Vivir con 246 euros al mes

Jordi y Alicia esperan sentados en la terraza de un bar en Badalona (Barcelona). A la llegada de la periodista, aclaran: “El café que ves aquí y el tabaco lo podemos pagar porque la familia nos ha dejado diez euros”. La pareja vive así —de la solidaridad de su entorno— desde que en junio un cúmulo de circunstancias se alió en su contra: perdieron una ayuda familiar que recibían, les subieron el alquiler y están a la espera de la renta mínima de inserción (RMI), que no les acaba de llegar.

El empeoramiento de la situación económica de muchas familias, pero también de las finanzas de la Generalitat, obligó al nuevo Gobierno catalán de CiU a hacer una revisión de los beneficiarios de la RMI, con el objetivo de reducir su número. En junio se había llegado a cerca de 34.000 expedientes aprobados, copando la partida prevista para este año.

La falta de liquidez ha hecho que nuevos beneficiarios a los que se le ha aprobado la ayuda aún no la hayan cobrado o, como el caso de esta pareja de Badalona, tampoco han recibido el incremento de la RMI, a pesar de tener el visto bueno de la Generalitat.

Alicia Álvarez (35 años) cobra 246 euros de esta ayuda social desde hace 11 años. Nacida en el barrio humilde de San Roque, no logró escapar de la espiral de la miseria y de trabajos puntuales y precarios hasta que fue madre hace una década y se dedica a cuidar sus tres hijos (y espera un cuarto). Jordi Illesca, de 40 años, se dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en la construcción hasta que en 2007 se quedó en el paro. Estuvo dos años cobrando la prestación por desempleo y, cuando se le agotó, la ayuda familiar de 426 euros concedida por el Estado, que dejó de recibir en junio.

Fue entonces cuando solicitaron a la Generalitat que les ampliara la RMI de Alicia para poder subsistir. “La tenemos aprobada, pero todavía no nos han pagado los 640 euros que ahora nos corresponden”, se queja Jordi. Desde hace tres meses, toda la familia subsiste como puede con los 246 euros de la renta mínima.

Las deudas se les han disparado y ya deben tres meses de alquiler del piso, dos recibos del agua (han recibido la amenaza del corte del suministro), 200 euros de los libros del colegio, además de más de 300 euros a familiares. En los últimos meses, Jordi confiesa que ha intensificado su búsqueda de trabajo y se ha sacado el carné de carretillero. Pero no encuentra empleo: “Creo que es por la edad, ya no quieren a nadie con 40 años”, se lamenta. Confiesa sentirse “impotente” por la situación y reclama que se le pague la ayuda “a la que tenemos derecho”. Entiende la reforma hecha por la Generalitat para controlar el fraude, pero se lamenta. “Estamos pagando los que no tenemos culpa”.