Roca sacude el ‘caso Malaya’

El pasado lunes, después del receso, a todos los asistentes al juicio del caso Malaya les cambió la cara. Juan Antonio Roca, el poder en la sombra de Marbella durante los años del gilismo crepuscular, el hombre que había convertido el Ayuntamiento en su SL privada, abandonaba su estrategia de conceder miguitas de confesión al fiscal —un delito prescrito un día, aspectos organizativos de sus sociedades al otro— y se lanzaba a reconocer el núcleo de los delitos por los que lleva entre rejas desde el 29 de marzo de 2006. En un calculado torrente de desahogo, Roca admitió como suya la contabilidad secreta intervenida en la entidad Maras Asesores. También reconoció que las entradas de esa contabilidad —33,3 millones de euros— corresponden a pagos que le hicieron los promotores imputados; y las salidas, a sobres con dinero negro que él entregaba periódicamente a los concejales del equipo de gobierno entre agosto de 2003 y marzo de 2006 para mantener alta su fidelidad.

Roca quiso dejar claro que los empresarios le ingresaron el dinero por supuestos asesoramientos y para financiar negocios en común y que los pagos a los exediles no tenían por objeto retribuir la concesión de licencias o la firma de convenios ilegales. Sin embargo, la bomba ya estaba lanzada y una ola de nerviosismo empezó a recorrer el banquillo de los acusados, a los que el testimonio de Roca cogió en su mayoría por sorpresa.

Los abogados defensores, especialmente los de los exconcejales, consideran que el giro de Roca —meditado “durante meses”, según fuentes cercanas al exasesor— les obliga a replantearse su propia estrategia de defensa. Los letrados han iniciado conversaciones para coordinar sus posiciones. “Ahora mismo todo está muy abierto”, afirma uno de los abogados, sin ofrecer más detalles.

En el ánimo de los procesados pesa el hecho de que antes de la declaración de Roca, cuatro empresarios imputados se mostraron conformes con el relato de hechos del fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, y lograron una rebaja sustancial en la pena. “El cansancio de casi seis años de proceso, lo caro que es estar personado en un proceso así y el ejemplo de los que se han conformado puede producir en los próximos días más casos de reconocimiento de los hechos”, estima un letrado que, no obstante, recuerda que la conformidad de un acusado solo le vincula a él y no sirve como prueba para enjuiciar al resto. “La conformidad es conformidad, pero jurídicamente no es una confesión, ya que el resto de las defensas no tiene posibilidad de interrogatorio ni de contradicción”, subraya.

Lo que no se ha producido, por el momento, es un acuerdo entre el fiscal y Roca. Tras la sesión del lunes tanto fuentes de la defensa del exasesor como del ministerio público lo negaron expresamente. Además, la Fiscalía no se contentaría con un reconocimiento a medias de los delitos, y para plantear una posible reducción de pena —Roca se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel— haría falta que admitiera en su totalidad el escrito acusatorio.

De momento, la cuarta fase del juicio, con 54 procesados, continúa y no terminará como pronto hasta marzo de 2012. Roca será preguntado una por una por las relaciones con los empresarios que supuestamente le dieron enormes cantidades de dinero y tratará de desvincular estas entregas de la concesión de licencias o la firma de convenios. De hecho, tras la sorprendente declaración del lunes, Roca se cerró en banda y rechazó cualquier trato de favor urbanístico a cambio de las “gratificaciones” a los concejales.

A favor del exasesor cuenta que en unos 60 casos de prevaricación urbanística cometidos en el Ayuntamiento de Marbella durante los años del gilismo, su acusación fue archivada al entender los jueces que no era el encargado de otorgar las licencias. En contra puede tener la declaración que hagan los promotores durante el juicio. Muchos de ellos se enfrentan a peticiones de penas de cárcel superiores a dos años, que implican ingreso efectivo en prisión, y puede interesarles aceptar que los pagos a Roca tenían por objeto conseguir un trato urbanístico favorable a cambio de una rebaja en la condena. Lo único que está claro es que la vista oral ha entrado en su fase decisiva.

Lo que no ha cambiado en las 105 jornadas de juicio transcurridas desde el 27 de septiembre de 2010 —en la cuenta se incluyen los días dedicados al estudio de las llamadas cuestiones previas— es el carácter desafiante de Roca. El exasesor ha insistido en su estrategia de derivar la responsabilidad de los desmanes en el Ayuntamiento de Marbella a tres personajes con escasa capacidad para rebatirle. El primero es el fallecido alcalde Jesús Gil, quien, según Roca, “decidía absolutamente todo en materia de obras, economía y urbanismo” en el Consistorio.

El segundo aludido por Roca es el que fuera hombre de confianza de Gil en sus primeros tiempos al frente del consistorio, el abogado José Luis Sierra —aquejado de una enfermedad degenerativa. Finalmente, Roca citó al el exedil andalucista Carlos Férnández, huido de la justicia. Según Roca, fue este concejal quien ideó que los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos municipales tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz en agosto de 2003 percibieran el doble de dinero en sobornos que los concejales rasos”.

Al final de cada sesión del juicio es habitual que algún otro procesado se acerque a saludar a Roca antes de que este sea trasladado de vuelta a la cárcel de Alhaurín. Curiosamente, el único que se acercó, muy afectuoso, el pasado lunes fue su antiguo enemigo Julián Muñoz.