EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

La meta de déficit se aleja

El nuevo Gobierno tendrá la tentación de cargar las tintas en las cifras de 2011

El deterioro de las cuentas públicas.
El deterioro de las cuentas públicas.EL PAÍS

España se encamina inexorablemente hacia un incumplimiento que puede salirle caro: la meta de déficit público que comprometió ante Bruselas para 2011. El frenazo de los ingresos públicos conocido esta semana y, sobre todo, la certeza de que las comunidades cerrarán el año con desequilibrios muy superiores a lo previsto, convierten en ilusoria la cifra del 6% del PIB que el propio Gobierno ha situado como termómetro de la credibilidad española. A la incertidumbre sobre los datos se une la política. Porque el encargado de cerrar y comunicar a la opinión pública el porcentaje que aguardan los mercados será el Ejecutivo que surja de las elecciones del 20-N. Las tentaciones partidistas resultan inevitables, aunque los expertos confían en que prime la cordura.

El Gobierno lleva meses escarbando entre las piedras para encontrar márgenes que compensen las desviaciones de otras administraciones. De momento dice haber hallado 4.000 millones de euros que pudieran mitigar otros incumplimientos. Pero ese colchón no bastará para neutralizar esas otras desviaciones. Porque las comunidades rebasarán su objetivo (1,3% del PIB) por mucho más de cuatro décimas y es posible, además, que tampoco la Seguridad Social mantenga las cuatro décimas de superávit que tenía asignadas.

Los gestores de las cuentas públicas lo saben y por eso es probable que el Ministerio de Economía se guarde algún otro as en la manga. El problema reside en que el empeoramiento de los ingresos hasta septiembre amenaza con agotar parte de ese margen en la propia Administración central. Eso obligaría a adoptar medidas adicionales, pese a que el Gobierno públicamente las descarta.

El suspense sobre el cierre se mantendrá hasta el final

El Ministerio de Economía ha dejado de poner la mano en el fuego al pronunciarse sobre el cumplimiento estricto del objetivo de déficit. De la holgura que mostraban las cifras en la primera parte del año, los desequilibrios públicos han pasado a poner en aprietos a quienes dan la cara cada mes para informar sobre su marcha. El Gobierno ha decidido no dar el más mínimo crédito a la posibilidad de incumplir, pero tampoco defiende ya con la rotundidad de antes la sacralizada cifra del 6% del PIB.

Lo cierto es que el Estado aún no se ha desviado de lo previsto, pero va muy ajustado. Para lograr lo prometido, los ingresos de este año deberían subir alrededor del 2% respecto a la recaudación real de 2010. Ese ritmo, que se cumplía holgadamente en la primera parte del año, se ha desacelerado al 0,8% hasta septiembre. En cuanto a los gastos, la caída respecto a 2010 debería ser del 16%, una cifra mejorada por la ejecución hasta septiembre, con casi el 20% de recorte.

Las cifras demuestran que el suspense sobre si la Administración central será capaz de alcanzar la meta durará hasta el final. El de las comunidades está ya despejado: no cumplirán y la duda estriba en cuánto se desviarán. Antes de noviembre, estas administraciones deberán haber enviado a Economía sus datos de déficit hasta septiembre, lo que dará una idea más ajustada del problema.

Los responsables de Hacienda dejarán encauzadas las cuentas hasta casi final de año, cuando se incorpore el próximo Ejecutivo. De él dependerá el cierre, que se conocerá probablemente en febrero. Si el Partido Popular gana las elecciones, como pronostican todas las encuestas, la tentación de concentrar el mayor déficit posible este año y dejar más expedito el ejercicio 2012, que gestionarán ellos en exclusiva, es innegable. Así ha ocurrido en algunas comunidades que cambiaron de signo tras las elecciones del 22 de mayo, con Castilla-La Mancha a la cabeza. No obstante, los desplazamientos de ingresos y gastos a voluntad resultan más sencillos entre trimestres de un mismo ejercicio. El salto de un año a otro es más complejo, aunque no imposible.

Así, por ejemplo, los ministerios con mayor capacidad inversora (Fomento y Medio Ambiente) pueden pedir a los contratistas un pequeño retraso en emitir la factura por un trabajo realizado. Aunque no sea muy elevada, la demora no puede resultar crucial. Porque la diferencia entre emitir la certificación en diciembre o en enero supone cargar un gasto mayor al año 2011 —y ahondar el déficit— o dejarlo ya para 2012.

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Los expertos advierten contra esa práctica por los efectos que pueda tener sobre la credibilidad española, aunque admiten que hay cierto margen para hacerlo. “El margen está en sacar facturas de los cajones, que es lo que se ha hecho en algunas comunidades, aunque la Administración central, en proporción, tiene mucho menos margen para eso”, explica Jesús Ruiz-Huerta, ex director del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Economía, en la primera legislatura del PSOE.

Este experto, catedrático de Hacienda pública en la Universidad Rey Juan Carlos, invoca el ejemplo de Grecia para advertir del peligro de manipular datos por intereses políticos. “No creo que les interese [a los próximos gobernantes]. La batalla está en aproximarse lo más posible a esa meta del 6%”, reflexiona. También con Grecia como precedente, el catedrático Juan José Rubio, antecesor en el cargo de Ruiz-Huerta, alerta: “Tenemos que ser muy precavidos respecto a posibles déficit ocultos. Nos estamos jugando la credibilidad en un momento en que los mercados nos miran con lupa”.

Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales, añade otro riesgo sobre alterar las cuentas en la recta final del año. “No creo que el Gobierno que salga de las elecciones esté dispuesto a jugar con las cifras porque no sería creíble: hasta noviembre, el Estado va cumpliendo el objetivo y de repente en diciembre no. Sería raro y difícil de argumentar”, sugiere.

Sobre la firma

Lucía Abellán

La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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