El Gobierno intenta evitar la rebelión del PP contra el impuesto de patrimonio

Varias autonomías del PP, a las que se sumó Cataluña, en manos de CiU, salieron ayer en tromba a anunciar que no cobrarán el impuesto de patrimonio que quiere reimplantar el Gobierno, lo que aparentemente dejaría en nada la propuesta estrella de Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer más equitativo el reparto de los sacrificios que impone la crisis. Sin embargo, esta decisión política, de llevarse finalmente a cabo, no será gratis. Las autonomías rebeldes tendrán que asumir el coste político de hacer un agujero en sus cuentas en plena crisis económica, ya que perderán la compensación que tienen del Estado precisamente por haber dejado de ingresar ese dinero.

Cuando el Gobierno eliminó el impuesto, en 2008, las autonomías del PP, que lo cobraban, exigieron una compensación, a pesar de que habían pedido su eliminación. Tanto, que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero compitieron en 2008 para ver quién prometía con más fuerza que lo eliminaría. Desde entonces, el Estado ingresa a las autonomías cada año una cantidad fija que se paga en concepto de “compensación estatal por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio”. Son 2.097 millones de euros, la última recaudación. A pesar de la caída de la economía, el Estado no ha bajado esa cifra. Si se recupera el impuesto, las autonomías, en buena lógica, dejarán de percibir esa compensación. Y si se niegan a cobrarlo, perderán ese dinero. Aunque no perderían esos 2.097 millones, sino bastante menos.

La recuperación del impuesto se hará subiendo mucho el mínimo exento para evitar gravar a las llamadas clases medias, una de las principales críticas al impuesto y la justificación para eliminarlo que utilizó Zapatero. Eso hará que se graven realmente los grandes patrimonios. Si hasta que se quitó en 2007 el mínimo exento estaba en 120.000 euros, excluidas hipotecas y la vivienda habitual —esto es, gravaba a alguien que tuviera, por ejemplo, una segunda residencia sin cargas hipotecarias con ese valor catastral o ese dinero en acciones de bolsa—, ahora se subirá ese mínimo en torno a un millón de euros, con lo que se asegura que solo entran patrimonios muy grandes. La cifra no está clara aún. Se está afinando.

El 90% de los que pagaban este impuesto —casi un millón de personas— tenían menos de 1,5 millones de patrimonio. Sin embargo, los contribuyentes más ricos, entre 1,5 y 6 millones —y que también han dejado de pagar— aportaban 823 millones de euros, casi la mitad de la recaudación total.

En cualquier caso, el impuesto recaudará menos que antes. El candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, principal impulsor de esta iniciativa, a pesar de estar ya fuera del Gobierno, ha cifrado en 1.400 millones el dinero que se ingresará. Son casi 700 millones menos que con el anterior impuesto, aunque es una cifra importante —1.500 supuso la congelación de pensiones de 2011—. Es posible que el Estado compense a las autonomías por esa pérdida de recaudación, pero en ningún caso les dará un dinero que corresponde al impuesto —los 1.400— si insisten en no cobrarlo. Aún así, la tensión reflejada ayer con la salida en tromba de las autonomías del PP —salvo Extremadura, donde José Antonio Monago, que gobierna gracias a la abstención de IU, sí lo aplicará— abre una larga batalla política en la que será el nuevo Gobierno surgido del 20-N quien finalmente decida cómo resolver. Con una caída supuesta del 33% de la recaudación, Madrid por ejemplo perdería, si se negara a aplicarlo, 420 millones de euros anuales, y Cataluña 360.

Estas dos autonomías son las que más ingresos perciben como compensación de lo que recaudaban por el impuesto de patrimonio. Otras a las que les llega un volumen importante por ese asunto y que aseguraron ayer que no piensan implantarlo son la Comunidad Valenciana (215 millones anuales), Galicia (81) o Castilla y León (82). Castilla-La Mancha, con graves problemas financieros, ingresa 42 millones de euros por este concepto, aproximadamente el coste anual de su televisión autonómica, que el PP quiere privatizar. Andalucía, cuyo Gobierno socialista sí quiere aplicar el impuesto, obtiene 162 millones del Estado por este concepto.

Rajoy señaló ayer que está en contra de recuperar ese impuesto, y todas sus autonomías siguieron su estela. “No estoy a favor de eso. Es absurdo quitar el Impuesto de Patrimonio y un año después, porque hay elecciones y creen que con eso a lo mejor pueden conseguir más votos, ponerlo de nuevo. Supone gravar dos veces, por el mero hecho de trabajar y de ahorrar”, sentenció.

Sin embargo, los debates dentro del PP contemplan la posibilidad de mantener el tributo si el PSOE asume el coste de reimplantarlo, dada la necesidad de ingresos. Es algo similar a lo que sucede con el IVA. El PP criticó su subida del 16% al 18% y puso en marcha una campaña, pero nadie se plantea ahora que Rajoy lo reduzca de nuevo cuando llegue al Gobierno.