaciones que pudieran ser necesarios de acuerdo con normas de auditoría, principios contables y de control interno”.

La investigación cada vez implica  a más cargos

del PP de Valencia

El descontrol sobre la gestión de Emarsa en la época de Senent resultó aún mayor: el exgerente de la sociedad Esteban Cuesta declaró ante el juez que cuando él accedió al cargo, en 2004, la empresa pública llevaba seis años sin ser auditada, lo que cubre la etapa del edil de Hacienda de Valencia al frente de Emarsa. Una versión confirmada por los auditores de la firma Mazars, que tuvieron que efectuar los informes de forma retroactiva. “Dado que fuimos nombrados auditores con posterioridad” a los cierres de los ejercicios, señalan, “no pudimos estar presentes en la realización del recuento físico de las existencias iniciales ni finales, ni hemos podido verificar el corte de operaciones entre ejercicios, que son elementos importantes en la determinación del resultado”.

Las sospechas sobre la etapa de Silvestre Senent al frente de Emarsa aumentan por el hecho de que varias de las empresas investigadas por haber participado presuntamente en el saqueo empezaron a trabajar para la sociedad pública durante su mandato. Según fuentes del caso, así habría ocurrido con Microprocesadores y Sofitec, las dos firmas propiedad de Sebastián García Martínez, que era proveedor de Emarsa y al mismo tiempo actuaba como jefe de informática de la empresa pública, imputado por estafa y delitos societarios. Con Hispavás, empresa de transportes de lodos administrada por José Alcácer García, portavoz del PP en Albuixech, también imputado. Y con otras firmas.

El papel del PP de la ciudad de Valencia, que no preside pero sí controla sin oposición la alcaldesa, en la gestión de Emarsa resulta, además, cada vez más controvertido. La última declaración del proveedor Sebastián García, que entre otras cosas facturó 1,8 millones de euros a Emarsa con un simple “acuerdo verbal”, ha revelado que fue vocal del PP en la junta municipal del distrito de Trànsits de la ciudad. El jefe de Compras, Ignacio Martínez, y el jefe de Contabilidad de la sociedad pública, Santos Peral, ambos contratados en su día por Senent y citados a declarar de momento como testigos, son respectivamente los secretarios generales del PP en los distritos de Trànsits y Patraix. Y el imputado Esteban Cuesta fue nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Rita Barbera y cobró por ello durante una década, a pesar de que entre 2004 y 2007 su contrato de gerente con Emarsa le exigía exclusividad.

El juez cita a las traductoras rumanas

El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ordenó ayer una batería de 45 diligencias. Una de las solicitudes más llamativas fue el oficio al jefe superior de Policía de Valencia para que localice a las cuatro mujeres rumanas con las que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta se alojó en hoteles de Benicàssim y Alicante a cargo de la sociedad pública para que declaren como testigos. Cuesta sostuvo ante el juez que al menos una de las mujeres le hacía de traductora, aunque no pudo explicar qué tenía eso que ver con su estancia compartida en los hoteles.

La mayor parte de la providencia se dirigía, sin embargo, a Epsar, la entidad de la Generalitat que financiaba a Emarsa y que triplicó la inyección económica durante los años en que fue saqueada. El juez reclama una justificación de por qué Epsar impuso a Emarsa que pagase un precio desorbitado (80 euros por tonelada frente a los 42 inicialmente fijados) para el tratamiento de fangos precisamente a una de las empresas investigadas. Exige conocer el control realizado por Epsar de la cantidad de lodos generados por la planta de Emarsa y su destino. Solicita las indicaciones que Epsar dio a Emarsa para el procedimiento de depuración y así hasta nueve peticiones que la entidad del Consell debe responder en un plazo de cinco días. El instructor ordena recabar los movimientos bancarios de varios imputados; requiere información sobre una decena de nuevas empresas; exige a los cuatro supuestos enchufados que solo iban por Emarsa a cobrar justificantes sobre los trabajos que habrían realizado; plantea a las partes si consideran adecuado imputar a Daniel Calzada, constructor que facturó un millón de euros a Emarsa; e indaga qué suministros vendieron distintas empresas a Sebastián García, que era a su vez proveedor de Emarsa.