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El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley del aranés

El alto tribunal acepta el recurso del Gobierno en contra de que el aranés sea lengua preferente

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra cuatro artículos de la Ley del Occitano, que aprobó el año pasado el Parlament catalán y que reconoce que el aranés es la lengua de "uso preferente" en la comarca de la Val d'Aran. Según ha informado el tribunal en un comunicado, la admisión del recurso de inconstitucionalidad suspende la vigencia de los preceptos impugnados porque el Gobierno ha invocado la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que obliga al tribunal a pronunciarse sobre esta suspensión en un plazo de cinco meses.

El Gobierno ha recurrido los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5 de la Ley 35/2010 de 1 de octubre del occitano. El Síndic de Aran, Carlos Barrera, advirtió en julio que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno representa un ataque no sólo a la lengua propia de la Val d'Arán, sino también "a Cataluña y sus instituciones". Barrera, de Convergència Democràtica Aranesa-Partit Nacionalista Aranès (CDA-PNA), lamentó entonces la decisión del Consejo de Ministros de interponer un recurso contra varios artículos de la Ley del Occitano, que convierte el aranés en la lengua de "uso preferente" en el valle pirenaico de Arán.

El Parlament aprobó esta ley, que reconoce una reivindicación histórica de los habitantes de la Val d'Aran, el año pasado con 117 votos a favor y 17 en contra. Barrera recordó que cuando se aprobó el Estatut de Cataluña el aranés, nombre que se le da al occitano en la Val d'Aran, recibió el reconocimiento de lengua oficial en Cataluña, junto al catalán y al castellano. El Síndic lamentó, en cambio, que el Estado "nunca ha jugado a favor" del aranés, una lengua que ha "ignorado" durante mucho tiempo, olvidándose, señala Barrera, de que el occitano debe figurar también como una lengua oficial en España, además del castellano, el catalán, el gallego y el vasco.

La ley del aranés reconoce, protege y promueve esta lengua, regula su oficialidad en todo el territorio catalán y su uso en las instituciones propias del Val d'Aran y prevé la creación del Instituto de Estudios Araneses, un organismo independiente que se encargará de fijar las reglas. La ley establece que el Consejo General del Aran, los Ayuntamientos de este valle pirenaico y la Generalitat de Cataluña tendrán que utilizar esta lengua en las relaciones con los ciudadanos araneses.

El aranés, de hecho, será lengua de uso "preferente" en todas las instituciones aranesas, así como en los medios de comunicación, las escuelas y la toponimia de la comarca. Precisamente esta referencia al uso "preferente" de la lengua fue lo que esgrimieron el Partido Popular (PP) y Ciudadabos (C's) como máximo argumento para posicionarse en contra de la ley.