Nacionalismo neoliberal

Con el señuelo del “pacto fiscal” y la “transición nacional”, términos cuya traducción práctica se desconoce, el Gobierno de Artur Mas está aplicando en Cataluña una política de clara orientación neoliberal. La Generalitat argumenta que la contención del gasto obliga a estos recortes. Pero lo cierto es que las tijeras del Gobierno catalán tocan sobre todo en Sanidad la médula del Estado de Bienestar. Cataluña vuelve a ser vanguardia de lo que en breve puede generalizarse al conjunto de las autonomías y de España.

En consonancia con esta política el Departamento de Salud tiene en sus manos un documento — La Gobernanza del Instituto Catalán de la Salud (ICS)— en el que se proyecta trocear los ochos hospitales, 285 centros de atención primaria del ente público y otros equipamientos, creando una veintena de sociedades de gestión capaces de autosostenerse vía beneficios mediante acuerdos de todo tipo, incluso accionariales, con el sector privado. Este es uno de los objetivos que plantea el documento y que supone la desmembración del ICS, la mayor empresa pública catalana, con cerca de 400 centros sanitarios y más de 40.000 trabajadores, y auténtica ‘casa madre’ de la sanidad catalana.

Nada que objetar si CiU hubiera legitimado en las urnas un programa de claro corte neoliberal. Pero no fue así. Los nacionalistas han preferido embozarse ante su electorado tras la afamada fórmula magistral de la defensa del Estado del Bienestar. Artur Mas ha sido muy escrupuloso a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones — “está en nuestro programa”— y muy laxo cuando su Gabinete ha aplicado las tijeras.

La propuesta sanitaria catalana dejaría funcionar a los hospitales con plena autonomía, buscar nuevas vías de financiación y ofrecer sus servicios también a clientes privados. Estos criterios en su máximo desarrollo permitirían que los pacientes de pago sean operados antes que los de la sanidad pública en hospitales construidos y equipados con dinero de todos.

En vísperas electorales, los partidos rehúyen términos como impuestos o copago. En España, de hecho, no se ha abierto un debate serio, más allá de la habitual demagogia. Y en la actual situación de crisis es inaplazable, si pretendemos que el sistema público no se limite a prestar la atención sin coste para el paciente. Porque lo exigible es un sistema de calidad, de servicio público y que resuelva las necesidades de los ciudadanos en unos plazos de tiempo razonables.

La incertidumbre que genera la crisis y la falta de acuerdo en las asuntos esenciales son terreno abonado sobre el que germinan planes que, a modo de agenda oculta, amenazan la esencia de un sistema universal, gratuito y de calidad. La Generalitat no puede limitarse a negar lo que está escrito en un documento con membrete oficial. La opacidad y los tintes neoliberales no inspiran confianza.