Anticorrupción pide 2,85 millones de fianza a 14 intrusos de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta mañana a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga fianzas para 14 intrusos (falsos prejubilados en las empresas beneficiadas por ayudas públicas) por un total de 2,85 millones de euros.

Entre ellos destaca la fianza que pide el ministerio público para el exmilitante socialista Alejandro Millán Torres, “para responder de las cantidades ilícitamente percibidas”.

La Junta, que está personada como acusación en este caso, se ha sumado a la petición de la fiscalía, pero solicita que se eleve las cuantías para tres de ellos: Juan Manuel López (150.000 euros), Rafael Rodríguez (350.000 euros) y Francisco de Paula (250.000 euros).

La mayor petición de la fiscalía es de 570.000 euros para el intruso Antonio Arquero García, vecino de El Pedroso (Sevilla) y amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, por lo que firmó dos pólizas para cobrar 421.000 euros. La menor cantidad ha sido pedida para el intruso Juan Manuel López Espadas, de 75.000 euros.

“Dicha medida se hace atendiendo al conocimiento actual que se tiene de los hechos, sin descartar por tanto que las medidas cautelares puedan en momento posterior ser aumentadas si se descubrieran respecto de las personas que ya han declarado como imputadas o bien que han obtenido nuevos enriquecimientos ilícitos”, subraya el fiscal.

Las defensas de los afectados se han opuesto a las medidas solicitadas por la fiscalía.

Ahora la juez Alaya decidirá en los próximos cinco días sobre si acepta las cantidades pedidas por Anticorrupción para imponer a los 14 intrusos.

En un auto fechado el pasado dos de noviembre, Alaya admitió que ha demorado la imposición de fianzas porque los afectados van a ser los beneficiarios de las ayudas supuestamente irregulares, es decir, los imputados que se sitúan "en el último escalón de la pirámide". Por encima de ellos están, según la juez, "altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios, despachos de abogados, compañías aseguradoras, sindicatos y empresarios".

"Criterios de justicia y de oportunidad habrían podido influir en esta instructora para demorar la exigencia de tales medidas cautelares, cuando avanzando en la investigación, pudiéramos subir escalones de la mencionada pirámide", señala la juez. Alaya reconoce que hasta ahora ha creído que podría ser "un agravio comparativo" exigir unas medidas a los imputados que ya han declarado "y no poderlo hacer por ahora a los que indiciariamente por razón de su oficio o cargo, han propiciado con su actuación manifiestamente desleal e ilícita este uso corrupto de fondos públicos".